Contacto

×
  • +54 343 4178845

  • bcuadra@examedia.com.ar

  • Entre Ríos, Argentina

  • Fallo histórico: la Justicia argentina ordenó la detención y captura internacional de Maduro y otros jerarcas del chavismo

    Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com

    Fecha: 24/09/2024 05:58

    Es uno de los impulsores junto al hoy ministro de Seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en la Argentina contra Maduro y los jerarcas chavistas que permitió activar la investigación sobre la que fallaron este lunes los jueces. Ahora esperan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional. De hecho, Farini Duggan afirmó que esta carpeta será presentada ante la Corte Penal Internacional con el objeto de que en el proceso que se sigue allí también se disponga la captura de los imputados. Con respecto a los pedidos a Interpol, Farini Duggan dijo que era de esperar que Venezuela se oponga a las anotaciones sobre la base de la Convención de Viena y las inmunidades que de allí resultan para mandatarios extranjeros, pero existen antecedentes donde interpol anotó las alertas a pesar de que los imputados integraban gobiernos , como en el caso de la causa AMIA respecto de los iraníes imputados, quienes se encontraban en importantes cargos del Gobierno Persa. Sostiene que en este caso no se podría desconocer que Maduro usurpa el poder, pues habiendo perdido las elecciones se ha negado a reconocerlo conformando así una dictadura cívico militar. La Cámara Federal porteña había ordenado el 6 de abril pasado reabrir la investigación contra el gobierno de Maduro y ya entonces, tanto Llorens como Bruglia y Bertuzzi consideraron que era imprescindible contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano”. Le pidió a Stornelli que investigara “con celeridad”. Por su parte Llorens planteó que debían tomarse “medidas cautelares urgentes” y que, por lo tanto, había que ordenar la “captura inmediata” de los acusados. En esa orden del 6 de abril la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, indicó: “corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”. Y a partir de ahí se ordenaron las audiencias con las víctimas venezolanas, representantes del FADD mientras que la Fiscalía terminó solicitando recientemente los arrestos. Los testimonios de mayor impacto fueron los de seis venezolanos, uno de los cuales fue fiscal en su país. Días atrás, cuando en la audiencia por la que la Fiscalía pidió la captura de la cúpula del régimen se hicieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en nombre del Gobierno Nacional, Wolff, y figuras del PRO que siempre impulsaron la causa como el diputado Fernando Iglesias y Jimena de la Torre, miembro del Consejo de la Magistratura. “Es un logro de las víctimas, que con mucho coraje han dado sus testimonios y persisten en la búsqueda de esa justicia que ha sido denegada en Venezuela, para que de una vez por todas los perpetradores paguen por los crímenes cometidos,”, dijo a este diario la secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), Elisa Trotta, para quien, la decisión de la Justicia argentina también envía un fuerte mensaje a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. “Ya es la hora de actuar y tomar las medidas que corresponden para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela,” agregó. Pedido de detención de Javier Milei Afín al régimen de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó la captura del presidente Javier Milei, así como también de su hermana y Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El tribunal chavista se hizo eco del pedido del Ministerio Público venezolano, que preside el fiscal general Tarek William Saab, fue quien anunció la semana pasada el inicio de los trámites al incluir cargos como robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, e interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil entre otros. La decisión de la justicia chavista es por la incautación por parte de los Estados Unidos, de un avión venezolano-iraní que se encontraba detenido en la Argentina. La aeronave de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo quedó inmovilizada en junio de 2022 en Buenos Aires, con 19 tripulantes venezolanos e iraníes que fueron detenidos por supuesto vínculo con el terrorismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclamó la aeronave por sospechas de que servía para operaciones encubiertas en la región. El fiscal Saab había adelantado el miércoles pasado que Milei “se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio” y habló de la posibilidad de acusar al mandatario argentino de presuntos crímenes de lesa humanidad por los “ataques”, dijo, contra jubilados y jóvenes durante las manifestaciones contra el Gobierno. El viernes último, desde la Casa Rosada señalaron que al Gobierno no le importa “nada” las “pavadas” que diga el Ejecutivo “dictatorial” de Venezuela sobre Milei. Breve historia de una larga causa contra Maduro En enero de 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández se aprestaba a recibir a los líderes de las tres dictaduras regionales para la cumbre presidencial de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe (Celac), el ahora llamado Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) -que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos- presentó ante la justicia argentina una denuncia penal contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entonces considerando los aportes del Foro Democracia Regional, promovió ante la Justicia la denuncia de las víctimas de graves abusos, para evaluar la responsabilidad penal no sólo de Nicolás Maduro Moro, sino también de José Daniel Ortega Saavedra, y de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez “por presuntos crímenes internacionales en exclusivo caso que están sujetos a la jurisdicción universal, a la luz de las obligaciones de Argentina conforme al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. En junio de ese año, apareció la Fundación Clooney para la Justicia presentando otra denuncia ante la Justicia federal de Argentina. La ONG del reconocido actor estadounidense pidió se investigaran las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. Y entonces presentó dos casos particulares de violencia indiscriminada y homicidio. La fiscalía de Stornelli tomó las denuncias y para febrero de este año FADD presentó una ampliación de la denuncia original que incluía, entre otros otros la detención de Rocío San Miguel, periodista y defensora de derechos humanos, detenida por agentes del SEBIN (el Servicio Bolivariano de Inteligencia) en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Caracas cuando estaba por salir de viaje con su hija. Desde entonces encerrada, bajo desaparición forzada en el centro de torturas El Helicoide. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri había presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad de Maduro apelando a los mismos principios de justicia universal. Por lo que en su momento, el fiscal Gerardo Pollicita decidió que no correspondía avanzar en denuncias existiendo esa otra y el juez Sebastián Ramos archivó las actuaciones, y ordenó remitir el expediente a la Corte Penal Internacional. Por eso otro grupo de víctimas apeló a la decisión sosteniendo que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación”.

    Ver noticia original

    También te puede interesar

  • Examedia © 2024

    Desarrollado por