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» El Ciudadano
Fecha: 23/06/2024 13:44
La jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrechena da su visión sobre la propuesta de algunos sectores de bajar de la edad de imputabilidad, el traspaso del fuero penal juvenil al sistema acusatorio y algunos datos estadísticos sobre hechos delictivos donde hay menores no punibles involucrados Este año se cumplen tres décadas desde que se incorporó la Convención de los Derechos del Niño al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional como uno de los 10 tratados internacionales de derechos humanos. Lo recordó la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena al opinar sobre la discusión acerca de eventual sanción de una ley que baje la edad de responsabilidad penal, la reforma penal juvenil, su puesta en marcha para el año 2025 y el reclamo de respuestas punitivistas ante el incremento de la violencia. En cuanto a la propuesta de algunos sectores de bajar la edad de imputabilidad penal dijo la magistrada en diálogo con El Ciudadano: “Nos encontramos con estas ironías”. Y de inmediato completó: “Estas iniciativas no responden a los lineamientos internacionales, sabemos que son simplemente estrategias efectistas por parte de la dirigencia política, que este tipo de estrategias en nada va a resolver o disminuir las tasas de criminalidad o de delitos”. Y para ejemplificar el tema la jueza se refirió a algunas estadísticas, entre ellas la realizada desde la Base General de Datos que es una oficina dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta dependencia hace un monitoreo del total de causas tramitadas en la justicia nacional de menores. Números Según el censo del 2022, en la ciudad de Buenos Aires (Caba) son más de 3 millones de habitantes sin contar las personas que se desplazan diariamente desde el resto del Amba (área metropolitana), y un informe estadístico del 2023 emitido por la Base General de Datos refirió que el total de causas penales iniciadas que involucran a menores fue de 2.197. De esas causas, 83 fueron por delitos contra la propiedad y 17 por otro tipos de delitos. “Hubo un aumento del 7,9 por ciento en relación con 2022, pero estamos hablando de 2.197 causas en más de 3 millones de habitantes y la mayoría son delitos contra la propiedad. Hechos cometidos por algo más de 1.700 chicos”, refirió. Y agregó, de los tres millones de habitantes de Caba, 700 sufrieron algún delito cometido por chicos menores de 16 años, de los cuales el 83 por ciento fueron delitos contra la propiedad. Respecto de Santa Fe, Aguirre Guarrochena explicó: “Lamentablemente no tenemos estadísticas oficiales, algo se había hecho en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, aunque no pudieron acceder a toda la información necesaria para hacer una estadística completa. Creo que es la grave deuda que tiene la provincia con la infancia porque no hay estadísticas sistemáticas”. Independientemente de esta situación, en su juzgado hizo un relevamiento en causas cometidas por chicos no punibles. La magistrada decidió llevar un registro por tipos de casos: homicidios con armas de fuego, abusos sexuales, violencia de género, reiterancia, etcétera. “Desde noviembre del 2021 hasta septiembre del 2023 tuve 63 casos”, describió, para de inmediato recordar que la competencia territorial que tiene es desde Granadero Baigorria a Villa Gobernador Gálvez, y hasta Cañada de Gómez. “Es decir que estamos hablando de una base poblacional importante”, refirió. “Esta base de 63 casos en dos años hay que multiplicarlos por 4 juzgados de menores”, aclaró. “Cada uno de estos hechos son graves pero, a nivel estadístico y a los fines de formular política criminal, estos delitos no son significativos”, evaluó. Mayores que delinquen con menores En cuanto a los hechos delictivos donde mayores involucran a menores, y son sometidos a procesos distintos, la jueza refirió: “Esa cuestión tiene dos miradas: por un lado la cuestión procesal y por el otro el uso de los chicos por parte de mayores. Del punto de vista procesal, la concurrencia de personas menores y mayores de 18 años en un mismo hecho genera doble investigación, pero la tensión se produce mucho más a partir del 2014, porque son distintos los sistemas procesales vigentes”. “Esto genera un verdadero problema porque el sistema procesal que todavía existe respecto de las personas menores de edad es mucho más severo y mucho menos flexible que el sistema procesal acusatorio que inspira al proceso penal de adultos”, añadió. En cuanto a la participación de menores en delitos cometidos en contextos de banda, la magistrada dijo que no hay que perder de vista que estos chicos son doblemente víctimas. Por un lado, de estas bandas que los reclutan y por el otro del Estado. “Son víctimas de las banda porque estos chicos son colocados en los lugares más visibles de la organización, donde son fácilmente captados por el poder punitivo o eventualmente donde sufren las consecuencias más letales de esos enfrentamientos de grupos, en los últimos eslabones, en los más visibles, en los más riesgosos de las organizaciones”, explicó. “Pero también del Estado, que no solamente estuvo ausente durante prácticamente todas sus vidas, no les ofreció espacios donde desarrollar un proyecto de vida personal, generar ciudadanía. Simplemente ahora va a responder con el último recurso que tiene que es el punitivo o represivo”, amplió. “Obviamente si a estos chicos que son reclutados por bandas criminales se les ofrecieran otros espacios donde pudieran generar otras identificaciones, por ejemplo un club de fútbol u otro deporte, etcétera, muchos de ellos podrían generar identificaciones positivas, nada más que no las tienen”, redondeó Aguirre Guarrochena. Consecuencias ¿Cuáles son las consecuencias sociales respecto de la baja de imputabilidad? “Por un lado quiero hablar de cuál es la pretensión o el reclamo punitivo de la sociedad. La dirigencia política ofrece la baja de la edad de inimputabilidad haciendo un análisis simplista de los que es el delito. Existen muchísimos delitos, muchos que no van a ser captados nunca por el poder punitivo que tienen enormes niveles de daño, enormes extensiones de víctimas. Pensemos en el narcotráfico, trata de personas, delitos económicos, ecológicos. Hay un montón de delitos, pero esos no son los que generan agenda. Normalmente, los que generan agenda son los delitos contra la vida y la propiedad”, ejemplicó. Explicó la magistrada respecto de estos delitos: “Sucede que, en algún caso concreto, aislado y con determinadas características para que se transformen en mediáticos (morbo, dolor, espectacularidad, tragedia, normalmente son hechos de homicidios) y que generan agenda, se monta una estrategia comunicacional, tanto mediática como política, que propone reducir la edad de la responsabilidad penal porque el poder punitivo siempre, desde que existe, ha recurrido a discursos de emergencia. Es lo que genera un clamor social de mayor punibilidad en perjuicio de las garantías ciudadanas”. “La opinión pública se desespera reclamando que el poder punitivo venga a resolver los problemas, esos que forman el discurso de emergencia reduciendo las garantías de los ciudadanos. Esto es desde la época de las brujas, las leyes de vagos y mal entretenidos, los drogadictos, las prostitutas. Siempre hubo colectivos que han generado un clamor social, hoy en día es el tema de los menores”, graficó. “Esos discursos que se montan para hacer creer que el poder punitivo va a resolver todos los problemas son en realidad discursos efectivas, maniqueos porque el fenómeno del delito es mucho más complejo y más amplio, pero aún en este pequeño segmento que estamos tratando de analizar intervienen muchos otros factores. No sólo la edad de las personas, interfieren las necesidades básicas insatisfechas, las fallas del sistema educativo, la falta de oportunidades reales, la desigualdad en el ingreso de la población, el acceso a armas, la permeabilidad que tienen los distintos estamentos públicos para ser captados por la corrupción”, siguió la magistrada de Menores. “Interfieren muchísimos factores, la edad es uno de esos factores. Entonces esto me lleva a la otra parte de la respuesta. ¿Qué pasaría si se baja la edad de inimputabilidad? No pasaría prácticamente nada, porque los otros factores que no se están tocando van a seguir funcionando. A lo sumo tendremos 60 chicos más presos, pero el delito va a seguir funcionando porque, hasta tanto no se implemente una política criminal integral que apunte a todos los delitos, y aún suponiendo que queramos pensar sólo en los delitos contra la vida y la propiedad, si no pensamos en una estrategia política pública que sea integral y abarque a todos estos factores que influyen no vamos a tener ningún resultado”, evaluó. Sistema procesal penal juvenil ¿Cómo funcionan los Juzgados de Menores, qué tipo de procedimientos se aplican y cómo se implementa la reforma que se aprobó en la materia? “En relación los Juzgados de Menores intervienen en todos los casos cometidos por chicos menores de 18 años con distintos tipos de procedimientos. Esos procedimientos son de un tipo desde 0 a 16 y de 16 a 18 es otro, siempre que tengan un conflicto con la ley penal, eso va a tramitar por un juzgado de menores”, refirió. “Luego del impacto de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se comenzó a dar intervención a los organismos administrativos de promoción de derechos para que sean ellos los que resuelvan la situación de esos chicos no punibles; no obstante el juzgado se mantiene y continúa esas causa específicamente en lo que tiene que ver en la materialidad del delito”, aseveró. “Quiero aclarar que el tránsito del sistema procesal que tenemos actualmente en materia penal adolescente a un sistema acusatorio es pura ganancia, porque está claro que el sistema acusatorio es la opción constitucional. No cabe duda que, el paso de este viejo sistema inquisitivo a acusatorio es efectivo, sólo que hasta el momento actual no se están haciendo capacitaciones, al menos nosotros no estamos enterados que haya algún tipo de apronte o preparación, cómo será la transición, cómo van a pasar las causas, la verdad que aún no fuimos informados de cómo se va a implementar”, dijo Aguirre Guarrochena. Especialización Respecto de la materia es particular, ¿se conoce si tras el paso al sistema acusatorio va a ver especialización en la materia? “Que yo sepa lamentablemente no está garantizada la especialidad, ni por parte de la acusación ni de la defensa, y creo que este es un muy buen punto porque la justicia penal adolescente es una especialidad y, como lo mencionás, existen muchísimas normativas internacionales en esta área. No solamente hay normas específicas sino de trato específico por ejemplo: los lugares de alojamiento, los modos como deberían cumplirse las medidas cautelares, como deberían realizarse las audiencias”, describió, y a continuación desglosó: “Si esos procesos no respetan la especialidad, por más que pongamos un cartelito o tratemos de disfrazar que es un pabellón juvenil y no va acompañado por una serie de estrategias específicas para adolescente esto no va a cumplir con la convención”. “Es muy preocupante que los actuales defensores, que ya tienen una capacitación en la especialidad penal adolescente pasen al nuevo sistema no sólo perdiendo la especialidad, porque pasarían a estar a disposición del MPA, sino que además se los trasladaría un organismo acusador. Me parece que eso genera una desigualdad de armas respecto al Servicio Público de la Defensa Penal innecesaria, porque recordemos que el 99 por ciento de los adolescentes que transitan los procesos penales recurren a la defensa pública. Me parece que es un desguace de la defensa pública totalmente injustificado que no se compadece con la realidad cotidiana”, cerró la magistrada.
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