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Fecha: 23/06/2024 07:44
En las últimas horas, dejaron trascender desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) que a lo largo del mes de junio, autoridades de la cartera han realizado un análisis exhaustivo sobre diversos informes que han resultado del trabajo de sus diferentes áreas. Tras el estudio de estos informes, desde el CPE se han tomado algunas decisiones, las cuales, en principio, hacen eje en la ejecución de sumarios administrativos hacia adentro de la cartera educativa, y, por otro lado, se ha decidido dar intervención a la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz, para que evalúe las medidas judiciales que considere pertinentes. Según adelantaron desde el CPE, “el lapso observado abarca distintos años de la gestión anterior, culminada el 10 de diciembre del año pasado con el cambio de autoridades del Poder Ejecutivo Provincial. Con fecha 4 y 12 de junio se realizaron dos presentaciones en las que informó lo investigado respecto de media docena de programas, cuyas partidas presupuestarias son provenientes de los denominados Fondos Nacionales. Estos fondos son partidas específicas de dinero que el Ministerio de Educación de la Nación envía año tras año a las provincias. Las posibles inconsistencias en la rendición de estas partidas superarían los 100 millones de pesos”. Por otro lado, informaron que “se puso bajo la lupa, y llevó largos meses de trabajo, lo referido a cuestiones de índole pedagógica y administrativa. Por un lado, se encontraron cursos sin el respectivo plan de estudios aprobado. Por otra parte, se detectaron una serie de omisiones de trámites para gestionar la validez nacional de los títulos, tanto en carreras de educación secundaria (obligatoria) como así también de formación superior. En el caso de los estudios superiores, se trata de carreras que se dictaron en institutos de educación superior que están bajo la órbita del propio Consejo”. Es importante señalar que aseguraron que se regularizaron todos los trámites pertinentes a nivel nacional, dándole prioridad en carácter de urgente. “Con relación a esta nueva presentación, el Consejo requiere la intervención de Fiscalía de Estado para que evalúe las medidas judiciales a adoptar”, resaltaron.
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