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Fecha: 16/06/2024 05:01
Fueron 25 años de espera, pero finalmente los integrantes de Memoria Activa leyeron en una sentencia lo que vienen denunciando desde poco después del 18 de julio de 1994 –cuando una bomba destruyó la sede de la AMIA y las vidas de 85 personas. “En el presente caso quedó establecido que uno de los principales obstáculos para la debida investigación del atentado y del encubrimiento fue la manipulación de información producto de actividades de inteligencia”, sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el fallo que dio a conocer el viernes. En otras palabras, lo que los jueces y las juezas dijeron fue que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hizo todo lo posible para que el peor ataque terrorista que sufrió la Argentina quedara impune. Curiosamente, en la misma semana que se difundió el pronunciamiento del tribunal regional, empezó a circular un rumor: el gobierno de Javier Milei prepara una reforma para desarmar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y fantasea, nostálgico, con volver a nombrarla SIDE. La sentencia de la Corte IDH está centrada en gran parte en lo que hizo la inteligencia argentina frente al atentado –o cómo pudrió la investigación judicial. El primer juez a cargo del caso, Juan José Galeano, involucró a la SIDE rápidamente en la pesquisa. También intervenían áreas de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA), que no tardaron en rivalizar. Que una investigación judicial fuera llevada adelante por agencias de inteligencia implicó que se rigiera por sus reglas. Para entonces, la SIDE se regía por la ley 20.195 (1973), que hacía que toda su actividad y organigrama fuera secreto por razones de seguridad nacional. ¿Cómo se traducía esto para los familiares de las víctimas que esperaban saber qué había pasado? Aunque aguardaran largas horas para acceder al expediente y ver los avances o las líneas de investigación, gran parte de esa documentación les estaba vedada. No podían ver la información clasificada, ni los cientos de legajos reservados en los que se dividía la investigación ni saber qué habían dicho los testigos de identidad reservada. Todo esto configuró un escenario de ocultamiento y de falta de justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) patrocinó a Memoria Activa en su denuncia. Para su directora ejecutiva, Paula Litvachky, la sentencia de la Corte IDH deja tres mensajes centrales sobre el rol de los servicios de inteligencia: la intervención de la SIDE en la investigación del atentado de la AMIA representó un problema serio, lo que refuerza la idea de que los agentes de inteligencia no pueden ser auxiliares de la justicia; se debe regular cómo la información de inteligencia puede ser incorporada como prueba y que no pueden invocarse razones de seguridad nacional para mantener información reservada como secreta cuando se está ante casos de graves violaciones a los derechos humanos. La información del atentado fue secreta desde el día de la bomba hasta 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 395. A partir de entonces, la información pasó a poder de la UFI-AMIA, lo que no implicó que los familiares tuvieran acceso a los documentos. Alberto Fernández amplió el criterio de desclasificación, pero los problemas no se resolvieron. “El acceso a la información desclasificada, su correcto archivo y conservación son elementos esenciales para garantizar el derecho a la verdad”, recordó la Corte IDH. El gobierno del Frente de Todos (FdT) también rompió –a través del decreto 214 de 2020– con la posibilidad de que los agentes de inteligencia trabajaran como auxiliares de jueces y fiscales. También se avanzó en transparentar los fondos que usan los servicios de inteligencia para evitar que pudieran destinarse a fines espurios como sucedió en el caso de la AMIA, cuando la SIDE pagó 400.000 dólares a Carlos Telleldín para incriminar a un grupo de policías bonaerenses. Pero no llegó a traducirse en una reforma legal. En su sentencia, la Corte IDH hizo, además, una serie de consideraciones sobre el marco legal que debe tener la actividad de inteligencia: debe ser preciso, debe definir el contenido de las acciones para evitar su ejercicio arbitrario, debe perseguir un fin legítimo y debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, recordó que tiene que existir un organismo independiente de los servicios y del Poder Ejecutivo para que ejerza el control de la actividad de inteligencia y tenga acceso directo y completo. El organismo encargado de este monitoreo es la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). Pese al reclamo de organizaciones de la sociedad civil y del bloque de diputados de Unión por la Patria (UXP), el cuerpo sigue sin conformarse y, por ende, no hay quien controle lo que pasa en la AFI –que ya va por su segundo interventor en la era Javier Milei. El actual responsable del organismo, Sergio Darío Neiffert, fue designado por su confianza con el asesor Santiago Caputo. Las versiones indican que es el consejero de Milei quien trabaja en una reforma que partiría a la AFI y que podría devolverle el nombre que tuvo durante gran parte del siglo XX, cuando decir SIDE era pensar en el subsuelo de la institucionalidad. Hubo otros retrocesos durante los seis meses que lleva Milei en el poder: la SIDE se llenó de militares retirados en estructuras clave. La vuelta de los militares contrastó con el proceso que se venía dando desde diciembre de 1983, cuando las autoridades democráticas desalojaron a los uniformados que conducían la estructura. Hubo un quiebre en esa tendencia: lo representó el gobierno de Carlos Menem, cuando, a través de su secretario de inteligencia Juan Bautista Yofre --cercano a Milei-- regresó el hombre fuerte del espionaje dictatorial, Carlos Alberto Martínez, a hacerse cargo de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
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