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  • La abogada de Milei con sueldo millonario para ajustar

    » Perfil

    Fecha: 16/06/2024 04:55

    La Dra. Bibiana Lourdes Bianco fue designada como secretaria general de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a partir del 1° de marzo. Su efectivización en el cargo se vio plasmada en el Boletín Oficial el 31 de mayo. Bianco no es una persona cualquiera. Es la abogada del presidente Javier Milei sin ningún antecedente de trabajo en el área. Tal como mostró PERFIL en su versión digital, Bianco es la letrada que representa a Milei en sus causas contra periodistas. Según la información a la que pudo acceder este diario en forma exclusiva, Bianco cobró en el mes de abril en mano la totalidad de $ 2.606.525,26, una cifra mucho mayor a la que cobran los cargos no ejecutivos como el que ocupa la abogada del Presidente, dado que los cargos ejecutivos cobran un “suplemento”, según estipula el convenio sectorial. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite Recibo | En abril Bianco se sumó unidades retributivas para cobrar más de dos millones y medio de pesos. Y es que Bianco percibió dentro de la totalidad de su salario $ 1.523.328,00 bajo el concepto de “unidades retributivas”, las cuales en total fueron 2.400. Además cobró $ 310.860,00 por el concepto de “horas cátedra”, que en total fueron 60. Es decir, $ 1.834.188,00 por encima de su salario. Se trata de una suerte de sobresueldo si se tiene en cuenta que a todos los trabajadores de Andis se les quitaron las URS, las horas cátedras y horas extras. Además, hubo 340 despidos desde que inició la gestión libertaria. Con el plus salarial, Bianco equiparó su salario al de un director nacional. En febrero de este año, la Dirección de Recursos Humanos de la Andis circuló un memo interno en el que señalaban a tono con el “No hay plata” que se les quitaban a los trabajadores del organismo que depende de jefatura de Gabinete cualquier tipo de plus salarial. Los trabajadores de la agencia sufrieron los recortes de horas y sueldos Las unidades retributivas son otorgados de manera discrecional por la persona a cargo de una dependencia, y se estila otorgar 100, 200 o 300 para compensar los bajos salarios, cifras muy por debajo de las 2.400 otorgadas a Bianco. A la ya dudosa, desde el punto de vista ético, designación de la abogada de Milei en un organismo, se suman las URS y las horas extras que cobra, lo que no sucede con otros trabajadores del área. Cabe destacar que el director ejecutivo del organismo es Diego Spagnuolo, el exabogado de Milei, quien por cumplir una función ejecutiva debió suspender su matrícula como letrado. Sin embargo, el cargo que ocupa Bianco le permite seguir ejerciendo como letrada patrocinante de Milei. El escándalo de sobresueldo de la abogada de Milei transcurre mientras el Gobierno pretende avanzar en la desregulación del sistema. En concreto, existe un decreto (el cual no fue puesto en vigencia) que pretende desregular el “nomenclador” con el que los prestadores de servicio cobran a prepagas y a obras sociales aranceles únicos. Con el nomenclador, los prestadores de servicios se garantizan un cobro equitativo ante las prepagas y todas las obras sociales, sean grandes o chicas. La desregulación del sistema podría derivar en un brutal aumento de las prestaciones para las personas con algún tipo de discapacidad. Spagnuolo mantuvo días atrás una reunión con diputados de las Comisión de Discapacidad en la que se comprometió a que el decreto no avance; sin embargo, hay desconfianza. Algunas voces apuntan a Mario Lugones, titular del Sanatorio Güemes, como el ideólogo del decreto que el Gobierno tiene en gateras. Mientras tanto, en el Gobierno señalan que las pensiones por discapacidad crecieron en los últimos veinte años de 79 mil en 2003 a 1.215.000 en 2023 y que el sistema tiene un costo de US$ 3 mil millones, el cual debe ser revisado. Además, señalan que una auditoría realizada sobre 3 mil casos al azar arrojó que el 80% eran pensiones mal otorgadas.

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