Farmacias, transporte marítimo y criptomonedas: la segunda etapa de Sturzenegger para desregular la economía
El Gobierno prepara un nuevo paquete de reformas que elimina o modifica regulaciones vigentes y avanza sobre sectores clave de la economía, con nuevas facultades para el Poder Ejecutivo.
Con el regreso de la actividad legislativa tras el receso invernal, el Gobierno de Javier Milei prepara el envío al Congreso de un nuevo paquete de reformas impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El anteproyecto, de 144 páginas, propone eliminar o modificar normas que regulan sectores como salud, energía, agro, transporte, cultura, mercado inmobiliario y sistema financiero. Además, el Ejecutivo buscará obtener nuevas facultades delegadas para profundizar su programa libertario de liberalización económica.
Este nuevo texto, diseñado por Sturzenegger representa la segunda fase del llamado plan "Hojarasca". El objetivo del oficialismo milieista es "barrer" con aquellas normas que, según ellos, sólo generan sobrecostos, asfixian la competencia o entorpecen el libre funcionamiento de los mercados. Así, el anteproyecto agrupa modificaciones que impactan de lleno en actividades profesionales, el comercio, la salud, la energía, la producción agropecuaria, el transporte, la cultura, el sistema financiero e introduce, además, cambios impositivos y administrativos. Una serie de cambios que realmente afectan la relación comercial, laboral y administrativa del día a día de los ciudadanos argentinos.
La iniciativa propone un repliegue significativo de la intervención del Estado, guiado por un principio transversal: cambiar regulaciones sectoriales específicas por las reglas generales del libre mercado. La idea es que la mayoría de las condiciones comerciales pasen a definirse mediante acuerdos entre privados, sin la intromisión de leyes o disposiciones burocráticas.
Cambios administrativos y nuevas facultades para el Ejecutivo
En el terreno administrativo y fiscal, el borrador elimina la exigencia generalizada de presentar traducciones públicas ante los organismos del Estado, limitándolas solo a casos muy puntuales que defina la autoridad correspondiente. También hay modificaciones en el frente impositivo para las cooperativas: se elimina la exención general del Impuesto a las Ganancias para aquellas que reporten excedentes superiores a los 500 millones de pesos al año. A este combo se le suma la derogación completa del régimen legal que rige las Zonas Francas.
Por último, y quizás lo más relevante a nivel institucional, el borrador incluye un capítulo de alto voltaje político. Busca declarar la emergencia pública en materia administrativa y de competencia por un plazo de seis meses, y pide al Congreso nuevas facultades delegadas. El objetivo de fondo es que el Poder Ejecutivo tenga las manos libres para modificar o directamente derogar aquellas leyes que impongan barreras de ingreso, fijen cupos de producción o establezcan esquemas de control de precios en actividades que no sean consideradas servicios públicos.
Aunque el texto todavía puede sufrir ajustes antes de llegar formalmente a las mesas del Congreso, el proyecto expone sin disimulos cuál es el norte del Gobierno para este segundo semestre: meter el pie en el acelerador de la desregulación económica y caminar decididamente hacia un modelo donde la intervención del Estado en el día a día de los mercados sea, cada vez, una rareza.
Transporte marítimo
En el transporte marítimo, el Gobierno avanza con una de las aperturas más significativas de la reforma. El proyecto permite que barcos con bandera extranjera puedan realizar transporte de cargas y pasajeros entre puertos de Argentina, un mercado (el de cabotaje) que históricamente estuvo reservado de forma exclusiva para embarcaciones nacionales. La exigencia de contar con tripulación argentina se flexibilizará: durante los primeros 90 días no habrá obligación alguna, y luego la cuota nacional irá subiendo progresivamente hasta llegar a un piso del 75% tras un año de operaciones. A esto se suma la eliminación de los aranceles de importación para barcos (nuevos o de hasta 20 años de antigüedad) que decidan operar bajo bandera argentina.
Sistema financiero y criptos
La modernización del sistema financiero es otro de los pilares del proyecto. Por primera vez, se le otorga validez legal a los "contratos inteligentes" (smart contracts) y a la tecnología blockchain para la conformación de garantías reales. También se autoriza de forma explícita el uso de criptomonedas y otros activos virtuales como respaldo para el pago de obligaciones. En paralelo, se propone crear un Sistema Federal de Registro de Garantías, 100% digital e interoperable, con la intención de unificar y agilizar la inscripción de prendas y warrants a nivel nacional.
Estos cambios incluyen la digitalización total de los warrants, instrumentos financieros que permiten utilizar mercaderías almacenadas como garantía para acceder a crédito. La medida habilita su negociación en los mercados avalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y permite incorporar cláusulas de actualización en los pagarés sin afectar su validez para ser ejecutados.
Mercado inmobiliario y servicios profesionales
Uno de los capítulos que más debates va a generar es el que afecta a los servicios profesionales. El proyecto elimina, por ejemplo, el requisito de tener un título universitario para trabajar como corredor inmobiliario o martillero público. De aprobarse, solo bastará con ser mayor de edad y tener el secundario completo. En esa misma línea, se eliminan las normativas que imponen aranceles mínimos, máximos o sugeridos para el cobro de comisiones, dejando que estas cifras se negocien libremente entre las partes. Por si fuera poco, se habilita expresamente el desarrollo de estas actividades a través de plataformas digitales, sentando las bases para un sistema de intermediación totalmente desregulado.
Energía: precios libres para las garrafas
En el sector energético, uno de los cambios con mayor impacto directo en el bolsillo apunta al mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). El Gobierno busca derogar por completo la Ley 26.020, quitándole al Estado la potestad de intervenir en los precios, fijar márgenes de rentabilidad, limitar las cantidades vendidas o establecer cupos de abastecimiento para las garrafas. El rol del Estado quedaría reducido estrictamente a controlar la seguridad técnica de las instalaciones y los productos, retirándose de cualquier tipo de regulación económica sobre el sector.
Cultura, libros y medios audiovisuales
La agenda de cambios también sacude el ámbito cultural y editorial. El proyecto propone derogar la Ley de Precio Uniforme del Libro, una norma con más de veinte años de vigencia, para permitir que cada comercio decida libremente qué descuentos y promociones ofrecer. Con esto, el Gobierno espera desatar una guerra de precios que fomente la competencia entre librerías de barrio, supermercados y las grandes cadenas. Paralelamente, se elimina la obligación de realizar dentro del país el doblaje de películas, series y otros contenidos audiovisuales extranjeros que se emitan por televisión. A su vez, las tareas de promoción editorial, hoy dispersas en varias dependencias, quedarían concentradas bajo el ala de la Secretaría de Cultura.
Salud: cambios en la venta de medicamentos
Los articulos destinados al sistema de salud es, sin dudas, uno de los más delicados. La propuesta abre la puerta para que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse fuera de las farmacias, habilitando su oferta en supermercados, kioscos y otros comercios. Además, da luz verde a la venta digital de medicamentos bajo receta a través de plataformas tecnológicas, permitiendo la entrega a domicilio mediante empresas de logística privadas.
La iniciativa también impone la digitalización obligatoria tanto de las recetas médicas como de los registros de las farmacias, los cuales deberán guardarse por un mínimo de tres años. Como novedad adicional, las droguerías podrían empezar a vender directamente al público, siempre y cuando cumplan con los requisitos formales para constituirse como farmacias, ampliando así las bocas de expendio disponibles.
Agro, carne y vitivinicultura
El campo no escapan al paquete de reformas. En cuanto a los arrendamientos rurales, el proyecto plantea derogar las leyes específicas que rigen la actividad. El objetivo es que estos contratos pasen a regirse únicamente por las normas generales del Código Civil y Comercial, priorizando la libre voluntad de las partes involucradas.
En el mundo del vino, propone un cambio completo del esquema actual: se dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y se recorta fuertemente el poder de acción del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Los controles que hoy son obligatorios para certificar el origen, la añada y el varietal de los vinos pasarían a ser optativos para las bodegas. Así, la fiscalización del Estado se limitaría exclusivamente a garantizar que el producto sea apto para el consumo humano.
La mira también está puesta en el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El plan establece que, a partir de octubre de 2027, se eliminen las contribuciones obligatorias que actualmente mantienen a flote al organismo, obligándolo a buscar financiamiento a través de aportes voluntarios y recursos propios. Por otro lado, se suprime la obligación de producir localmente ciertos medicamentos veterinarios importados dentro de los plazos que exige la ley actual.
