Polémica por peajes en la Ruta 34: advierten por inminentes despidos en Santa Fe
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El proceso de privatización de las rutas nacionales impulsado por el gobierno de Javier Milei encendió las alarmas en el sector de los trabajadores viales de la provincia de Santa Fe. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Concesiones Viales (Sutracovi), Marcos Gilardi, confirmó que la firma estatal Corredores Viales comenzó a notificar al personal mediante el envío de "acuerdos de egreso".
El Ministerio de Economía privatizó por 20 años la operación de nuevos tramos de la red vial nacional. De esta manera, dejan de estar bajo control de esta empresa y pasan a manos de un grupo de empresas privadas que pasará a hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de rutas nacionales y autopistas.
El tramo que atraviesa Rafaela, comprendido entre Angélica y La Banda, forma parte de la licitación de la Ruta 34 que todavía no fue concesionada. En este escenario de reestructuración, despidos e incertidumbre sobre la continuidad de los servicios de asistencia en las rutas, Gilardi aseguró que la metodología utilizada por la empresa estatal busca forzar la firma de los retiros voluntarios bajo presión. A los trabajadores que no acepten el acuerdo, les llegará el telegrama de despido bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. "La empresa intenta liquidar las indemnizaciones aplicando la Ley Bisot al 67% para forzar la firma de los retiros", alertó el secretario general según detalló Rafaela Noticias.
La medida impacta de manera directa en el tejido social del departamento San Cristóbal, donde más de 50 familias entre la ciudad de Ceres y la localidad de Chilcas dependen de esta actividad. Gilardi remarcó el severo golpe que esto representa para la economía local, considerando la falta de industrias y de alternativas de empleo formal en la zona.
La reconversión hacia sistemas de cobro automático (como la modalidad Free Flow, lectura de QR y Telepase) apunta a una drástica reducción de costos operativos a expensas de la mano de obra. Para graficar el impacto, desde el gremio citaron lo ocurrido en el puente Rosario-Victoria: de una nómina inicial de 70 trabajadores, la nueva empresa concesionaria sólo reincorporó a 12 operarios.
Peajes: advierten que más de 100 radares operan sin autorización y las multas podrían ser inválidas
La validez de miles de fotomultas en la provincia de Santa Fe quedó bajo el ojo de la tormenta. La diputada provincial Silvia Malfesi presentó un pedido de informe para que el gobierno de Maximiliano Pullaro brinde precisiones urgentes sobre el estado legal de los radares instalados en las rutas nacionales que cruzan el territorio provincial. La medida surge tras revelarse que más de un centenar de estos dispositivos estarían operando de manera ilegal, al no contar con las autorizaciones correspondientes.
La iniciativa legislativa se originó a partir de un relevamiento de Vialidad Nacional, organismo que detectó la presencia de más de 100 cinemómetros activos en corredores de jurisdicción nacional dentro de territorio santafesino que no poseen los permisos obligatorios para funcionar. "Nos enteramos que Vialidad Nacional detectó más de 100 radares ubicados en las rutas que pasan por la provincia de Santa Fe, pero que son de jurisdicción del Estado Nacional", afirmó Malfesi en declaraciones a la emisora EME.
La diputada Malfesi aclaró que el pedido no busca desmantelar los controles de tránsito ni fomentar el exceso de velocidad en las rutas, sino garantizar la transparencia del sistema. "No estamos en contra del control de la velocidad, nos parece una buena herramienta preventiva de accidentes, pero siempre que esté todo en regla", enfatizó la diputada.
Con esta presentación, el Poder Legislativo provincial busca que el Ejecutivo santafesino aclare qué municipios o comunas están utilizando estos dispositivos sin la debida autorización, identifique cuáles son los radares en infracción y determine el destino de los fondos recaudados por multas que carecen de sustento legal.
En ese sentido, consideró que, si se comprueba la falta de habilitación, los ciudadanos cuentan con distintas vías para reclamar. Entre ellas, mencionó la posibilidad de solicitar la revocación administrativa de la multa y, en caso de ser necesario, iniciar acciones judiciales.
Para quienes ya abonaron una infracción, señaló que pueden pedir el reintegro del dinero ante el organismo que emitió la sanción. En tanto, recomendó a quienes aún no pagaron presentar un descargo para cuestionar la validez de la multa si el radar no contaba con la habilitación correspondiente.
