TSJ de Córdoba: Todos Sin Justicia
El Poder Judicial retomó su actividad tras la feria, pero el sistema digital no funcionó con normalidad. Ahora se vienen tres días más de paro. Los reclamos salariales son legítimos; dejar a una sociedad sin justicia, no.
TSJ de Córdoba: Todos Sin Justicia
El Poder Judicial retomó su actividad tras la feria, pero el sistema digital no funcionó con normalidad. Ahora se vienen tres días más de paro. Los reclamos salariales son legítimos; dejar a una sociedad sin justicia, no.
Hay siglas que podrían empezar a leerse de otra manera. TSJ ya no sería Tribunal Superior de Justicia, sino "Todos Sin Justicia". Porque eso es lo que está ocurriendo en Córdoba: mientras se multiplican los paros, las asambleas y las fallas del sistema informático, los ciudadanos quedan atrapados en una parálisis que nadie parece dispuesto a resolver.
Se suele hablar del "servicio de Justicia", aunque en realidad no estamos frente a un servicio cualquiera. Si se corta el agua, existe alguna alternativa para conseguirla. Si falla otro suministro, puede encontrarse una solución provisoria. Pero cuando se interrumpe la Justicia, no hay reemplazo posible.
Una quiebra, una indemnización laboral, una adopción, un divorcio o una causa penal solamente pueden tramitarse en los tribunales. No existe un prestador alternativo al que pueda acudirse cuando el Poder Judicial no trabaja.
Por eso resulta tan difícil dimensionar la gravedad del conflicto. También porque la Justicia es un poder silencioso, poco transparente y casi impenetrable. La sociedad conoce muy poco acerca de su funcionamiento: cuánto trabaja, qué productividad tiene, cómo administra sus recursos y cuáles son los resultados de cada dependencia.
A ese escenario se suma ahora la decisión de los empleados judiciales de realizar otros tres días de paro. En el interior provincial ya se acumulaban 25 jornadas de protesta durante el año y, en la capital, 22. Con las nuevas medidas, algunas dependencias llegarán a 28 días sin actividad normal y otras, a 25.
El panorama es todavía más preocupante si se consideran las ferias judiciales de enero y julio, los feriados, los días no laborables y las asambleas que afectan el funcionamiento incluso cuando formalmente los tribunales están abiertos.
Este martes debía ser el primer día plenamente hábil después de la feria, pero el Sistema de Administración de Causas (SAC), la plataforma mediante la cual los abogados gestionan los expedientes, comenzó la jornada con serios inconvenientes.
"Estamos ocupados y preocupados, porque todo esto produce una ralentización del servicio de Justicia", explicó a Cadena 3 el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Vittar. Según indicó, la entidad se comunicó con el Tribunal Superior de Justicia y con los técnicos responsables del expediente digital. El sistema finalmente volvió a funcionar al cierre de esta columna.
Es decir: después de la feria, los abogados dispusieron apenas de una parte del martes para realizar trámites con normalidad. Desde el miércoles y hasta el viernes habrá paro.
Un cálculo realizado desde comienzos de año muestra una situación inquietante: entre las ferias, los feriados y las medidas de fuerza, hubo alrededor de 71 jornadas sin actividad sobre unas 146 en las que teóricamente debía trabajarse. En el interior, la proporción se aproxima al 50%.
Y los días restantes tampoco representan necesariamente un funcionamiento pleno. Hay asambleas, malestar, atención reducida y problemas recurrentes con el SAC. El cartel puede indicar que los tribunales están abiertos, pero eso no significa que la Justicia esté trabajando al ciento por ciento.
Los empleados rechazaron las propuestas salariales de la Provincia y reclaman que continúe avanzando la equiparación de sus ingresos con los de la Justicia federal. También cuestionan los mayores aportes a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).
Tienen derecho a reclamar. Nadie discute eso. También es cierto que un empleado ingresante puede tener un sueldo distinto del que la sociedad imagina y que, según señalaron los propios trabajadores, los días de paro son descontados.
Pero el derecho al reclamo no puede borrar la responsabilidad que implica desempeñarse en una función esencial. Los trabajadores judiciales cuentan con estabilidad, carrera administrativa y condiciones laborales que buena parte de la sociedad no tiene. El año pasado, incluso, se aplicaron recategorizaciones y ascensos automáticos que produjeron mejoras salariales.
El problema es que tampoco está claro quién representa a la patronal en este conflicto. En teoría, esa responsabilidad corresponde al Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, los magistrados y los empleados cobran de la misma bolsa, mientras el dinero lo aportan los contribuyentes. Hubo incluso fiscales y magistrados que respaldaron asambleas de sus propios trabajadores.
¿Quién se sienta entonces a exigir que el sistema funcione? ¿Quién golpea la mesa y recuerda que detrás de cada expediente hay personas que esperan una respuesta?
Cuando una quiebra se demora, puede desaparecer una empresa que todavía tenía posibilidades de salvarse. Cuando un trabajador no cobra una indemnización, posiblemente deba endeudarse para sobrevivir. Mientras tanto, al empleador le siguen corriendo intereses. Al final, todos pierden.
Lo mismo sucede con una adopción que no se resuelve, una familia que espera una decisión, una causa penal que permanece estancada o una persona detenida preventivamente en la cárcel de Bouwer. No se trata de papeles acumulados en un escritorio: son vidas suspendidas.
El Poder Judicial cumple una función indispensable y, precisamente por eso, quienes lo integran reciben estabilidad y remuneraciones acordes con semejante responsabilidad. Pueden reclamar todo lo que consideren justo, pero deben encontrar una forma de hacerlo sin abandonar a la sociedad.
Mientras el Tribunal Superior, los magistrados, los sindicatos y los trabajadores discuten salarios, porcentajes y categorías, los cordobeses siguen esperando algo mucho más básico: Justicia.
