Llaryora le prende más velas a San Javo
La Provincia y la Municipalidad necesitan del aval y los recursos de la Nación para aliviar sus cuentas. Detrás de los auxilios, ¿Qué pedirá a cambio la Casa Rosada? | Por Adrián Simioni.
Llaryora le prende más velas a San Javo
La Provincia y la Municipalidad necesitan del aval y los recursos de la Nación para aliviar sus cuentas. Detrás de los auxilios, ¿Qué pedirá a cambio la Casa Rosada? | Por Adrián Simioni.
La relación entre el Gobierno nacional y la Provincia de Córdoba suele mostrarse como una confrontación política. Hay diferencias públicas, discursos cruzados y una disputa electoral cada vez más visible. Sin embargo, cuando se observan las cuentas, la distancia parece bastante menor: la administración de Martín Llaryora necesita de la Nación y ahora también gestiona ayuda para la Municipalidad de Córdoba.
El dato más contundente es el adelanto de coparticipación por $400.000 millones que el Gobierno nacional concedió a la Provincia, con una tasa anual del 15%. Para dimensionar la cifra, equivale aproximadamente a un mes de recaudación propia de Córdoba.
Algunos especialistas sostienen que la Provincia podría haber reducido esa necesidad adelantando el cobro de impuestos, como hacen otras jurisdicciones. Hay distritos que perciben hasta tres meses por anticipado algunos tributos, como Ingresos Brutos, mientras que Córdoba tendría un margen promedio cercano a las dos semanas.
De haberse extendido ese esquema, podría haber obtenido por adelantado cerca de la mitad de los $400.000 millones solicitados. Habría sido un financiamiento sin intereses para el Estado, aunque con una trampa evidente: el costo recaería sobre los contribuyentes, obligados a pagar antes.
A ese auxilio se sumaría el envío de $5.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Es una cifra menor frente al resto de los números, pero forma parte de una negociación mucho más amplia.
El principal problema provincial sigue siendo el déficit de la Caja de Jubilaciones, que ya superó los $450.000 millones. Actualmente, la Nación transfiere alrededor de $10.000 millones mensuales para cubrir una parte del rojo, pero Córdoba aspira a llevar esa asistencia, en el escenario más favorable, hasta los $38.000 millones por mes.
Además, en enero, el Gobierno nacional autorizó a la Provincia a endeudarse por 500 millones de dólares. Esos fondos fueron planteados para financiar obras y refinanciar vencimientos.
Ahora llegó el turno de la Municipalidad de Córdoba. La gestión de Daniel Passerini se encuentra muy exigida financieramente por una deuda originalmente contraída durante la intendencia de Ramón Mestre, aunque una parte importante de aquella operación también se había destinado a refinanciar compromisos heredados.
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El Gobierno nacional aceptó el pedido de la gestión de Martín Llaryora por problemas transitorios de liquidez. Los recursos deberán devolverse antes de fin de año, con una tasa nominal anual del 15%.
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Llaryora reestructuró posteriormente esa deuda y el municipio ya pagó cinco de las ocho cuotas previstas, de 25 millones de dólares cada una. En septiembre deberá afrontar otro vencimiento por el mismo monto y, además, tiene por delante un compromiso de $50.000 millones.
Frente a ese panorama, Passerini pretende conseguir autorización del Gobierno nacional para que la Municipalidad pueda endeudarse por otros 100 millones de dólares. Una pequeña parte se destinaría a obras, pero el objetivo central sería refinanciar obligaciones existentes.
La gestión no es solamente municipal. Detrás también está el Gobierno provincial, que deberá respaldar la operación y negociar el permiso con la Nación.
Mientras tanto, la Provincia anunció financiamiento por $130.000 millones para ejecutar obras en la ciudad de Córdoba. Se trata de una cifra del mismo orden que los 100 millones de dólares que el municipio busca conseguir para refinanciar su deuda.
La fotografía es llamativa: la Provincia aporta recursos para que la Municipalidad haga obras, muchas de ellas con indudable impacto electoral, mientras ambas administraciones gestionan ante la Nación una nueva autorización para endeudarse y atender vencimientos.
Los $130.000 millones servirán, entre otras cosas, para asfaltar calles. Pero también pueden terminar asfaltando el camino hacia las próximas elecciones. La deuda en dólares, en cambio, quedará para que la pague el próximo intendente.
Ahí aparece una contradicción difícil de ocultar. El Gobierno provincial debe respaldar a la Municipalidad para que pueda seguir funcionando y, al mismo tiempo, negociar asistencia con una administración nacional a la que enfrenta políticamente.
La Provincia necesita adelantos de coparticipación, ATN, fondos para la Caja de Jubilaciones y autorizaciones para tomar deuda. La Municipalidad, a su vez, necesita que la Provincia la sostenga y que la Nación le permita volver a endeudarse.
¿Hasta dónde puede sostenerse entonces la confrontación política? ¿Qué grado de autonomía conserva quien necesita que su adversario le habilite financiamiento?
No existen elementos para afirmar que la ayuda nacional tenga una contraprestación explícita. Pero en política los favores rara vez desaparecen de la memoria. Y cuando llegue una votación ajustada en el Congreso, será inevitable preguntarse si estas negociaciones financieras también tuvieron un precio político. ¿Algún votito, quizás?
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El jefe de Gabinete indicó en diálogo con Cadena 3 que Santa Fe también recibió asistencia y rechazó que la transferencia a Córdoba constituyera un trato excepcional.
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