La política ante una nueva controversia
La insistencia de sectores afines a la expresidenta Cristina Kirchner con críticas a su condena judicial lo único que logra es empantanar aún más un ya complicado escenario.
Con la mirada puesta ya en las elecciones del año próximo, el oficialismo y los sectores de la oposición comienzan a trazar estrategias, cumpliendo con algo muy arraigado en la Argentina: el partidismo exacerbado.
La insistencia de sectores afines a la expresidenta Cristina Kirchner con críticas a su condena judicial lo único que logra es empantanar aún más un ya complicado escenario.
Con la mirada puesta ya en las elecciones del año próximo, el oficialismo y los sectores de la oposición comienzan a trazar estrategias, cumpliendo con algo muy arraigado en la Argentina: el partidismo exacerbado.
Dentro de ese fervor innato en la mayoría de nuestros políticos aparecen en estos últimos meses seguidores del kirchnerismo gestando la promoción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara al futuro proceso electoral.
Esta insólita situación es impulsada por sectores duros del kirchnerismo identificados, justamente, con el hijo de la ex presidenta, Máximo Kirchner, el senador nacional Oscar Parrilli y otros dirigentes y militantes tradicionalmente vinculados con la familia santacruceña.
Básicamente, buscan revertir la inhabilitación judicial de la ex presidenta para ocupar cargos públicos argumentando que la medida lo que hace es sacar a la luz una proscripción que debilita al peronismo en su conjunto. Todo se da, por otro lado, en medio de una interna partidaria en el PJ que va mostrando resistencias cruzadas entre el núcleo duro que rodea a Cristina Kirchner y los que encuentran opciones posibles en otros dirigentes, como el gobernador Axel Kicillof.
Ante tan insólita reacción, cómo no recordar lo que la justicia determinó en todas sus instancias con respecto a la viuda de Néstor Kirchner. Cristina Fernández mantiene una condena firme de 6 años de prisión, domiciliaria por su edad, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La pena, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le fue otorgada por los resultados de la denominada causa Vialidad, que evaluó la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz a través de Lázaro Báez. Se la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Pero además, la referente del kirchnerismo se encuentra sometida a juicio en estos momentos en la denominada causa de los cuadernos y tiene otros asuntos pendientes, como es el caso Hotesur-Los Sauces.
Es difícil pretender instalar en sectores de la sociedad que jueces y fiscales que juzgaron los casos que involucraron a la familia Kirchner fueron productos de montajes estratégicos de sectores opositores empresariales y mediáticos, en lo que la ex presidenta y sus seguidores pasaron a denominar lawfare.
Nunca se trató de una guerra jurídica (traducción y significado de la palabra lawfare) emprendida contra el peronismo kirchnerista, sino de la investigación política y periodística y luego judicial, en base a denuncias y pruebas, orientada a comprobar tramas de corrupción desde el ejercicio del poder con características pocas veces vistas.
Es por ello que pretender tildar de víctima de proscripción a una persona pública condenada luego de haber superado todas las instancias judiciales posibles, no hace otra cosa que remover miserias que nuestras instituciones deben erradicar de una buena vez.
