Contratos truchos: 18 acusados van a juicio por más de $2.000 millones - Informe Digital
La causa entra en su tramo oral con 441 testigos y menciones a Urribarri y exsenadores en una trama que sacudió a la Legislatura.
La Justicia de Paraná abrió a juicio la causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, un expediente que apunta a una sustracción sistemática de fondos durante más de una década y que, según la acusación, superó los $2.000 millones actualizados. Dieciocho personas serán juzgadas en un proceso que promete ser el más voluminoso de la historia judicial de Entre Ríos.
El auto de apertura fue firmado el 17 de julio por la jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata, en el legajo OGA Nº 10668, caratulado Beckman Flavia Marcela Scialocomo Esteban Ángel Alberto Álvarez María Victoria y otros s/ Estafa. La resolución llega casi ocho años después del procedimiento policial que, en septiembre de 2018, destapó la maniobra con cheques y allanamientos en Paraná.
Una maniobra que se extendió por diez años
La acusación sostiene que el esquema funcionó entre enero de 2008 y el 20 de septiembre de 2018, con contratos de locación de obra firmados por ambas Cámaras para personas que no prestaban servicios reales. Los contratistas cobraban una parte mínima y el resto quedaba en manos de la organización.
Según el expediente, el circuito comenzó en el Senado en 2008 y luego se replicó en Diputados. Para el final de la maniobra, cada contrato había trepado a $50.000. El anexo incorporado al auto enumera 796 contratistas.
El circuito del dinero y los roles internos
La fiscalía describe una estructura con funciones definidas: responsables administrativos de ambas Cámaras emitían los cheques, mientras que Flavia Beckman y Hugo Mena operaban como cara visible del reclutamiento y del cobro. Los valores se endosaban y cobraban en sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, y luego el dinero regresaba a la organización.
Desde 2017, parte de los pagos se bancarizó mediante cuentas sueldo, pero las tarjetas eran retenidas por integrantes del grupo para seguir cobrando. La acusación también ubica a contadores y gestores impositivos dentro del engranaje, con contratos paralelos como forma de pago por esas tareas.
Menciones políticas de peso
El expediente incluye referencias directas al exgobernador Sergio Urribarri. En el hecho 1°, la fiscalía afirma que Cardoso actuó siguiendo expresas instrucciones de Urribarri para exigir contratos apócrifos a tres diputados. El exmandatario no está imputado en este legajo, pero su nombre aparece en el corazón de la acusación y fue ofrecido como testigo por la defensa de Alfredo Bilbao.
La resolución también consigna contratos del Senado de la Nación firmados por los exsenadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath como vía de remuneración paralela para integrantes de la organización.
El control que no funcionó
Además de los acusados por la maniobra principal, llegan a juicio cinco funcionarios del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, señalados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía les atribuye no haber ejercido el control debido sobre los contratos, pese a que la maniobra, según sostiene, era conocida dentro del organismo.
En paralelo, el Estado provincial se constituyó en actor civil y reclamó una reparación estimada en $372,9 millones como punto de partida. El auto registró además que el fiscal de Estado, Julio César Rodríguez Signes, se abstuvo por motivos personales de firmar la demanda contra tres imputados, lo que obligó a desdoblar la presentación civil.
Un juicio enorme y con fuerte impacto político
La escala del debate ya está marcada: la Fiscalía ofreció 441 testigos y las defensas sumaron listas que incluyen a exgobernadores, exintendentes, legisladores y funcionarios de distintas gestiones. El juicio también pondrá bajo la lupa 796 contratistas, documentación bancaria, expedientes legislativos y la ruta del dinero que, según la acusación, terminó en inversiones inmobiliarias y agroganaderas.
Con la apertura a juicio ya firme, la causa entra en su etapa más sensible: la que deberá probar quiénes sostuvieron durante años una maquinaria que vació las arcas legislativas y dejó una marca profunda en la política entrerriana.
