ATER: arranca el juicio por la presunta defraudación al Estado - Informe Digital
El debate empieza el 3 de agosto y se extenderá hasta el 15 de septiembre. Hay 31 acusados y un perjuicio millonario bajo la lupa.
El juicio por la causa ATER comenzará el 3 de agosto, doce años después de la denuncia original, y se extenderá hasta el 15 de septiembre. La apertura del debate pone en marcha una de las investigaciones por presunta corrupción administrativa más extensas de Entre Ríos, con 31 acusados y un perjuicio económico que, según la causa, fue millonario.
La confirmación del cronograma fue realizada por la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial. El tribunal estará integrado por los jueces Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio, que deberán analizar un expediente que atravesó más de una década de investigación, múltiples recursos y distintas etapas procesales antes de llegar a juicio oral.
La causa, caratulada María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión y otros s/ Defraudación a la Administración Pública (Expediente Nº 5501), se originó en una denuncia presentada en 2014 por Marcelo Casaretto, entonces director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Una maniobra que habría durado una década
Todo comenzó con una irregularidad detectada en un expediente de un contribuyente de Victoria. A partir de ese caso, la investigación judicial reconstruyó un presunto mecanismo más amplio que, según la denuncia, habría funcionado durante aproximadamente diez años.
De acuerdo con la presentación impulsada por Casaretto, empresarios, profesionales, empleados públicos y funcionarios habrían intervenido en un esquema de compensaciones tributarias inexistentes. La maniobra consistía en hacer figurar a determinados contribuyentes como acreedores del Estado provincial para que pudieran compensar supuestas acreencias con impuestos adeudados.
Según la denuncia y la investigación posterior, empleados con acceso al sistema informático de ATER habrían incorporado resoluciones del Ministerio de Economía que nunca existieron. Esas cargas permitían borrar de manera irregular obligaciones tributarias y generaban un perjuicio para las arcas provinciales.
La pesquisa interna confirmó que las irregularidades no se limitaban al caso inicial. El análisis de la documentación permitió reconstruir operaciones similares entre 2004 y 2014, a lo largo de distintas administraciones provinciales.
Frente a ese escenario, la conducción de ATER impulsó denuncias penales, sumarios administrativos contra empleados involucrados y reclamos para recuperar impuestos, intereses y multas a los contribuyentes beneficiados.
Un expediente enorme y una acusación que se achicó con el tiempo
La dimensión del caso quedó reflejada en las resoluciones dictadas durante la instrucción. En diciembre de 2017, la entonces jueza de Transición Marina Barbagelata emitió una resolución de más de 2.060 páginas en la que definió la situación procesal de 180 personas investigadas.
De ese grupo, 128 fueron procesadas, mientras que otras quedaron sobreseídas por distintos motivos, entre ellos el bajo monto de las operaciones o la aplicación de la suspensión del juicio a prueba.
Dos años más tarde, en 2019, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná confirmó los procesamientos de 61 acusados y rechazó los pedidos de falta de mérito y sobreseimiento presentados por las defensas.
En esa resolución se sostuvo el criterio desarrollado durante la investigación y se avaló el trabajo de la jueza instructora, además de respaldar la acusación del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado. En ese momento, el perjuicio económico investigado ascendía a casi 46 millones de pesos a valores históricos.
Lo que viene en el debate oral
En 2020, el Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio y destacó que se trataba de un expediente sin antecedentes en Entre Ríos por la cantidad de personas investigadas.
Con el avance del proceso, algunos imputados accedieron a probation, otros regularizaron su situación tributaria y luego fueron sobreseídos, y varios fallecieron durante la tramitación de la causa. Finalmente, en abril de 2021, Barbagelata elevó la causa a juicio con 31 imputados en condiciones de enfrentar el debate oral.
Las acusaciones incluyen presunta defraudación a la administración pública, adulteración de registros tributarios, simulación dolosa de pagos y hechos de cohecho, según el rol atribuido a cada uno de los acusados.
El inicio del juicio marca el cierre de una etapa de investigación y abre el momento en que la prueba será expuesta públicamente ante el tribunal. Durante más de un mes declararán testigos, peritos, funcionarios y acusados en un proceso que buscará determinar si existió una organización destinada a borrar obligaciones tributarias mediante el uso irregular de herramientas administrativas y sistemas informáticos del Estado.
Marcelo Casaretto fue citado a declarar como denunciante y testigo. Su intervención estará limitada a aportar la información vinculada con la denuncia original de 2014 y responder preguntas de fiscales, defensores y jueces durante el debate.
