El Gobierno prorrogó hasta 2028 la agencia encargada de las privatizaciones
Con un decreto, el Ejecutivo prorrogó hasta que cumpla los objetivos la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El Gobierno prorrogó hasta 2028 la agencia encargada de las privatizaciones
Con un decreto, el Ejecutivo prorrogó hasta que cumpla los objetivos la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El Gobierno extendió hasta julio de 2028 el funcionamiento de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la oficina especial encargada de las privatizaciones y la gestión de la representación del Estado en casi sesenta compañías del mercado local.
Mediante el decreto 611, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso la continuidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria que funciona en el Ministerio de Economía y también se le sumaron nuevas funciones.
Además de reestructurar las empresas públicas, entre ellas para privatizarlas mediante concesión o venta de acciones, la Agencia de Transformación tendrá ahora el ejercicio de la representación societaria del Estado en las 58 firmas en las que es accionista y también deberá controlar la idoneidad de los funcionarios designados para ese efecto.
El decreto también ratificó a Diego Chaher como titular del área, con rango de secretario, y modificó la estructura de sus colaboradores.
En los considerandos del decreto, se admite que la agencia encargada de las privatizaciones no logró cumplimentar en dos años el total de las metas planteadas, por lo que aseguró que es necesario extender hasta el 19 de julio de 2028 o hasta que cumpla sus objetivos, lo que ocurra primero el funcionamiento de la Agencia a fin de garantizar la continuidad del proceso de transformación del Sector Público Nacional.
Privatizaciones: los próximos pasos que busca dar el gobierno
La prórroga por dos años del funcionamiento de la unidad ejecutora especial creada en 2024 para dirigir y coordinar la reestructuración de las empresas y sociedades estatales se da en medio del intento oficial por acelerar el traspaso de varias compañías al sector privado.
En ese marco, el Gobierno apunta a sumar con las privatizaciones en marcha unos US$2300 millones entre lo que queda del año y 2027. Así lo había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el programa financiero para 2026 y el próximo año.
Entre las firmas estatales que planea traspasar a los privados en lo que queda del primer mandato de Javier Milei, aparece Aysa, cuya licitación está abierta y los sobres con ofertas abrirán a fines de agosto.
También está en los planes oficiales el ferrocarril Belgrano Cargas, cuyos pliegos están en revisión y se espera se publiquen en las próximas semanas.
Además, el Gobierno busca traspasar a privados dos centrales termoeléctricas: San Martín, en Timbúes, Santa Fe; y Manuel Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana, como parte de la venta de activos para la privatización total de Enarsa.
En ese contexto, la Subsecretaría de Energía Eléctrica avanzó con los cambios de titularidades de ambas centrales generadoras, con la publicación de avisos oficiales en el Boletín Oficial del viernes. Es un paso previo al inicio del proceso de venta de las acciones, comentaron en el sector,
También avanzarán con una nueva etapa de privatizaciones de centrales hidroeléctricas que hay en el país: son siete complejos ubicados en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.
Las claves de la prórroga por dos años de la Agencia de Transformación
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas fue creada por el decreto 644 en julio de 2024, con un plazo inicial de dos años que ahora fueron prorrogados por igual plazo o hasta que se cumplan los objetivos, según lo que acontezca en primer término.
Además de la prórroga, el decreto incorporó dos nuevos objetivos estratégicos para la Agencia: ejercer la representación societaria del Estado Nacional en aquellas empresas donde así se le asigne. Y realizar el control de idoneidad de los candidatos propuestos por el Estado para ocupar cargos en los directorios de las empresas públicas y de las que es accionista, con carácter previo a su designación.
Además, el decreto 611 aplicó cambios en el organigrama de conducción del organismo. Si bien Diego Chaher fue ratificado al frente de la agencia; Luciano Masnú Lardet dejó de ser director ejecutivo de procesos y privatizaciones para pasar a ser subtitular de la agencia, con rango de subsecretario.
Cristian García fue designado como nuevo director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones, en carácter ad-honorem. También se prorrogaron las designaciones de Magdalena González Moreno, Belén Moretti, Milagros Agustina González y Patricio Ezequiel Jaccoud Girart en sus respectivos cargos directivos.
