Nación cerró dos CAJ en Entre Ríos y dejó uno solo en pie - Informe Digital
La respuesta oficial a un pedido de ANÁLISIS revela una red mínima: cuatro contratados y dos abogadas para toda la provincia.
La Nación redujo a su mínima expresión su presencia territorial en Entre Ríos: cerró dos de los tres Centros de Acceso a la Justicia y dejó uno solo en funcionamiento. La respuesta oficial del Ministerio de Justicia a un pedido de acceso a la información pública de ANÁLISIS confirma además que no hubo designaciones jerárquicas en la provincia desde diciembre de 2023 y que el patrocinio gratuito para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual queda en manos de apenas dos abogadas.
La contestación, firmada por la responsable de Acceso a la Información Pública de la cartera, reúne informes de cinco áreas y deja un dato que hasta ahora no había sido oficializado: de los tres Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que la Nación sostenía en Entre Ríos, dos dejaron de funcionar entre 2024 y 2025.
Dos cierres y un solo centro activo
Según la propia respuesta ministerial, el CAJ de Concordia funcionó hasta el segundo semestre de 2024 en Los Mirlos y Los Ruiseñores, en el barrio Los Pájaros, mientras que el de Paraná operó hasta junio de 2025 en Salvador Caputto 2656. Ambos fueron cerrados. Así, la capital provincial y una de las ciudades con mayores indicadores sociales del país quedaron sin ese servicio.
El único centro que sigue abierto es el de Gualeguaychú, en Juan B. Justo 525, barrio La Cuchilla. Tiene cuatro agentes: dos abogados uno de ellos mediador comunitario, una licenciada en trabajo social y una licenciada en psicología. El equipo además concurre una vez por semana a un enlace comunitario en la Parroquia Asunción de María, en Gervasio Méndez 2470.
En los papeles, esa es toda la presencia territorial del área de acceso a la justicia del Ministerio para una provincia de casi 1,4 millones de habitantes. El resto de la oferta que enumera la Subsecretaría es telefónica o virtual: la línea 137, la 144, la 149 del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos y programas federales sin asiento en la provincia como ADAJUS, PRONALCI o el Equipo contra las Violencias Digitales.
Sin funcionarios propios en la provincia
La Dirección General de Recursos Humanos aportó otro dato elocuente. Consultado por las designaciones con lugar de prestación de servicios en Entre Ríos desde el 10 de diciembre de 2023, el ministerio solo informó la nómina de los cuatro contratados del CAJ de Gualeguaychú: Francisco Sobral, María José Marín y Ludmila Núñez, equiparados a un Nivel B Grado 3 del escalafón SINEP, y Agustina Troncoso, equiparada a un Nivel C Grado 4.
Todos fueron incorporados el 1° de enero de 2025 bajo la modalidad del artículo 9° de la Ley Marco de Empleo Público 25.164, es decir, contratos transitorios sin estabilidad. En dos años y medio de gestión, la cartera judicial nacional no designó un solo funcionario jerárquico con asiento en territorio entrerriano.
Dos abogadas para las víctimas más vulnerables
En materia de programas, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia informó que el patrocinio jurídico gratuito para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil se sostiene en la provincia con dos abogadas: una con asiento en Paraná y otra en Concordia. Son dos profesionales para atender el patrocinio de las víctimas más vulnerables del sistema penal en los 17 departamentos.
La misma nota menciona actividades de capacitación en mediación realizadas con el Colegio de Abogados de Entre Ríos, aunque sin mayores precisiones sobre alcance o continuidad.
Trata de personas y registros penales
La Coordinación de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas detalló el derrotero administrativo del programa nacional en la materia: fue creado el 23 de mayo de 2025 por resolución del entonces Ministerio de Capital Humano y transferido a la órbita de Justicia el 26 de junio de ese año.
El programa prevé dos líneas de asistencia directa: un subsidio equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por tres meses, prorrogable por única vez, para la asistencia inmediata de las víctimas, y un acompañamiento para la reinserción social y laboral de medio salario mínimo por tres meses, también prorrogable. Eso permite una cobertura máxima de doce meses. Entre Ríos adhirió recién el 6 de junio de 2026, según el protocolo IF-2026-45433841.
El pedido también apuntó a la estructura registral del ministerio en la provincia. La Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia informó que la red de Unidades de Expedición y Recepción (UER) descansa casi por completo sobre la Policía provincial: de las 18 habilitadas para tramitar certificados de antecedentes penales solicitados por particulares, 17 funcionan en dependencias policiales y solo una en el Poder Judicial, en Paraná.
A ellas se suman ocho unidades que tramitan informes de antecedentes para operadores del sistema penal: el Superior Tribunal de Justicia, los tribunales de Concordia y Gualeguay, las unidades fiscales federales de Concepción del Uruguay, Diamante y Gualeguaychú, el Juzgado de Garantías de Victoria y la Oficina de Gestión de Audiencias de La Paz.
Convenios viejos y montos que no aparecen
Ese entramado se apoya en convenios de larga data que el ministerio remitió escaneados como respaldo documental: el acuerdo firmado en Paraná el 19 de septiembre de 2000 entre Patricia Bullrich y Julio César Berlari, que creó las primeras cuatro UER; el convenio del 24 de abril de 2009 entre Aníbal Fernández y Sergio Urribarri, que extendió el sistema a la órbita del Ejecutivo provincial; y el convenio marco del 26 de junio de 2015 entre Julio Alak y Claudia Mizawak, que habilitó el intercambio digital de información registral.
La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, en cambio, no entregó la nómina de registros seccionales de la provincia y derivó al sitio web del organismo. Tampoco respondió sobre cambios de funcionamiento desde diciembre de 2023. Sí precisó que no posee convenios vigentes con el gobierno entrerriano.
El quinto punto del pedido requería los convenios vigentes entre el ministerio y la provincia con su objeto, plazo y monto. Las áreas enumeraron acuerdos con la Municipalidad de Larroque para la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria, con el Ministerio Público entrerriano para el patrocinio de víctimas de violencia de género, con el sistema de dispositivos duales de monitoreo de agresores y víctimas de violencia doméstica y con la reciente adhesión al programa de trata.
Pero ningún organismo informó los montos, el único de los tres datos pedidos que permite dimensionar el compromiso presupuestario real de cada acuerdo. La omisión, transversal a todas las áreas que respondieron, deja el punto contestado apenas a medias.
El cuadro se inscribe en una tendencia que esta serie de investigaciones sobre la presencia del Estado nacional en Entre Ríos viene mostrando organismo por organismo: la delegación del ENACOM cerrada en marzo de 2024, la Dirección Nacional de Vialidad sin obras nuevas iniciadas desde diciembre de 2023 y las vacantes sin concursar en la justicia federal. Ahora, el Ministerio de Justicia suma su capítulo: dos centros cerrados, cuatro contratados transitorios como única dotación territorial y dos abogadas para sostener el patrocinio de niños abusados en toda la provincia.
