El MPF oculta su gasto en Entre Ríos pero mide el delito al detalle - Informe Digital
Ante un pedido de ANÁLISIS, negó el presupuesto provincial y sí informó causas por narcotráfico, lavado y corrupción.
La Procuración General de la Nación rechazó informar cuánto gasta en sus dependencias de Entre Ríos, pero en el mismo expediente detalló la actividad penal federal en la provincia. La respuesta, a un pedido de acceso a la información pública de ANÁLISIS, expone una tensión de fondo: el organismo dice no poder desagregar el presupuesto por jurisdicción, aunque sí puede medir con precisión cuántas causas tramita por delito, año y estado procesal.
Presupuesto sin desglose
La solicitud, registrada como AIP N° 792, pedía el detalle del presupuesto y los recursos asignados a las dependencias del Ministerio Público Fiscal con asiento en Entre Ríos entre 2023 y 2026. La contestación, firmada por el secretario general de Administración Esteban Ubieta, sostuvo que las fiscalías y demás áreas del organismo no tienen una partida propia dentro del Presupuesto Nacional y que sus erogaciones se atienden con fondos generales. Por eso, afirmó, no es posible desagregar los rubros de manera exclusiva para cada dependencia ni para cada jurisdicción.
El funcionario agregó que eso no implica desatención de las sedes entrerrianas, sino una dificultad para discriminar gastos comunes y compartidos. Pero la propia respuesta deja abierta la discusión: la negativa no se apoya en una reserva legal, sino en una imposibilidad administrativa que el expediente no termina de sostener.
La actividad penal sí aparece desagregada
En otros puntos del mismo pedido, el Ministerio Público Fiscal sí respondió con datos concretos. Remitió al Mapa de Fiscalías y a la sección de Transparencia Activa para la nómina de dependencias y personal, e informó sobre concursos y vacantes. Además, la Dirección General de Desempeño Institucional elaboró una planilla con la cantidad de causas tramitadas en el fuero federal entrerriano, discriminadas por tipo de delito, por año y por estado procesal.
Ese anexo incluye narcotráfico, contrabando, lavado de activos, trata y corrupción, entre otros delitos. La paradoja es evidente: el organismo que asegura no poder asignar un peso a Entre Ríos sí puede contar expediente por expediente la producción penal de esa misma jurisdicción.
Seis vacantes y concursos demorados
La respuesta también confirmó seis fiscalías federales vacantes en la provincia. Entre ellas figuran la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, dos cargos de máxima jerarquía. Se suman las fiscalías ante los juzgados federales de Concordia, Victoria, Paraná y Gualeguaychú.
En este último caso, el Concurso N° 122 ya fue aprobado y concluido el 27 de marzo de 2024, con terna elevada al Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la designación sigue pendiente. Y ese mismo 8 de julio, el procurador general interino Eduardo Casal convocó al Concurso N° 137, que incluye vacantes en Concordia, Victoria y Paraná, además de cargos en otras provincias. Las inscripciones se extienden hasta el 25 de septiembre y el sorteo del tribunal evaluador está previsto para el 17 de diciembre.
Qué muestran los números
La planilla oficial ofrece una radiografía del delito federal en Entre Ríos entre 2020 y 2026. El narcotráfico encabeza el volumen de causas, con más de mil cien expedientes en el período 2020-2025. En 2025, las causas en trámite treparon a 129, más del doble que en años previos.
El contrabando dejó un pico llamativo en 2024, cuando se finalizaron 200 causas, una cifra muy por encima de la serie histórica. El lavado de activos también mostró un crecimiento sostenido: las causas en trámite pasaron de menos de doce por año entre 2020 y 2023 a 42 en 2024 y 66 en 2025.
La corrupción, en cambio, exhibe números bajos: entre 2020 y 2025 se acumularon 87 causas en el fuero federal entrerriano. La trata de personas se mantuvo estable y en volúmenes reducidos durante toda la serie.
La información también muestra una fuerte actividad de las procuradurías especializadas. PROCUNAR y PROCELAC concentran la mayor cantidad de intervenciones en la provincia, con más de cuarenta cada una entre 2022 y 2026. Muy por detrás aparecen PROTEX y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, con apenas tres intervenciones en todo el período.
Una negativa que no cierra el debate
La Ley 27.275 presume accesible la información pública y exige que cualquier excepción esté fundada de manera estricta. La respuesta del Ministerio Público Fiscal no invoca secreto ni seguridad: se apoya en una dificultad de contabilidad interna. Pero el propio anexo estadístico debilita ese argumento, porque allí sí fue posible ordenar la actividad por jurisdicción.
El expediente deja así dos imágenes en tensión. Por un lado, un organismo que exhibe con detalle su trabajo penal en Entre Ríos. Por el otro, el mismo organismo que dice no poder explicar cuánto cuesta sostenerlo. En una provincia con fiscalías vacantes y cargos clave sin cubrir, la pregunta por el presupuesto deja de ser técnica: pasa a ser una cuestión de funcionamiento real de la Justicia Federal.
