Causa Vialidad: El último recurso de la dilación para proteger un patrimonio de $684.000 millones - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
La confirmación por parte de la Corte Suprema del decomiso actualizado en la causa Vialidad marca un punto de no retorno en la recuperación de activos vinculados a la corrupción estatal. Sin embargo, fieles al manual de la estrategia judicial dilator
La confirmación por parte de la Corte Suprema del decomiso actualizado en la causa Vialidad marca un punto de no retorno en la recuperación de activos vinculados a la corrupción estatal. Sin embargo, fieles al manual de la estrategia judicial dilatoria, los condenados Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez han activado un nuevo casillero en el tablero de las chicanas procesales: la presentación de un recurso de queja para intentar frenar el remate de sus bienes.
Esta maniobra llega apenas 24 horas después de que el máximo tribunal ratificara que el monto del decomiso asciende a la estratosférica cifra de $684.990 millones, producto de la actualización de los $85.000 millones determinados originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
Los puntos clave de la resistencia patrimonial
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Artilugios sin efecto suspensivo: Fuentes jurídicas coinciden en que el recurso de queja presentado por la defensa de la condenada Fernández de Kirchner no tiene un efecto suspensivo automático. Esto significa que la Justicia federal está habilitada para avanzar en paralelo con la identificación, tasación y eventual ejecución de las propiedades en Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, además de los complejos hoteleros involucrados.
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El paraguas sobre los herederos: La estrategia de la defensa no solo busca estirar los plazos de la ejecución efectiva, sino también blindar el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner. El argumento defensivo sostiene que no existen pruebas de que dichos activos provengan de los 51 contratos de obra vial adjudicados irregularmente en Santa Cruz, intentando desvincular la herencia familiar del delito matriz.
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La disputa por la caja de los bienes: En medio del barro judicial, la Unidad de Información Financiera (UIF) ya solicitó tomar el control de la administración de estos bienes, bajo el argumento de que los activos provenientes del lavado de dinero público deben ser gestionados por organismos especializados del Estado y no quedar en el limbo de los tiempos procesales.
El dato: Tras más de una década de instrucción, peritajes y confirmaciones en todas las instancias superiores, la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública ya está firme. La discusión actual no es sobre la culpabilidad, sino sobre la devolución del dinero.
El relato del «lawfare» y la persecución política choca de frente con la contundencia de las cifras y los fallos ratificados por la Corte. Lo que el país observa hoy no es más que el tramo final de un largo proceso de impunidad erosionada, donde el uso de recursos extraordinarios parece ser la última trinchera para evitar que los bienes obtenidos mediante el fraude al Estado vuelvan a las arcas públicas.
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