Una jueza del Interior suma críticas a la Ley de Honorarios y advierte sobre los problemas que generará
La jueza provincial de Faltas, Celia Altamiranda, fundamentó los aspectos de la Ley 4228-C que pueden afectar tanto a abogados como a quienes busquen acceder a
Altamiranda remarcó a Diario Chaco que el problema no solo afecta a los justiciables, sino también a los propios profesionales del Derecho.
Explicó que, aun cuando un abogado decidiera asistir gratuitamente a un cliente, igualmente deberá afrontar obligaciones tributarias y previsionales calculadas sobre los honorarios regulados judicialmente. "El abogado puede no querer cobrarle a un amigo o a una persona vulnerable, pero igual tendrá cargas impositivas y previsionales sobre esos honorarios. Eso termina generándole una deuda, aunque haya trabajado de manera gratuita", sostuvo.
CRÍTICAS A LA ELABORACIÓN DE LA NORMA
Por otro lado, la jueza cuestionó además que durante el tratamiento de la ley no se haya convocado a la Asociación de Magistrados ni a otros actores del Poder Judicial para aportar observaciones técnicas. "No se trataba de opinar cuánto debía ganar un abogado, sino de advertir cómo iba a impactar la aplicación práctica de la ley en los juzgados", expresó.
Asimismo, señaló que existen procesos judiciales que no fueron adecuadamente contemplados por la normativa y mencionó que la utilización de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), cuyo valor se actualiza periódicamente, elevó considerablemente los honorarios mínimos.
Lo hizo durante una jornada de intercambio entre magistrados en Sáenz Peña en la que se analizaron los primeros criterios de aplicación de la normativa recientemente sancionada.
EL RIESGO PARA QUIENES LITIGAN
Otro de los puntos que destacó fue la obligación que tienen los jueces de respetar los honorarios mínimos establecidos por la ley. "Si nosotros no respetamos esos mínimos, podemos ser pasibles de un jury", explicó.
En ese contexto, alertó sobre el efecto que puede tener la norma para los ciudadanos que acuden a la Justicia. "Una persona puede decidir presentarse sin abogado, pero si la otra parte comparece con patrocinio letrado y luego resulta condenada en costas, puede terminar pagando honorarios que superan ampliamente el monto que estaba en discusión", concluyó.
INCONVENIENTES EN JUICIOS DE ESCASA CUANTÍA
La magistrada reconoció que la legislación anterior había quedado desactualizada, pero consideró que la nueva norma avanzó hacia el extremo opuesto. "La ley anterior estaba muy desfasada, pero esta se fue muy para arriba y, además, estableció honorarios mínimos que antes no existían", afirmó.
Según explicó, esa situación genera importantes inconvenientes en causas de escasa cuantía o en expedientes que habitualmente tramitan los juzgados de Paz y Faltas. "Estamos acostumbrados a trabajar con el sector más vulnerable. Creo que la sociedad recién va a empezar a darse cuenta de lo que va a significar esta ley", advirtió.
Como ejemplo, indicó que en determinados procesos el honorario mínimo regulado puede resultar muy superior al monto que se reclama judicialmente.
Altamiranda consideró que el debate sobre la nueva Ley de Honorarios recién comienza y estimó que sus efectos prácticos comenzarán a evidenciarse a medida que los distintos juzgados deban aplicarla en casos concretos.
