La CGT denunció una entrega de soberanía y pidió al Senado frenar la venta de tierras a extranjeros
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió el proyecto del Poder Ejecutivo que busca derogar la restricción que fija en 15% el máximo del territorio nacional en manos extranjeras y convocó a las y los senadores a frenar lo que calificó como u
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió el proyecto del Poder Ejecutivo que busca derogar la restricción que fija en 15% el máximo del territorio nacional en manos extranjeras y convocó a las y los senadores a frenar lo que calificó como una entrega de soberanía a tecnomagnates.
En un comunicado difundido a pocos días del Día de la Independencia, la central obrera advirtió que los recursos naturales no tienen precio y no pueden quedar librados a la lógica del mercado.
La tierra no es una mercancía
Bajo el título La tierra no es una mercancía: es soberanía, trabajo y futuro para los argentinos y las argentinas, la CGT expresó su categórico rechazo a la iniciativa oficial que pretende eliminar los límites vigentes para la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.
En ese marco, la conducción sindical alertó que eliminar la restricción que establece que solo el 15% del territorio nacional puede quedar en manos extranjeras significa entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua, remarcó.
Críticas al Gobierno y advertencia sobre recursos estratégicos
El comunicado del Consejo Directivo Nacional de la CGT sostiene que el Gobierno pretende habilitar una entrega de una magnitud inédita para nuestro país y a contramano de lo que ocurre en gran parte del mundo, donde numerosos Estados establecen límites y controles para proteger su territorio y sus recursos estratégicos, advirtió.
La central sindical denunció que el proyecto del Gobierno pretende regalar nuestro territorio, envuelto para la ocasión, a los nuevos vendedores de espejitos de colores, desconociendo el esfuerzo de generaciones de argentinos y argentinas que trabajaron para consolidar y defender nuestra soberanía territorial, cuestionó.
En otro tramo del documento, la CGT enfatizó: No existe fortuna ni promesa de inversión que valga nuestros ríos, lagos, glaciares, tierras cultivables y recursos estratégicos, al tiempo que remarcó que esa riqueza pertenece al pueblo y a la Nación Argentina y no tiene precio y no puede quedar librada a la lógica del mercado, subrayó.
La central obrera subrayó que los límites existen para impedir abusos y proteger el interés nacional y puso como ejemplo el conflicto por el acceso al Lago Escondido, apropiado de hecho por el empresario británico Joe Lewis, que representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley, advirtió.
Vía Navegable Troncal y poder de los tecnomagnates
El gremio también cuestionó la concesión por 30 años de la Vía Navegable Troncal argentina, integrada al sistema Paraguay-Paraná, a un consorcio encabezado por una empresa extranjera, y alertó que lo que está en juego es la capacidad del Estado argentino para preservar bienes estratégicos frente a tecnomagnates que concentran un poder superior al de muchos Estados, pero sin reglas democráticas, señaló.
Para las trabajadoras y los trabajadores, la soberanía no es una consigna abstracta. Es la condición indispensable para construir un proyecto de desarrollo, producción y trabajo que consolide la independencia económica y asegure una distribución justa de las riquezas de nuestra patria, concluye el comunicado.
Llamado al Senado y defensa de la Ley de Tierras
A pocos días de conmemorarse el Día de la Independencia, la CGT hizo un llamado urgente a las senadoras y los senadores nacionales que deberán decidir sobre una cuestión de enorme trascendencia histórica, instó.
En el cierre del documento, la central obrera sentenció: La Argentina no se vende. Defender la soberanía es defender el trabajo. Defender el trabajo es defender el futuro de nuestro país, en un pronunciamiento que busca frenar una iniciativa que, de ser aprobada, modificaría la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011.
