China endurece su ley étnica y extiende su control fuera de sus fronteras - Informe Digital
La norma obliga a ciudadanos y empresas en el exterior y enciende alarmas por su alcance sobre familias, medios y minorías.
China aprobó una ley que no solo refuerza el control político sobre sus minorías étnicas, sino que además pretende proyectar ese poder más allá de sus fronteras. El texto, vigente desde el 1 de julio de 2026, habilita sanciones contra personas y organizaciones fuera del país y abre la puerta a una aplicación extraterritorial que preocupa por su alcance sobre familias, medios, internet y derechos humanos.
Se trata de la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico de la República Popular China, aprobada el 12 de marzo de 2026 y vigente desde el 1 de julio de 2026. Es la culminación de un proyecto que se estuvo gestando durante más de una década, desde la Conferencia Central de Trabajo Étnico de 2014.
Sus 64 artículos están divididos en seis capítulos: Disposiciones generales; Construcción de un hogar espiritual compartido; Fomento de los intercambios y la integración; Promoción de la prosperidad y el desarrollo comunes; Salvaguardias y supervisión y Responsabilidad legal.
La ley no solo proclama principios que podrían barrer con etnias milenarias, sino que obliga a un número importante de actores de la sociedad civil a hacerla cumplir: ciudadanos; funcionarios; docentes; universidades; medios de comunicación; empresas; organizaciones civiles; plataformas de internet; organizaciones religiosas y gobiernos locales. Casi toda la estructura social queda alcanzada por el objetivo de fortalecer la vaga conciencia de comunidad de la nación china, una formulación que la norma no define y que amplía la discrecionalidad del Partido Comunista Chino (PCC).
A lo largo del texto aparecen conceptos abstractos como el fortalecimiento de la conciencia de comunidad nacional o la construcción de una patria espiritual común. El PCC determina qué significan esas nociones, pero la ley no las describe con precisión, por lo que su aplicación quedará en manos de la interpretación oficial dentro de China. La pregunta de fondo es qué acciones pueden considerarse que dañan la unidad étnica en un país compuesto por más de 50 etnias.
La ley también se mete en los núcleos familiares. Establece que los padres u otros tutores de menores deberán cumplir con sus responsabilidades de educación familiar conforme a la ley, educar y guiar a los menores para que amen al Partido Comunista de China, a la patria, al pueblo y a la nación china, y establecer el concepto de la nación china como una sola familia. En la práctica, un ciudadano chino y su familia que vivan en Barcelona o en Quito quedan alcanzados por una norma que pretende extender la obediencia política miles de kilómetros más allá de Beijing.
Además de ingresar a la mesa familiar, la ley también se adentra en el funcionamiento de medios e internet, que quedan reducidos a herramientas de control de contenidos: Los operadores de red deben reforzar la gestión de la información publicada por sus usuarios. Si detectan información que atenta contra la unidad y el progreso nacionales deben interrumpir inmediatamente su transmisión, tomar medidas como su eliminación para evitar su difusión, conservar los registros pertinentes e informar a las autoridades competentes.
También los medios deben funcionar como vehículo de identidad nacional: El Estado apoya el uso de tecnologías modernas como Internet, macrodatos e inteligencia artificial para realizar actividades de intercambio, y alienta y guía a los proveedores de productos y servicios de red a crear y difundir obras e información que encarnen la gran unidad de la nación china, con el fin de crear un entorno de red armonioso que propicie el fortalecimiento del sentido de comunidad entre los ciudadanos chinos.
Otro párrafo muestra la dureza del texto frente a la crítica o el señalamiento: La causa de la unidad y el progreso nacionales no debe ser obstaculizada por fuerzas externas. Nos oponemos firmemente a todo acto de difamación, calumnia, contención, represión, infiltración y debilitamiento de la República Popular China bajo el pretexto de etnia, religión o derechos humanos.
Cualquier denuncia de violación a los derechos humanos podría ser considerada una violación a esta ley. Así, las minorías que se consideren oprimidas como los uigures en la región de Xinjiang y denunciaran sometimientos desde el gobierno central o local podrían ser denunciados como terroristas, como dice el artículo 62: Quien organice, planifique o lleve a cabo actividades terroristas violentas, actividades separatistas étnicas o actividades extremistas religiosas, y cuyos actos constituyan un delito, será penalmente responsable de conformidad con la ley. Toda persona que incite o financie los actos descritos en el párrafo anterior y cuyas acciones constituyan un delito será penalmente responsable de conformidad con la ley.
Condena internacional y más alarmas
El 29 de abril, el Parlamento Europeo encendió las alarmas. Esa entidad legislativa continental expresó su profunda preocupación por la aprobación de la Ley de promoción de la unidad y el progreso étnicos, que fomenta abiertamente las políticas de asimilación y restringe las libertades culturales, religiosas y lingüísticas de diversos grupos dentro y fuera de China. En la resolución, los eurodiputados condenaron enérgicamente las políticas represivas de asimilación de China y las consiguientes violaciones de los derechos humanos universales, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior.
Además, la cámara europea instó a las autoridades chinas a derogar esta ley, cumpliendo así sus obligaciones en virtud del Derecho internacional relativas a la no discriminación y la protección y promoción de las minorías religiosas y étnicas. El texto aprobado subraya también la preocupación por las disposiciones extraterritoriales, señalando que constituyen represión transnacional y llamó a los Estados miembros de la Unión a suspender los tratados de extradición con China para proteger a las personas perseguidas que residen en la Unión frente a los riesgos de represión transnacional en virtud de esta ley.
Hace apenas semanas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mostró su preocupación sobre la polémica ley que podría acallar a las demás minorías que no encuadren con lo que dicta el PCC. Türk advirtió que la legislación podría profundizar las restricciones existentes sobre las comunidades minoritarias. Estoy muy preocupado por las políticas antiterroristas y de asimilación de China, especialmente en la medida en que afectan a las minorías en las regiones de Xinjiang, Mongolia Interior y Tíbet, señaló.
De acuerdo con el funcionario de las Naciones Unidas, la ley corre el riesgo de limitar aún más las libertades relacionadas con el idioma, la educación, la práctica religiosa, la expresión cultural, la libertad de expresión y la reunión pacífica. Türk instó a las autoridades chinas a derogar la legislación y poner fin a las políticas que socavan los derechos de las minorías étnicas.
Por su parte, Kyinzom Dhongdue, gerente de Estrategia e Incidencia en Amnistía Internacional Australia, señaló en un artículo publicado el 30 de junio: Quizás el aspecto más inquietante de la ley es su enfoque en los niños. El artículo 15 refuerza el mandarín como idioma principal de instrucción en las escuelas e instituciones educativas, desplazando al tibetano. El idioma lleva nuestra historia, memoria, linaje espiritual e identidad. Es la forma en que los niños heredan las historias, valores y tradiciones que los conectan con sus familias y comunidades, sostuvo.
Dhongdue continuó: En todo el Tíbet, cientos de miles de niños asisten ahora a internados estatales chinos, pasando gran parte del año separados de sus familias y sin poder hablar su propio idioma. Se cuentan historias de estos niños que regresan a casa durante las vacaciones escolares solo para comportarse como extraños ante sus familiares y haber perdido la capacidad de comunicarse con sus abuelos.
El gobierno de Taipei también alzó la voz contra la ley que entró en vigor hace apenas horas. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que China intenta ejercer jurisdicción extraterritorial y represión transnacional, ampliando así sus amenazas e intimidaciones contra el pueblo de Taiwán y de otros países, al tiempo que infringe gravemente la soberanía de todas las naciones y viola los derechos humanos internacionales.
De acuerdo con las autoridades taiwanesas, la ley otorga explícitamente jurisdicción sobre organizaciones e individuos fuera de China y actúa como pretexto legal para que el régimen de Xi Jinping expanda su jurisdicción extraterritorial y la represión transnacional. Eso, según el gobierno de Lai Ching-te, representa una amenaza significativa para la libertad, la democracia y los derechos humanos a nivel global.
Más allá de las advertencias internacionales, el trasfondo es claro: el régimen de Xi Jinping busca teñir de ideología nacionalista y personalista una cultura multiétnica que debería trascender al partido único que rige desde 1949 la vida del pueblo chino. Y que ahora pretende hacerlo también fuera de sus fronteras geográficas.
X: @TotiPI
