Piden revisar la inhibición sobre la esposa de De Breuil - Informe Digital
La defensa cuestionó la medida en la causa contratos y habló de un alcance desproporcionado sobre bienes y jubilación.
La defensa de Alejandra Camissasa, esposa del imputado Jorge De Breuil, pidió revisar la inhibición que pesa sobre sus bienes en la causa contratos. El planteo apunta a cuatro departamentos en copropiedad y cuestiona que una medida pensada para recuperar dinero presuntamente desviado termine alcanzando a una persona que no está imputada.
El pedido fue formulado por el abogado Hugo González Elías, ex vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, quien sostuvo que la restricción es excesiva y que afecta derechos de Camissasa como adulta mayor y por su condición de mujer. También objetó la intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Fiscalía de Estado en esta discusión puntual.
La discusión por los departamentos
El conflicto se centra en cuatro unidades funcionales del fideicomiso de calle Alsina 869. Según la hipótesis fiscal, esas inversiones se vinculan con el desfalco investigado en la Legislatura provincial. Por eso, varias personas señaladas en la causa entre ellas imputados y sus esposas quedaron inhibidas y no pueden vender, gravar ni transferir esos bienes.
González Elías pidió una revisión total de la medida sobre Camissasa. Además señaló que en los últimos meses la mujer tuvo trabada la percepción de su jubilación en una sucursal del Banco Galicia de Córdoba y no pudo cobrar los haberes de abril, mayo y junio. Sobre ese punto, las partes coincidieron en que se trató de un error administrativo al comunicarse la decisión judicial. La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, ordenó informar de inmediato la falla al banco para que la mujer pueda acceder al cobro.
Un planteo que va más allá de la jubilación
El eje del reclamo, sin embargo, no fue ese episodio. La discusión de fondo giró en torno a los cuatro departamentos del fideicomiso, que según la defensa son copropiedad del matrimonio y fueron adquiridos dentro del período investigado, entre 2008 y 2018.
El letrado remarcó que Camissasa no está imputada y que lo único que la vincula con el expediente es el alcance de la cautelar. También advirtió que la medida lleva siete años y que podría abrir la puerta a una eventual reparación del daño o condena patrimonial sobre bienes de terceros.
En su exposición, González Elías sostuvo que hay una confusión entre bienes gananciales y bienes de copropiedad, y afirmó que la legislación no ofrece herramientas claras para este tipo de conflictos patrimoniales. A su criterio, la restricción termina siendo desproporcionada y con consecuencias graves.
Al cierre de su alegato, que duró cerca de una hora, adhirieron los abogados Miguel Ángel Cullen, Iván Vernengo y Pablo Hawlena Gianotti, en representación de otras esposas de imputados.
La respuesta de la Fiscalía
Tulio Kamlofsky, por la Fiscalía de Estado, anticipó que no se opondrán al levantamiento de las medidas reclamado por la defensa. Distinta fue la postura de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, que rechazaron el planteo.
Aramberry aclaró que el Ministerio Público Fiscal nunca pidió impedir que Camissasa cobre su jubilación y sostuvo que esa situación, por tratarse de una cuestión alimentaria, abrió una revisión más amplia. También recordó que en abril de 2019 se habían decretado embargos sobre bienes específicos vinculados a la mujer, pero que luego la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esas medidas.
El fiscal defendió la existencia de motivos plausibles para relacionar los bienes con el ilícito investigado y negó que la cautelar responda a un sesgo de género. Según dijo, el caso muestra el uso de personas de confianza para figurar como titulares de inmuebles y otros activos.
Una causa por 53 millones de dólares
La causa investiga una presunta estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares, cometida entre 2008 y 2018 mediante contratos truchos en ambas cámaras legislativas. De acuerdo con la investigación fiscal, la maniobra habría involucrado a funcionarios, empleados jerárquicos, estudios contables y personas dedicadas a reclutar prestanombres, falsificar firmas y endosar cheques.
Los fiscales sostienen que el dinero desviado fue canalizado hacia inversiones privadas, sobre todo inmobiliarias y agropecuarias. En el legajo, que originalmente tuvo 32 imputados, hoy quedan 18 tras probation, un juicio abreviado y un sobreseimiento.
La decisión sobre el planteo de Camissasa se comunicará este viernes a las 12.
