El Consejo de la Magistratura defendió la suspensión de Lineras y rechazó acusaciones de presión
El organismo aseguró que la medida fue adoptada por unanimidad y dentro de las facultades que le otorgan la Constitución y la Ley N.º 33-B. Además, negó qu
El Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento emitió un comunicado referido a su resolución en la que suspendió preventivamente al juez Rodolfo Lineras.
"Consideramos necesario formular un llamado público a la mesura, la prudencia institucional y el respeto por las decisiones adoptadas por los órganos constitucionales competentes", inició la misiva y mencionaron que la resolución fue "adoptada por unanimidad en el marco de las atribuciones expresamente conferidas por la Constitución Provincial y por la Ley N° 33-B".
En ese sentido, aclararon que dicha decisión "no constituye una sanción ni implica adelanto de opinión" y que es "una resolución de apertura formal del procedimiento de enjuiciamiento", que tiene "pleno resguardo del debido proceso legal, el derecho de defensa y la garantía de ser oído". Reiteraron que el Consejo "no actúa por fuera del orden constitucional" y que su intervención es para "analizar, con seriedad y responsabilidad, la eventual existencia de conductas alcanzadas por el régimen de enjuiciamiento".
"Ningún magistrado ni funcionario del ministerio público se encuentra exento de responder ante los procedimientos constitucionales legalmente establecidos", añadieron y explicaron que "la independencia judicial no puede ser confundida con irresponsabilidad institucional ni con inmunidad frente a los mecanismos de control previstos por la Constitución".
Desde el organismo remarcaron que es necesario evitar afirmaciones que puedan interpretarse como una deslegitimación anticipada del proceso o como una supuesta persecución institucional contra el magistrado. En ese sentido, sostuvieron que expresiones de ese tipo, formuladas antes de que se sustancie el expediente y sin considerar todos los antecedentes del caso, pueden afectar la confianza pública en las instituciones.
Asimismo, recordaron que el juez contará con todas las garantías del debido proceso para ejercer su defensa, presentar pruebas y responder a las acusaciones en su contra. Según explicaron, el objetivo del procedimiento de enjuiciamiento es justamente permitir que los hechos sean analizados por el órgano competente, respetando las formas legales y sin prejuzgamientos.
En esa línea, señalaron que así como debe resguardarse la independencia de los magistrados al momento de dictar sus resoluciones, también corresponde preservar la autonomía funcional del Jurado de Enjuiciamiento para cumplir las atribuciones que le asigna la Constitución. Advirtieron además que considerar cualquier intervención institucional sobre la conducta de un juez como un ataque a la independencia judicial implica desconocer los mecanismos de control previstos por el sistema republicano.
Finalmente, aseguraron que el Consejo de la Magistratura actuará "con apego a la Constitución Provincial, la Ley Nº 33-B" y los principios del debido proceso. También aclararon que la admisión formal de una acusación no implica una condena ni un prejuzgamiento, sino que habilita el tratamiento institucional del caso conforme a los procedimientos establecidos.
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