El riesgo vuelve a bajar cerca de 420 puntos mientras el gobierno envía una fuerte señal al mercado
El indicador se ubica en 422 puntos básicos. En paralelo, el Ejecutivo autorizó operaciones de financiamiento externo con bancos internacionales y garantías de organismos multilaterales. Para los analistas, la clave es que permitiría refinanciar venc
El riesgo país argentino volvió a bajar este lunes 22 de junio y profundizó el clima de mayor apetito por los activos locales. El indicador que mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos se ubicó en torno a los 422 puntos básicos, con una caída cercana al 1,6% respecto del cierre anterior.
La nueva baja tiene lugar en una jornada marcada por otra señal relevante para el mercado: el Gobierno habilitó la toma de deuda pública por hasta US$5.000 millones bajo jurisdicción de tribunales de Nueva York. La medida fue oficializada a través del Decreto 478/2026 y autoriza operaciones de financiamiento con entidades financieras internacionales, respaldadas parcialmente por organismos multilaterales de crédito.
El dato no es menor. La caída del riesgo país mejora la lectura de los inversores sobre la deuda argentina y, al mismo tiempo, reduce el costo teórico de financiamiento. En ese contexto, la autorización para tomar préstamos externos aparece como una herramienta para reforzar el programa financiero del Tesoro y cubrir vencimientos sin depender exclusivamente de compras de dólares en el mercado o del Banco Central.
Vale considerar que la decisión del gobierno llega en un momento en el que los bonos argentinos vienen mostrando una mejora sostenida. El riesgo país había comenzado junio cerca de los 490 puntos y este lunes volvió a acercarse a la zona de 420 puntos, niveles que no se observaban desde 2018.
Para el mercado, la baja del indicador es clave porque funciona como termómetro de confianza sobre la capacidad de pago del país. Cuanto menor es el riesgo país, menor es la tasa que debería pagar la Argentina para financiarse. Por eso, cada compresión del spread fortalece la estrategia oficial de normalizar el acceso al crédito externo, aunque todavía con instrumentos respaldados por organismos multilaterales.
Se sabe que el Gobierno está trabajando para llegar a los próximos vencimientos con mayor previsibilidad financiera. En esa hoja de ruta, el nuevo decreto habilita una vía para conseguir hasta US$5.000 millones, mientras que la baja del riesgo país mejora el contexto para negociar condiciones más favorables.
Una ventana de financiamiento más favorable
La compresión del riesgo país volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el regreso de la Argentina al financiamiento internacional. Aunque el Gobierno viene señalando que no busca emitir deuda tradicional en cualquier condición, la mejora de los bonos soberanos abrió una ventana más favorable para conseguir fondos a menor tasa.
La diferencia, en este caso, es que la operación habilitada no apunta necesariamente a una colocación clásica de bonos en el mercado, sino a préstamos con bancos internacionales que contarían con garantías parciales de organismos multilaterales. Ese respaldo permite reducir el riesgo para los acreedores y, por lo tanto, mejorar las condiciones de financiamiento para el Tesoro.
Según la normativa, el Ministerio de Economía quedó facultado para definir plazos, monedas, métodos de colocación, entidades participantes y costos asociados a las operaciones. También podrá incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York, una condición habitual en operaciones de financiamiento internacional.
La mirada de Aldo Abraham
Para Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad y Progreso, la autorización se ubica dentro de las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los vencimientos de deuda y evitar una cesación de pagos.
Está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo administrar el pago de los vencimientos de deuda para no caer en cesación de pagos, como caímos nueve veces, señaló Abraham.
El economista planteó que el contexto actual es distinto al de otros episodios de estrés financiero porque el Gobierno cuenta con solvencia fiscal y con un Banco Central que recuperó parte de su situación patrimonial. Por suerte, tenemos solvencia fiscal y un Banco Central que ha recuperado su situación patrimonial y también es solvente. Por ahí no lo que se necesita para tener una inflación de un dígito anual, pero por lo menos no está quebrado, sostuvo.
Según Abraham, la posibilidad de tomar financiamiento externo es una buena noticia porque permite atender pagos sin absorber recursos del mercado local. Cada vez que el Gobierno paga con recursos al exterior que consigue internamente, lo que hace es restar crédito doméstico, lo cual afecta negativamente tanto el consumo como la inversión, explicó.
En esa línea, remarcó que la mejor alternativa, siempre que exista acceso a financiamiento, es refinanciar afuera los compromisos que vencen afuera. Eso deja más crédito doméstico para poder crecer, generar empleo, inversión y bienestar económico, afirmó.
Abraham también destacó un punto que considera central para la lectura del mercado: la operación no debería interpretarse como un aumento de deuda para financiar gasto corriente. Acá no se está sumando deuda, sino que se está tomando crédito para pagar deudas que se tomaron en otro momento y que están venciendo, indicó.
El economista agregó que la deuda pública, medida en dólares y descontada por la inflación de Estados Unidos, bajó casi US$50.000 millones. Para Abraham, esa dinámica se explica por el resultado fiscal: Venimos gastando menos, incluidos los intereses, que lo que le ingresa al Estado. No es que están tomando deuda para aumentar el gasto.
Qué implica la ley Nueva York
La aceptación de jurisdicción extranjera implica que eventuales controversias vinculadas a esos contratos podrán resolverse en tribunales de Nueva York. En la práctica, ese tipo de cláusulas suele ser exigido por inversores y entidades internacionales para dar mayor previsibilidad jurídica a las operaciones.
De todos modos, el decreto estableció límites sobre la renuncia a la inmunidad de ejecución. Entre los activos protegidos figuran las reservas y cuentas del Banco Central, bienes de dominio público en territorio argentino, activos diplomáticos, bienes militares, patrimonio cultural y fondos vinculados a impuestos o regalías adeudadas al Estado nacional.
La inclusión de esos resguardos apunta a evitar que la aceptación de jurisdicción extranjera derive en una exposición patrimonial más amplia para el país ante eventuales reclamos judiciales.
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