Agostina y el silencio del poder: las preguntas que Passerini todavía no respondió - Confirmado
El femicidio de Agostina Vega sacudió a Córdoba de una manera pocas veces vista en los últimos años. La brutalidad del crimen, la edad de la víctima y las derivaciones que fue tomando la investigación generaron una conmoción social que todavía persis
El femicidio de Agostina Vega sacudió a Córdoba de una manera pocas veces vista en los últimos años. La brutalidad del crimen, la edad de la víctima y las derivaciones que fue tomando la investigación generaron una conmoción social que todavía persiste. Sin embargo, mientras la sociedad exigía respuestas, muchos cordobeses percibieron una ausencia difícil de ignorar: la del intendente Daniel Passerini.
- POR AF PARA CONFIRMADO
La discusión no pasa por determinar responsabilidades penales, tarea exclusiva de la Justicia. Lo que se cuestiona es la respuesta política frente a un caso que terminó exponiendo interrogantes sobre controles municipales, habilitaciones comerciales y fiscalizaciones en ámbitos nocturnos que hoy están bajo la lupa pública.
A medida que avanzó la investigación y comenzaron a trascender allanamientos, clausuras y procedimientos en distintos establecimientos, la sensación de vacío político se hizo cada vez más evidente. Mientras la noticia dominaba la agenda provincial y nacional, desde el municipio las explicaciones llegaron tarde, fueron escasas o simplemente no lograron despejar las dudas que empezaban a acumularse.
La ciudadanía esperaba algo más que comunicados administrativos. Esperaba liderazgo. Esperaba una voz clara capaz de transmitir qué controles existían, qué falló y qué medidas concretas se adoptarían para evitar que una tragedia semejante volviera a repetirse.
La gestión municipal reaccionó anunciando revisiones y controles, pero para muchos vecinos esas medidas llegaron cuando el daño ya estaba hecho. La percepción instalada fue la de una administración que actuó empujada por el escándalo y no por una política preventiva eficaz.
El caso Agostina también volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión: ¿qué tan presente está el Estado municipal en determinados circuitos nocturnos? ¿Los controles son suficientes? ¿Las inspecciones funcionan como deberían? ¿Existen zonas donde las reglas parecen aplicarse con menos rigor que en otras?
Son preguntas incómodas, pero inevitables.
La conmoción social provocada por el asesinato no puede quedar reducida exclusivamente a un expediente judicial. También interpela a las instituciones que tienen la obligación de controlar, prevenir y actuar antes de que ocurran las tragedias.
Por eso, el debate sobre la actuación de Passerini no es una cuestión partidaria. Es una discusión sobre liderazgo político. En momentos de crisis extrema, los ciudadanos esperan ver a sus dirigentes al frente de los problemas y no observándolos desde la distancia.
La Justicia deberá determinar quiénes son los responsables del crimen de Agostina Vega. Pero la sociedad también tiene derecho a exigir explicaciones a quienes administran la ciudad y a preguntarse si todo lo que debía hacerse para prevenir situaciones de riesgo efectivamente se hizo.
Porque cuando una tragedia de esta magnitud golpea a una comunidad, el silencio, la demora o la falta de respuestas terminan convirtiéndose también en parte del problema.
En una ciudad atravesada por el dolor, la indignación y las dudas, el rol de los máximos responsables políticos debería ser el de dar explicaciones, asumir responsabilidades institucionales y ponerse al frente de los reclamos ciudadanos. Sin embargo, para numerosos sectores sociales, la reacción del Palacio 6 de Julio estuvo lejos de estar a la altura de la gravedad de los acontecimientos.
