Caso Odebrecht: el juez Casanello ordenó el decomiso de un helicóptero comprado con dinero de las coimas
Pese a que la causa penal contra los imputados prescribió, el magistrado aplicó una figura del Código Penal que permite confiscar bienes de origen ilícito. El fiscal Carlos Rívolo solicitó que la aeronave sea entregada al Ministerio de Seguridad de l
Pese a que la causa penal contra los imputados prescribió, el magistrado aplicó una figura del Código Penal que permite confiscar bienes de origen ilícito. El fiscal Carlos Rívolo solicitó que la aeronave sea entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación.
BUENOS AIRES. En un fallo de fuerte impacto institucional vinculado al escándalo internacional de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el decomiso definitivo de un helicóptero. El magistrado dio por probado que la aeronave fue adquirida mediante una compleja maniobra de lavado de activos financiada con el dinero de los sobornos pagados a funcionarios públicos argentinos.
Lo distintivo de la resolución radica en que se trata de un decomiso sin condena penal. Si bien la Cámara Federal de Apelaciones había declarado la prescripción de la acción penal para los cuatro imputados de la causa, Casanello determinó que la extinción de la persecución penal no blanquea los bienes de procedencia espuria, fundamentando su decisión en los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación.
La ruta del dinero y la compra de la aeronave.
La investigación judicial se originó en febrero de 2019 a raíz de un reporte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El organismo detectó transferencias ilícitas desde firmas offshore pertenecientes a Odebrecht hacia cuentas bancarias en Uruguay. El titular de esas cuentas era un empresario que actuaba como intermediario en el circuito de coimas.
El destino final de esos fondos negros estaba ligado a la licitación para la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, dependiente de la empresa estatal AySA (maniobra que actualmente se ventila en un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 7).
De acuerdo con la reconstrucción judicial llevada adelante junto al fiscal federal Carlos Rívolo (subrogante de la Fiscalía N° 6):
Año 2012: Una parte de los sobornos (estimada en un circuito de USD 1.715.000) fue transferida a la firma Helicopter Corporation S.A. para adquirir el helicóptero, intentando darle una fachada de licitud al dinero.
Ocultamiento: Cuatro años más tarde, la aeronave fue transferida a Fusion Blue Servicios Aéreos, una sociedad pantalla de reciente constitución y sin capacidad económica real, con el único objetivo de “alejar el bien de su fuente ilícita”.
El rechazo a la “buena fe” de las empresas pantalla.
En su resolución, el juez Casanello desestimó de forma tajante los argumentos de la defensa, que pretendían ampararse en el sobreseimiento por prescripción para reclamar la devolución del vehículo aéreo. Apoyado en informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (actualmente ARCA), el magistrado remarcó que las maniobras de ocultamiento eran evidentes.
“Derivar de un sobreseimiento licitud o buena fe es un razonamiento falaz: dicha decisión sólo implica obturar la posibilidad de perseguir penalmente a una persona”, sostuvo Casanello en el fallo.
Además, el juez concluyó de manera contundente sobre el derecho de propiedad en estos contextos:
“La propiedad sólo existe válidamente en la medida de que sea adquirida a través de los medios que el derecho permite. En este caso, la titularidad que emerge de los registros está viciada en su origen por haberse originado en base a la comisión de graves hechos ilícitos, lo que determina la inexistencia de un derecho”.
Destino: Fuerzas Federales
Tras conocerse la resolución, el fiscal Carlos Rívolo solicitó formalmente que, una vez que el fallo quede firme, el helicóptero sea puesto de manera inmediata a disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación. El objetivo de la fiscalía es que el vehículo sea asignado formalmente a alguna de las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o PSA) para el combate del delito.
Redacción: Nova Comunicaciones.
