La CGT evalúa paros por sectores para escalar su pulseada con Milei - Informe Digital
La central estudia un esquema a la francesa para sostener la presión sin un paro general único y sortear el Mundial.
La CGT todavía no definió fecha ni modalidad para su próxima ofensiva contra el Gobierno, pero ya empezó a discutir una estrategia que busca sostener el conflicto sin apostar todo a un solo paro general. La idea, que algunos dirigentes bautizaron como semana social de protesta, apunta a aumentar la presión sobre Javier Milei con medidas escalonadas y por sectores.
Después de llevar sus reclamos a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la conducción cegetista recibirá el miércoles próximo, a las 11, a referentes de las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte, la alimentación y la energía. Allí comenzará a ordenarse el plan de lucha en un escenario que combina malestar gremial, receso por el Mundial y una relación cada vez más tensa con la Casa Rosada.
El disparador fue la reglamentación de la reforma laboral, interpretada en la central obrera como un nuevo avance sobre el poder sindical. En la CGT leen esa decisión como un golpe al financiamiento de los gremios, a los convenios colectivos y al modelo de representación vigente, y por eso buscan una respuesta que no quede reducida a una protesta aislada.
La mayoría de los dirigentes coincide en que hay que descongelar las medidas de fuerza, pero no hay consenso sobre cómo hacerlo. Salvo el ala más dura, no gana terreno la idea de convocar al quinto paro general contra Milei: temen que el acatamiento sea flojo, que muchos trabajadores no quieran resignar salario o presentismo y que, aun así, el Gobierno no modifique su rumbo.
A esa cautela se suman las presiones internas. Sectores como la UOM, La Fraternidad y los gastronómicos empujan por un paro de 36 horas, mientras la conducción intenta evitar una jugada que exponga debilidad si la adhesión no acompaña.
En ese marco volvió a tomar fuerza una propuesta que Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), ya había planteado en la discusión del último paro general: un esquema similar al que se aplicó en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron en 2023.
Ese modelo no paraliza todo el país de una vez. Organiza paros por sectores y en forma secuenciada: una semana se frenan trenes, energía y refinerías; la siguiente, recolección de residuos, educación y transporte urbano; y así se alternan actividades, con movilizaciones diarias, hasta desembocar en una medida nacional. La lógica es sostener la presión durante semanas sin que cada trabajador pierda salario por largos períodos.
Schmid y otros dirigentes de la CATT, como Juan Pablo Brey, sostienen que un paro aislado pierde eficacia y vienen empujando dentro de la CGT un plan de lucha a la francesa. La idea ya sumó adhesiones y empezó a circular como semana social de protesta.
La discusión se abrirá primero con las confederaciones sindicales y luego pasará al Consejo Directivo cegetista. Después podrían intervenir el plenario de secretarios generales o el Comité Central Confederal, aunque en la cúpula prefieren antes ordenar el mecanismo de decisión y asegurar que la modalidad elegida tenga respaldo real.
Ese punto no es menor: en la conducción quieren que a las reuniones asistan los jefes de los sindicatos y no delegados de segunda o tercera línea, para evitar compromisos débiles o apoyos que después no se traduzcan en acatamiento efectivo.
Mientras tanto, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), se mueve otra agenda. Según anticipó Infobae, allí conversan con otros gremios del sector para impulsar un paro docente después del 19 de julio, cuando termine el Mundial, en reclamo de una mejora salarial para un piso que sigue en $500 mil.
Incluso si prospera el modelo francés, la CGT chocará con límites legales y políticos. La Ley de Modernización Laboral obliga a mantener servicios mínimos en actividades esenciales como transporte, salud, recolección de residuos y energía, y el Gobierno podría responder con conciliación obligatoria, una herramienta que ya derivó en sanciones millonarias para gremios como La Fraternidad.
La UTA también aparece en el radar por el antecedente de la cuarta huelga general, cuando el servicio de colectivos se paralizó sólo en el AMBA por una conciliación vigente en el interior. La eventual multa, calculada sobre la cantidad de trabajadores alcanzados, podría trepar a 70 mil millones de pesos, aunque todavía no concluyeron los relevamientos para definir si hubo desobediencia.
En ese cruce entre presión sindical, riesgo de sanciones y desgaste político, la CGT busca una fórmula que le permita sostener la ofensiva sin quemar una carta demasiado rápido. La referencia francesa, por ahora, funciona como guía para una pulseada que recién empieza a tomar forma.
