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Cuestion Entrerriana 11/06/2026 13:55 7 min de lectura

Gremios estatales advirtieron por un brutal ajuste y pidieron frenar la reforma previsional en el Senado entrerriano

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Gremios estatales advirtieron por un brutal ajuste y pidieron frenar la reforma previsional en el Senado entrerriano
Foto: Cuestion Entrerriana

En el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, senadores provinciales escucharon durante tres horas a los gremios estatales que rechazaron en duros términos las modificaciones a la Ley 8.732, el régimen previsional de Entre Ríos.

El encuentro de trabajo fue presidido por el senador Gustavo Vergara (Diamante Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Villaguay Más Para Entre Ríos). Comenzó a las 9 y se extendió hasta el mediodía, con la presencia de 16 senadores y un grupo de diputados como oyentes.

Allí, las conducciones sindicales expusieron las razones por las cuales se oponen al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo.

ATE habló de brutal ajuste y pérdida del 82% móvil

En primer término expuso la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Entre Ríos (ATE). Su secretario general, Oscar Muntes, junto al secretario de Organización, Víctor Sartori, reivindicaron la fortaleza de la Multisectorial que sostiene que el proyecto de ley es contrario a los trabajadores y trabajadoras.

Muntes remarcó que no somos los responsables de este déficit, fueron los que tuvieron la responsabilidad de gobernar, y denunció un brutal ajuste, que destroza el 82% móvil, y se pierde el espíritu solidario del sistema, sentenció.

En ese sentido, advirtió que las bajas irán a un 61% del salario y, en jubilaciones diferenciadas, hasta un 51%. También habló de un mayor aporte previsional y de la consecuente disminución del poder adquisitivo.

Tenemos que trabajar en un sistema diferente, buscar otro camino para vivir en paz, con mayor equidad y justicia, señaló el titular de ATE, por lo que solicitó a los legisladores no avanzar con este proyecto, reclamó.

Por su parte, Sartori definió la iniciativa como un proyecto de ajuste y se detuvo en los números. Desglosó varios artículos y pidió que se analice el proyecto alternativo que la Multisectorial presentó en la Cámara de Diputados, basado en un fideicomiso de sustentabilidad para la Caja.

AJER cuestionó la emergencia y alertó por pérdida de hasta 36%

Luego fue el turno de la Asociación Judicial de la Provincia de Entre Ríos (AJER). Su secretario general, José María Segura, y Mabel Pedrero dejaron sentada una postura en coincidencia con la Multisectorial.

Pedrero apuntó que la emergencia planteada por el Poder Ejecutivo es falaz y que la misma da pie a la delegación de facultades, cuestionó.

Al tomar la palabra, Segura advirtió sobre la eliminación de derechos de los trabajadores y el deterioro de los salarios que conlleva a un deterioro de la sociedad.

El dirigente judicial puso de relieve el principal problema del 82% y señaló que, de las 13 Cajas no transferidas del país, la mayoría paga el 82% sobre los últimos años de aportes.

En este punto, deslizó simulaciones con las fórmulas previstas en la iniciativa oficial, con una pérdida estimada de entre 30% y 36% en relación a la jubilación actual. También hizo foco en los planteos de inconstitucionalidad que se presentarían y citó antecedentes en otros regímenes.

UEJN habló de proyecto regresivo y usina de litigios

Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Seccional Entre Ríos (UEJN), se hizo presente Alfredo Britos, quien calificó la iniciativa como un proyecto regresivo, con ejes centrales insostenibles que serán usina de litigios asegurada, alertó.

En ese sentido, mencionó entre los puntos más conflictivos la disminución del haber inicial, la nueva modalidad de actualización del haber previsional y la creación de un aporte solidario extra, entre otros aspectos cuestionados.

APLER pidió que el déficit no recaiga sobre los trabajadores

Por último, el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Sergio Almeida, sostuvo ante los senadores que el proyecto perjudica a los trabajadores y es advertido por todos los sectores, enfatizó.

Planteó la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento para la Caja, porque el déficit no debe caer en las espaldas de los trabajadores, reclamó.

En el espacio abierto para preguntas y diálogo, se abordaron temas como la posible afectación de haberes de jubilados actuales, la paridad de género, los cálculos y datos específicos, además de más detalles sobre el proyecto de ley que los gremios elaboraron y presentaron en la Cámara de Diputados.

Quiénes participaron por el Senado

Además de Vergara y Cosso, estuvieron presentes los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz Más para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria Más Para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala Más Para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia Juntos por Entre Ríos) y Hernán Méndez (Islas Juntos Por Entre Ríos).

Qué dice el proyecto de reforma previsional

El proyecto en debate consta de 46 artículos. En su Título 1 declara el estado de emergencia económica y financiera, configurativo de causal de fuerza mayor y con carácter de orden público, del sistema previsional provincial, hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga.

La emergencia alcanza a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria, así como a Municipios y Comunas adheridos al sistema previsional y a los demás sujetos alcanzados por la Ley 8.732 y sus modificatorias.

Se autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional.

Entre los cambios centrales, se establece un aporte personal extraordinario adicional, calculado sobre el total de la remuneración bruta del personal en actividad, quedando exceptuados quienes perciban haberes menores a $3.000.000.

Por cada $1.000.000 por encima de ese monto se suma 1 punto porcentual de aporte, hasta llegar al tope de $16.000.000 con un 8% de aporte adicional. Además, se incrementan en un 3%, con carácter excepcional, los aportes patronales.

En el Título 2 se reafirma el carácter de orden público de la norma, su aplicación a los tres poderes del Estado y se introducen modificaciones a distintos artículos de la Ley del sistema previsional. Allí se precisan las funciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos y de su presidente.

El artículo 18 establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria común los afiliados que: a) hubieran cumplido 65 años de edad; b) acrediten 35 años de servicios computables en uno o más regímenes comprendidos en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria.

La edad jubilatoria para aquellos afiliados que comiencen a aportar al sistema previsional provincial con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley será de 68 años.

En los artículos siguientes se regulan el derecho a la jubilación ordinaria especial, jubilación por edad avanzada, jubilación por invalidez y pensión.

En cuanto al haber de la jubilación ordinaria, se fija que será equivalente al 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes efectuadas al momento de la cesación en el servicio.

Por último, el Título 3 contempla las disposiciones finales y normas transitorias. Se establece que la nueva edad prevista comenzará a regir una vez transcurridos 5 años desde la entrada en vigencia de la ley.

Cumplido ese plazo, la edad jubilatoria se incrementará de manera gradual a razón de 6 meses por cada año calendario, hasta alcanzar los 65 años. Asimismo, se incrementará la exigencia de servicios a razón de 1 año de aporte por cada 2 años calendario, hasta llegar a los 35 años de servicio.

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