Desde AmCham hasta el CELS: fuertes críticas al proyecto del Gobierno para regular el lobby - Parlamentario
Los expositores convocados a la segunda reunión informativa reclamaron cambios al texto oficial y advirtieron por las amplias definiciones y las sanciones que se prevén.
Los expositores convocados a la segunda reunión informativa reclamaron cambios al texto oficial y advirtieron por las amplias definiciones y las sanciones que se prevén.
Fotos: HCDN
Representantes de cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y distintas instituciones plantearon fuertes críticas al proyecto de ley enviado por el Gobierno para regular la actividad del lobby, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, que se extendió por cuatro horas.
La iniciativa, bajo el título Ley de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, recibió cuestionamientos en cuanto a su redacción, más puntualmente sobre las amplias definiciones y duras sanciones penales que contempla.
Si bien algunos invitados expresaron su postura a favor de una regulación, todos coincidieron en que el texto del Ejecutivo posee muchos aspectos alarmantes para quienes desarrollen esta actividad.
La de este miércoles fue la segunda reunión informativa; días atrás asistió un funcionario del Ministerio del Interior a defender el proyecto, mientras que algunos diputados autores de iniciativas defendieron sus propuestas alternativas.
En el cierre de la extensa reunión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que se intentará llegar a un dictamen que reúna el mayor consenso posible y atienda a los planteos y las objeciones que nos han hecho llegar. Además, habló de sucesivas reuniones por delante, lo que vislumbra que el tiempo de tratamiento de este tema se extenderá, pues no existen acuerdos y la iniciativa de Casa Rosada no encontró respaldo.
En primer lugar, Alejandro Díaz, CEO la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, sostuvo que AmCham respalda firmemente toda iniciativa que fortalezca la transparencia y la calidad institucional, en particular aquellas relacionadas con la interacción público y privada. Esta característica está en la identidad y ADN de nuestra cámara.
A continuación, se manifestó a favor de una norma sólida, equilibrada y de aplicación efectiva y afirmó que desde nuestra perspectiva, una buena ley debe apoyarse en tres pilares fundamentales: el primero, la claridad conceptual; segundo, la viabilidad operativa; y tercero, la proporcionalidad y la promoción de buenas prácticas.
Alejandro Díaz
Sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, Díaz afirmó que en el texto tienen que precisarse algunas definiciones. Debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación, sugirió, al tiempo que pidió claridad respecto de su implementación inicial y situaciones preexistentes. También opinó que el registro de gestores no debería funcionar como una barrera en el ejercicio de gestión de intereses.
Nos preocupa la incorporación de sanciones penales, confesó el representante de AmCham, quien recomendó un régimen de sanciones administrativas que sí sea gradual, proporcional y progresivo. Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en la elaboración de políticas públicas, advirtió.
A su turno, Ángeles Naveyra, presidente de la Fundación Barbechando, aclaró: Nuestro rol es proveer información, dar y conectar a las partes involucradas y acercar evidencia técnica, y contribuir con datos, para que quienes tienen la responsabilidad de legislar lo hagan con los mejores insumos. La gestión de intereses es y ha sido siempre un hecho innegable, existe; también es una expresión del derecho poder peticionar ante las autoridades, sumó.
Al igual que el CEO de AmCham, la representante de la asociación en favor de los intereses del agro confirmó que acompañan el objetivo general de dotar de mayor transparencia, publicidad e integridad a la actividad, pero una regulación de esta naturaleza tiene que ser equilibrada y proporcional. Y solicitó que esto debe hacerse sin generar barreras totalmente innecesarias para la actividad de los gestores de intereses, al expresarse en contra de una excesiva regulación y sugerir cambios al proyecto del Gobierno.
También con reparos al texto oficial, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, resaltó que la regulación del lobby es necesaria y la Argentina mantiene una deuda pendiente en esta materia. Sin embargo, el mensaje del Poder Ejecutivo presenta deficiencias estructurales graves.
El primer problema se encuentra en la definición de gestión de intereses. Su redacción es tan amplia que comprende literalmente cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública. No distingue entre actividades remuneradas o gratuitas, profesionales o espontáneas, permanentes u ocasionales, señaló y cuestionó la criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades y la incorporación de tipos penales de una severidad sin precedentes.
En una larga exposición, García subrayó que la amplitud de sus definiciones permite que la adecuación profesional cotidiana de miles de abogados quede comprendida en la categoría de gestión de intereses, mientras que el secreto profesional de los abogados no aparece mencionado ni una sola vez en todo el proyecto. Finalmente, pidió no aprobar el proyecto en su redacción actual, sino trabajar en una regulación que sea eficaz para garantizar la transparencia, respetuosa de los derechos profesionales y compatible con el funcionamiento de una democracia profesional.
María Baron, directora Ejecutiva Global de Directorio Legislativo, consideró que este proyecto tiene varias definiciones que necesitan un poco más de taxatividad, y alertó que hay actores que no están tan bien definidos y no hay referencias sobre periodistas, colectivos y organizaciones que no están legalmente constituidas. Otros problemas que observó son los referidos a la autoridad de aplicación, las sanciones y el registro.
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