Ex empleados de Balcedo apelan y buscan reactivar el remate - Informe Digital
Reclaman casi US$ 2 millones y cuestionan la suspensión de El Gran Chaparral, frenada por un exhorto de la Justicia argentina.
Los trece ex empleados de Marcelo Balcedo y Paola Fiege apelaron la suspensión del remate de la chacra El Gran Chaparral, en el Cerro de los Burros, y buscan que la subasta se reactive para cobrar créditos laborales que arrastran desde 2018. La medida había sido frenada por la jueza laboral de 7° Turno de Maldonado, Ecatherina Cardozo, a partir de un exhorto del juez federal argentino de La Plata Ernesto Kreplak.
Los trabajadores reclaman casi 2.000.000 de dólares y sostienen que la suspensión los deja sin el único mecanismo concreto para recuperar lo adeudado. Sus abogados calificaron la decisión como inoportuna porque se tomó a siete días hábiles del remate, cuando la publicidad ya estaba publicada y el martillero Gabriel Etcheverry había afrontado los gastos.
La discusión por la competencia
El primer eje de la apelación apunta a la competencia. Los letrados sostienen que un exhorto de cooperación internacional en materia penal debe ser recibido por un juez penal y no por un tribunal laboral. El juez penal es el natural para recibir ese tipo de cooperación y no un juez laboral, remarcó el abogado Guillermo Ahlers, en un escrito que también firmó María Eugenia Nocetti.
Según plantearon, el Juzgado de Crimen Organizado de Uruguay ya había sostenido antes ese criterio sin que Cardozo cambiara su postura. También cuestionan que la magistrada no haya explicado con suficiente claridad por qué se remitió al pedido recibido desde Argentina a través de la autoridad central.
Balcedo fue detenido el 4 de enero de 2018 en El Gran Chaparral, en un operativo coordinado entre la justicia argentina y uruguaya. Kreplak ya investigaba al ex secretario general del SOEME en la causa FLP 2436/2015/22, donde está acusado de liderar una organización destinada a cometer delitos, lavar activos y desviar fondos sindicales para beneficio propio.
En ese expediente, donde ya fueron condenados ex colaboradores de Balcedo, se sostiene que el sindicato funcionaba como base de la estructura y que parte del dinero habría salido del vaciamiento de las arcas gremiales. En el allanamiento a la finca se secuestraron 500.000 dólares en efectivo, cerca de 4,5 millones de pesos argentinos, euros, armas largas y cortas con municiones, vehículos de alta gama y animales exóticos. La fiscalía uruguaya calificó ese procedimiento como la mayor incautación de dinero en efectivo registrada en ese país.
En un proceso abreviado en Uruguay, Balcedo y Fiege admitieron su responsabilidad por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas. La condena del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno quedó firme el 1 de octubre de 2020.
Tras cumplir el régimen de libertad vigilada, la pareja volvió a residir en la mansión. En Argentina, la extradición pedida en 2018 sigue sin resolución. La Cámara Federal de Casación de La Plata rechazó en marzo de 2026 el pedido de Balcedo de garantías de no detención en caso de regresar al país.
El fondo del reclamo
Para los ex empleados, el punto central es que tienen fallos firmes a su favor y un embargo anterior al cautelar argentino, anotado en el registro como Camacho, Luis y otros. Ejecución de sentencia. N° 17.734, 26/10/2022. La Justicia uruguaya no debe paralizar un remate por el pedido de un juez argentino cuando ni siquiera hay sentencia en ese país, sostuvieron en el escrito.
A su entender, el Estado argentino solo cuenta con un embargo preventivo en una causa que todavía no tiene condena para Balcedo. Por eso afirman que la suspensión solo beneficia a Balcedo y Fiege, que seguirán en El Gran Chaparral mientras el conflicto se discute en Argentina.
La apelación también recordó antecedentes de la propia Cardozo. Según los abogados, años atrás la jueza había resuelto seguir adelante con embargos sobre bienes de Balcedo cuando el juzgado penal sostenía que no podía afectarlos por el pedido argentino, en una disputa de competencia que terminó resolviendo la Suprema Corte de Justicia. Ahora, remarcan, adoptó la posición contraria.
Tal como informó este medio, el exhorto que motivó la suspensión provino del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata. Ernesto Kreplak actuó a instancias de la fiscal federal María Laura Roteta y del fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quienes tomaron conocimiento del remate a través de medios periodísticos y verificaron el edicto en el Diario Oficial uruguayo.
El Estado argentino había pedido el embargo de El Gran Chaparral mediante exhorto del 15 de junio de 2018, reiterado en septiembre de 2019 y ampliado en diciembre de 2022 por un total de 26.000.000 de dólares.
La postura de Kreplak apunta a que, si la subasta se concreta, el dinero sea girado a su juzgado para resarcir a las víctimas argentinas del vaciamiento del SOEME, del que Balcedo era secretario general. Los fiscales sostuvieron que el remate era a todas luces, improcedente porque sobre el inmueble pesan medidas cautelares vigentes desde 2018 y porque un informe del Equipo Multidisciplinario uruguayo, creado por el Decreto N° 1786/2024, reconoció en mayo de 2025 la preferencia del Estado argentino sobre el bien.
La causa argentina sigue sin Balcedo ni Fiege, que aún no fueron extraditados. El 18 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a Mauricio Yebra mano derecha de Balcedo en el gremio y a varios exfuncionarios del SOEME por haber desviado más de 2.500 millones de pesos de los afiliados.
