Control penal y tecnología: Entre Ríos incorpora nuevas tobilleras electrónicas para supervisar prisiones domiciliarias - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
En un movimiento estratégico para modernizar el sistema de control penal y descomprimir las cárceles de la provincia, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos anunció la incorporación de 40 nuevos dispositivos de vigilancia electrónica. La
En un movimiento estratégico para modernizar el sistema de control penal y descomprimir las cárceles de la provincia, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos anunció la incorporación de 40 nuevos dispositivos de vigilancia electrónica. La medida, acordada con el Gobierno nacional, permitirá elevar a 241 el total de tobilleras activas en el territorio provincial, reforzando la fiscalización de las medidas dispuestas por los tribunales entrerrianos.
La iniciativa se formalizó mediante la firma de un acta complementaria entre el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco del programa federal de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.
Optimización de recursos y descompresión penitenciaria
La ampliación del cupo de dispositivos busca optimizar los recursos operativos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER). Al permitir que los internos que cuenten con el aval legal cumplan sus penas o detenciones preventivas bajo la modalidad domiciliaria, se logra un doble impacto: garantizar un monitoreo infalible y aliviar la habitabilidad dentro de las unidades penales de la provincia.
«Esta ampliación constituye una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades operativas del Servicio Penitenciario, mejorar los mecanismos de control y contribuir a una gestión más eficiente del sistema penal», destacaron desde la cartera que conduce Roncaglia.
Las reuniones técnicas y de gestión para coordinar el despliegue de los nuevos equipos contaron con la participación del director general del SPER, Alejandro Miotti, y el subdirector, inspector general Santiago García. Las 241 unidades serán administradas y auditadas las 24 horas de manera directa por el departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico de la fuerza penitenciaria provincial.
Financiamiento nacional y compromisos provinciales
El acuerdo rubricado establece una sinergia de responsabilidades entre ambas jurisdicciones:
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Soporte financiero: El Estado nacional asumirá la totalidad de los costos derivados de la prestación del servicio de monitoreo a distancia y el soporte tecnológico de las nuevas unidades.
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Contraprestación provincial: Entre Ríos se comprometió a garantizar los estándares operativos del programa a través de la confección de informes socioambientales previos a la instalación, el seguimiento humano permanente de los tutelados y el envío periódico de estadísticas criminales a la Nación.
Con este avance, la provincia consolida una política criminal sustentada en la tecnología de vanguardia, promoviendo procesos de reinserción social supervisada y asegurando el cumplimiento estricto de las órdenes dictadas por el Poder Judicial.
