El Gobierno derogó 58 normas económicas y profundiza la desregulación en comercio, industria y consumo
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El Gobierno nacional derogó 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo, al considerar que habían perdido vigencia o sustento jurídico tras las reformas impulsadas por la actual gestión.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y se enmarca en el proceso de desregulación promovido por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, la medida se articula con la llamada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que ya obtuvo media sanción en Diputados y propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes para reducir la sobrerregulación y avanzar en la desburocratización del Estado.
Clarificar el marco legal y reducir la inseguridad jurídica
Según se detalla en los considerandos, la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica.
El texto oficial sostiene que las disposiciones eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos regulatorios que fueron modificados o derogados, entre ellos la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y la norma que creó el Observatorio de Precios, por lo que, según se argumenta, han perdido su objeto y aplicabilidad.
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno remarcó que la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, situación que genera incertidumbre sobre cuáles continúan vigentes.
Además, advirtió que ese escenario provoca una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida, por lo que consideró necesario avanzar en una revisión permanente del plexo normativo para que el Estado se enfoque en normativas relevantes y prioritarias y pueda brindar respuestas más rápidas y transparentes.
Qué normas se derogaron y a qué áreas impactan
Entre las normas alcanzadas por la medida figuran resoluciones vinculadas al control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y disposiciones relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
En particular, la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME dispuso la derogación de:
22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.
30 normativas de los programas Ahora 12 y Cuota Simple, herramientas de intervención indirecta en las condiciones crediticias para el consumo.
4 normativas que obligaban a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, esquema que, según el Gobierno, incentivaba la distorsión de precios al promover aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios.
1 normativa accesoria al programa Precios Cuidados, orientada al control de precios de productos de consumo masivo.
1 normativa que duplicaba mecanismos de atención ya existentes para adolescentes consumidores. En este punto, se elimina la superposición y se concentran los reclamos en un canal especializado que, de acuerdo con la resolución, garantiza una respuesta más ágil y eficiente.
Listado de resoluciones y disposiciones alcanzadas
La resolución detalla una nómina precisa de normas derogadas. Entre ellas se encuentran:
La Resolución N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior y sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
Las Resoluciones N° 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
Las Resoluciones N° 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
La Resolución N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025, que había eliminado la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
La Resolución N° 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
La Disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
La Resolución N° 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
Las Resoluciones N° 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022, con su modificatoria N° 148/2022, todas ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
Las Resoluciones N° 254/2019 y 43/2022, vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.
La Ley Hojarasca y el objetivo de simplificar el marco regulatorio
La medida se suma al proceso de simplificación regulatoria impulsado por el Gobierno y corre en paralelo al proyecto de Ley Hojarasca, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone la derogación de decenas de leyes consideradas por el oficialismo como obsoletas, anacrónicas o incompatibles con el actual marco normativo.
Entre los ejes centrales de esa iniciativa se encuentra la derogación masiva de más de 70 normas vigentes, muchas de ellas sancionadas hace décadas, bajo el argumento de que perdieron aplicación práctica, fueron superadas por leyes posteriores o responden a contextos históricos ya inexistentes.
El texto también apunta a la eliminación de normas redundantes, en particular aquellas que fueron reemplazadas por marcos regulatorios más modernos, como regulaciones sobre vacunación, hidrocarburos o beneficios específicos que hoy están contemplados en leyes más amplias.
Otro capítulo se concentra en la supresión de leyes obsoletas por avances tecnológicos, entre ellas las vinculadas a la microfilmación de documentos, la televisión a color o mecanismos antiguos de almacenamiento y comunicación.
Asimismo, el proyecto propone la revisión de normas que afectan libertades individuales, como leyes que habilitan controles sobre reuniones privadas, circulación o actividades culturales, muchas de ellas dictadas en contextos de fuerte intervención estatal o durante gobiernos de facto.
En la misma línea, se prevé la reducción de la burocracia estatal mediante la eliminación de leyes que crean organismos, comisiones o fondos considerados innecesarios o con funciones superpuestas, así como trámites administrativos calificados como redundantes o sin utilidad actual.
La iniciativa incluye además la eliminación de regulaciones sobre organismos inexistentes, es decir, normas vinculadas a entidades que ya no funcionan o programas que nunca se implementaron pero que permanecen formalmente vigentes en el sistema legal.
Otro punto relevante es el de los cambios en el financiamiento de entidades: el proyecto modifica leyes para quitar aportes estatales a organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que deberán sostenerse con recursos propios.
También se plantea la eliminación de beneficios y privilegios específicos otorgados a determinados sectores o actividades, bajo la premisa de evitar distorsiones y desigualdades dentro de un mismo ámbito.
En síntesis, la Ley Hojarasca busca la simplificación del marco regulatorio para facilitar su conocimiento y cumplimiento por parte de ciudadanos y empresas, apoyada en el principio de máxima libertad, según el cual los derechos no requieren ser creados por ley y debe regir un esquema en el que todo esté permitido salvo lo expresamente prohibido.
