China importará un campamento minero y crece el rechazo industrial - Informe Digital
El megaproyecto Vicuña adjudicó Batidero a un consorcio chino y la industria local denuncia menos empleo y más importaciones.
La adjudicación del campamento Batidero para el megaproyecto de cobre Vicuña, en San Juan, abrió una fuerte controversia en la industria argentina. El consorcio encabezado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., ganó el contrato para traer desde China una ciudad modular destinada a alojar a miles de trabajadores mineros, una decisión que reavivó las quejas por el desplazamiento de proveedores locales y la pérdida de empleo.
La obra prevé una instalación inicial de 2.500 camas en Batidero, pero el esquema de trabajo rotativo en la minería llevará la ocupación a entre 3.500 y 5.000 personas. Con el avance del proyecto, la demanda podría escalar hasta 12.000 trabajadores, lo que obligaría a ampliar el complejo a 6.000 plazas. El modelo elegido consiste en módulos prefabricados de acero, ensamblados en la montaña y entregados listos para usar, con mobiliario y electrodomésticos incluidos.
Los módulos, fabricados por Beijing Chengdong, fueron presentados como casas contenedor móviles y resistentes, pensadas para soportar las condiciones extremas de la cordillera sanjuanina. El consorcio asiático cotizó la obra en 52 millones de dólares y dejó atrás a la empresa nacional Modular Homes, que ofertó 70 millones. La diferencia de 18 millones representa apenas una porción mínima de los 18.000 millones de dólares que demandará el desarrollo total de Vicuña.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, sostuvo que la decisión golpea de lleno a la cadena de valor local. Según sus cálculos, fabricar los módulos en Argentina cuesta 1.300 dólares por metro cuadrado, mientras que en China ronda los 500 dólares, más 200 de flete internacional. Aun así, remarcó que el ahorro final es marginal frente al volumen total de la inversión y que la producción nacional habría generado al menos 400 empleos directos, contra los 50 que exige la logística y el montaje de los módulos importados.
Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, se presenta como el emprendimiento minero más importante de la historia argentina, con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa requiere 7.000 millones para la construcción y puesta en marcha de Josemaría y luego prevé la expansión hacia el depósito Filo del Sol. El objetivo es convertir a la Argentina en uno de los principales exportadores de cobre, con 400.000 toneladas anuales durante un cuarto de siglo.
Uno de los cuestionamientos más fuertes del sector empresario apunta a la desigualdad de condiciones para competir con proveedores extranjeros. Rudoni señaló que la empresa china, además de operar con capital estatal y subsidios en origen, accedió a exenciones impositivas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Para el dirigente, ese esquema inclina la cancha: si la firma argentina hubiera tenido el mismo beneficio fiscal, podría haber presentado una oferta todavía más baja.
La industria local asegura que la construcción modular en el país tiene capacidad instalada para abastecer grandes proyectos mineros y energéticos. Según la Cámara, hay más de cien empresas especializadas, con una fuerte participación de insumos nacionales, sobre todo acero y paneles de cerramiento fabricados en el país. Rudoni recordó además que Ecosana, la empresa que preside, levantó campamentos para 1.600 personas en el sector energético y que durante la pandemia se montaron once hospitales modulares en cuarenta días.
El impacto sobre el empleo y la red de proveedores es el punto más sensible del conflicto. Al importar los módulos, la mayor parte del valor agregado queda fuera del país. Rudoni estimó que la producción local habría demandado más de 400 empleos directos, mientras que la importación solo requiere unas 50 personas para el montaje y la logística en San Juan. También advirtió que unas cincuenta empresas proveedoras quedarían relegadas a un papel marginal.
La controversia también alcanza a la calidad de los insumos importados. Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular sostienen que los módulos chinos no igualan los estándares de los fabricados en Argentina, sobre todo en adaptación antisísmica y resistencia a la amplitud térmica de la cordillera. Los empresarios remarcan, además, que el traslado desde China implica un costo logístico alto, justamente uno de los factores que impulsó el desarrollo de esta industria en el país.
El debate por Batidero expone la tensión entre la llegada de inversiones extranjeras y la necesidad de sostener el entramado industrial argentino. Aunque el RIGI busca atraer proyectos de gran escala con beneficios fiscales y aduaneros, sus efectos sobre la producción local y el empleo generan preocupación. Rudoni y otros referentes sectoriales pidieron una mesa de diálogo con las mineras para revisar el impacto de estas decisiones y ampliar la participación de la industria nacional.
El caso no es aislado. En una entrevista transmitida por Infobae en Vivo, los participantes mencionaron otros antecedentes recientes en los que proveedores locales quedaron afuera frente a competidores extranjeros, como la importación de caños para un gasoducto clave, donde una empresa india desplazó a una firma nacional.
Las cámaras CACMI, CAPRIMSA y CAPMIN insisten en revisar los criterios de adjudicación en los proyectos estratégicos. Sostienen que priorizar solo el precio, sin medir el efecto sobre el empleo y la economía interna, limita el desarrollo industrial y refuerza la lógica de importar soluciones llave en mano. En ese marco, el campamento de San Juan quedó convertido en un símbolo del choque entre la urgencia de invertir y la pelea por el trabajo argentino.
El complejo modular importado desde China funcionará como base de operaciones para la fase inicial del megaproyecto cuprífero. Sus impulsores defienden la instalación exprés y la capacidad de escalar el sistema, pero la diferencia de costos entre ambas ofertas 1.900 dólares por metro cuadrado en el caso chino puesto en sitio, frente a 2.500 en la propuesta argentina sigue siendo considerada insuficiente por los referentes locales frente al impacto económico y social que deja la decisión.
El debate sobre el derrame de las grandes inversiones mineras sigue abierto. Mientras el sector empresario reclama que los beneficios fiscales se traduzcan en más empleo y más proveedores argentinos, el futuro de obras como la ciudad minera de San Juan dependerá de cómo se resuelva esa pulseada entre precio, escala y desarrollo local.
