Desalojos en Paraná: el Municipio va a la Justicia pero no dice qué hará con las familias
Tras siete meses del edicto de desalojo en calle Sarmiento, la comuna avanzará legalmente pero no informa sobre relocalización ni asistencia social para los ocupantes.
¿Qué pasa cuando el Estado decide recuperar un espacio público pero se olvida de las personas que viven ahí? En Paraná, el Municipio acaba de anunciar que irá a la Justicia para desalojar las familias que ocupan la traza de calle Sarmiento, pero guarda un silencio preocupante sobre el destino de esos vecinos.
La decisión llega siete meses después de que la comuna publicara un edicto intimando a los ocupantes a liberar el espacio en un plazo que calificó como improrrogable y perentorio de 48 horas. Era noviembre de 2025, y la advertencia sonaba tajante: el terreno estaba en gestión de donación para incorporarse a la vía pública.
Pero la realidad se impuso. Según reconoce el propio decreto municipal, las construcciones continúan en el lugar. Las familias no se fueron, y ahora la pelota pasa a los tribunales. El expediente arrancó por reclamos vecinales que denunciaban la imposibilidad de dar continuidad a la calle en la intersección con Italia.
La historia es más larga de lo que parece. Las primeras intimaciones datan de diciembre de 2019, cuando ya se ordenaba retirar viviendas precarias que impedían el libre acceso al espacio público. Durante 2025, el Municipio volvió a la carga con nuevas intimaciones y edictos, pero las inspecciones confirmaron lo obvio: las familias siguieron ahí.
La Asesoría Legal municipal argumenta que la comuna está facultada para repeler las construcciones irregulares ilegítimas, no autorizadas y clandestinas. Suena contundente, pero hay un detalle que complica el panorama: un informe de la Dirección de Prevención y Seguridad recomendó que cualquier desalojo sea ordenado por la Justicia, sugiriendo medidas preliminares y el inicio de una acción civil.
Lo que más llama la atención es lo que no dice el decreto. Aunque menciona que se realizaron relevamientos sociales y notificaciones individualizadas a los ocupantes, no reproduce nombres ni detalla cuántos grupos familiares están involucrados. Los datos obran en el expediente, pero el público no los conoce.
Más grave aún: ni una palabra sobre qué ocurrirá con las familias que actualmente habitan el sector. El Municipio se extiende en fundamentos legales para recuperar la traza, pero no informa si existe un plan de relocalización, asistencia social o solución habitacional. Tampoco precisa si hay adultos mayores o menores de edad, ni si intervendrán áreas de desarrollo humano o emergencia social.
La pregunta queda flotando en el aire: ¿es posible recuperar un espacio público sin garantizar una solución digna para quienes lo habitan? El derecho a la ciudad no puede resolverse solo con decretos y expedientes judiciales.
