Crisis en Bolivia: El Congreso autorizó al presidente Rodrigo Paz a desplegar al Ejército en las calles
En una sesión maratónica, el Poder Legislativo aprobó la ley que faculta el uso de las Fuerzas Armadas para despejar los bloqueos de rutas que mantienen al país virtualmente paralizado desde hace cinco semanas. La oposición denuncia una virtual inmu
En una sesión maratónica, el Poder Legislativo aprobó la ley que faculta el uso de las Fuerzas Armadas para despejar los bloqueos de rutas que mantienen al país virtualmente paralizado desde hace cinco semanas. La oposición denuncia una virtual “inmunidad” para los uniformados.
LA PAZ En el marco de la peor crisis económica que sufre Bolivia en las últimas cuatro décadas, el Congreso nacional aprobó este domingo una ley clave que autoriza al presidente Rodrigo Paz a utilizar al Ejército para desactivar los bloqueos de rutas. Las protestas, encabezadas por sectores campesinos, mineros y del transporte, exigen de forma unánime la renuncia del mandatario y mantienen sitiada a la sede de Gobierno.
La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados en la madrugada de este domingo, tras un debate ininterrumpido de 15 horas, y ya contaba con el aval previo del Senado. Según detalló el jefe del Legislativo, Roberto Castro, el documento fue enviado de inmediato a la Casa Grande del Pueblo para su promulgación.
Con este marco legal, el presidente Paz quien asumió el poder hace seis meses evalúa declarar en las próximas horas el estado de excepción. Esta medida le otorgará el uso extendido de la fuerza militar y suspenderá temporalmente derechos fundamentales como las libertades de reunión y de movilización. Hasta el momento, el control civil de las rutas dependía exclusivamente de la policía antimotines, cuyas capacidades se vieron desbordadas.
Un país paralizado y al borde del desabastecimiento.
La medida extrema responde al impacto crítico de los cortes de rutas, que ya se extienden de manera sistemática en al menos 80 puntos estratégicos del territorio boliviano.
Zonas Críticas: El cerco afecta gravemente a La Paz y El Alto, provocando un desabastecimiento agudo de alimentos básicos, medicamentos, gas licuado y combustibles líquidos. También registran afectaciones de diversa consideración las regiones de Cochabamba, Oruro y Potosí.
Colapso Energético: Las estaciones de servicio registran filas kilométricas. Cientos de choferes particulares y de carga pesada llevan más de una semana durmiendo en el interior de sus vehículos a la espera de nafta o diésel.
Escalada Violenta: El último sábado, un violento choque en la localidad de San Julián (Santa Cruz) entre la policía y manifestantes que usaban escombros y troncos dejó un saldo de 14 civiles y 6 efectivos heridos.
La polémica por la “presunción de legalidad” militar.
El punto de mayor fricción política en el texto aprobado radica en el artículo que establece que los miembros de las Fuerzas Armadas gozarán de presunción de legalidad durante las operaciones del estado de excepción, obligando al Estado a asumir su defensa jurídica ante eventuales denuncias por violaciones a los derechos humanos.
“Este artículo es de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos, estén dispuestos a protegernos”, defendió el diputado oficialista Carlos Alarcón.
El objetivo central de esta cláusula es blindar a la cúpula castrense frente al temor de futuros juicios penales. En la memoria institucional del país pesa el antecedente de los jefes militares de la gestión de Jeanine Áñez (2019-2020), quienes terminaron tras las rejas por la represión posterior a la salida de Evo Morales, que se cobró más de 30 vidas.
El trasfondo político.
A sus 58 años, el presidente Rodrigo Paz ha intentado reiteradas convocatorias al diálogo, pero las organizaciones matrices endurecieron su postura: pasaron de exigir mejoras salariales a reclamar su salida directa del poder.
Desde el Ejecutivo culpan de manera directa al expresidente Evo Morales (2006-2019) de coordinar las protestas para desestabilizar la gestión. El líder cocalero niega su participación mientras permanece refugiado en su feudo del Chapare, resguardado por sus bases para evitar una orden de aprehensión de la Fiscalía en una causa por presunta trata de menores.
Redacción: Nova Comunicaciones.
