Biocombustibles en el Senado: el Gobierno apoya un nuevo marco legal para aumentar el nivel de corte
El secretario de Energía, Daniel González, respaldó el proyecto oficialista en la Cámara Alta. Mientras los sectores del etanol y las grandes aceiteras acompañan la iniciativa, las pymes de biodiésel reclaman mantener sus cupos actuales para no perde
El escenario político nacional comenzó el mes de junio con una intensa actividad en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo decidió retomar con fuerza la agenda legislativa impulsando una serie de reformas estructurales que impactan de manera directa sobre el sector agroindustrial.
A través de un conjunto de nuevas iniciativas enviadas para su debate y otras que ya se encuentran en etapas avanzadas de sanción, el Poder Ejecutivo busca reconfigurar el marco regulatorio de actividades productivas clave, abarcando desde la matriz energética hasta el derecho de propiedad y la gestión ambiental en el territorio rural.
Entre los proyectos que mayor interés despiertan en el ámbito agropecuario se destaca el nuevo marco legal para los biocombustibles, las modificaciones a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, además de una novedosa y transversal normativa de regulación del lobby.
Esta última propuesta promete transformar la relación institucional de todas aquellas empresas, cooperativas y entidades del campo que mantengan contacto con funcionarios públicos para gestionar intereses sectoriales.
Motores y reformas
El Senado de la Nación volvió a transformarse en el epicentro de la discusión energética al retomar el debate en comisiones sobre el futuro de los biocombustibles.
Esta reactivación parlamentaria cobró fuerza luego de que el oficialismo presentara su propia iniciativa legislativa por intermedio de Patricia Bullrich.
En paralelo, la exsecretaria de Energía, Flavia Royón, puso sobre la mesa una propuesta alternativa, lo que obligó a buscar puntos de consenso entre las distintas fuerzas.
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La gran novedad política de las últimas jornadas fue la intervención del secretario de Energía de la Nación, Daniel González, quien reconoció abiertamente la necesidad de trabajar en una nueva ley que apunte a elevar los porcentajes de corte obligatorio en los combustibles fósiles.
Durante su exposición, el funcionario nacional brindó un respaldo explícito al proyecto impulsado por la jefa del bloque libertario, lo que marca una clara orientación de la Casa Rosada hacia la desregulación y ampliación del mercado de energías verdes.
Esta postura gubernamental cosechó apoyos inmediatos dentro de la cadena productiva. Los representantes del sector etanolero, vinculados tanto a la producción de caña de azúcar como de maíz, manifestaron su aval a la iniciativa oficialista, una respuesta que se replicó entre las grandes empresas integradas de biodiésel.
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Sin embargo, el debate no estuvo exento de contrapuntos. Los principales cuestionamientos provinieron de las empresas no integradas y de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de biodiésel.
Los directivos de estas firmas plantearon la necesidad de mantener el esquema actual de cortes y distribución de cupos o, en caso de avanzar hacia una ampliación del corte general al 15 %, garantizar el actual 7,5 % de reserva para el sector pyme con el fin de proteger las fuentes de trabajo en el interior del país.
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Por otra parte, la Cámara Alta se encuentra lista para otorgar media sanción al proyecto de ley que promueve la inviolabilidad de la propiedad privada, un texto que introduce dos reformas de altísimo impacto para el productor agropecuario.
En primer lugar, se abordan las modificaciones a la polémica Ley de Manejo del Fuego. La propuesta oficialista estipula la eliminación completa de los plazos restrictivos de 30 y 60 años que actualmente impiden llevar adelante actividades agropecuarias o desarrollos productivos en aquellas tierras que hayan sufrido incendios.
Con este cambio, se busca evitar la penalización automática del propietario afectado por un siniestro, aclarando asimismo que los bosques nativos continuarán bajo el régimen de protección que establece su propia ley específica.
El segundo eje de este proyecto apunta a la Ley de Tierras Rurales, descentralizando los controles actuales al establecer que las provincias serán las únicas responsables de evaluar y aprobar la venta de campos a compradores extranjeros.
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A pesar de esta flexibilización, la normativa bajo análisis mantendrá la prohibición absoluta para la adquisición de tierras en zonas consideradas de seguridad de fronteras, una restricción que aplica tanto para personas físicas como jurídicas extranjeras, así como para firmas que cuenten con participación de gobiernos de otros Estados nacionales.
Finalmente, el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo nacional contempla la creación de un Registro de Lobbistas, una iniciativa de transparencia transversal orientada a registrar de manera obligatoria todo contacto formal que realicen representantes del sector privado con funcionarios públicos con el fin de gestionar intereses.
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Si bien la mayoría de los bloques parlamentarios recibió con agrado la propuesta, ya se analizan modificaciones destinadas a desburocratizar el proceso de inscripción, precisar las definiciones de las actividades incluidas y eliminar el régimen penal de sanciones contemplado originalmente.
En el plano social y de infraestructura, los senadores aprobaron además en comisión la creación de un programa de seguridad para la geolocalización e identificación de escuelas rurales en emergencias, sumando una herramienta clave para la protección del interior profundo.
