El cinismo del narcotest: Cuando el control llega para tapar el horror de las complicidades políticas - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
La política cordobesa nos tiene acostumbrados a los golpes de efecto y a la cosmética discursiva, pero lo que está ocurriendo en el Palacio 6 de Julio cruza un límite ético intolerable. El anuncio del intendente Daniel Passerini sobre un proyecto de
La política cordobesa nos tiene acostumbrados a los golpes de efecto y a la cosmética discursiva, pero lo que está ocurriendo en el Palacio 6 de Julio cruza un límite ético intolerable. El anuncio del intendente Daniel Passerini sobre un proyecto de ordenanza para extender el «narcotest» y el control de antecedentes penales a todo el personal municipal no es una muestra de transparencia ni de rigurosidad; es una burda cortina de humo, un manotazo de ahogado para despegar a su gestión del horror y salvar el pellejo político del oficialismo.
Ahora, Passerini se muestra «preocupado» por el ordenamiento del Estado y exige celeridad legislativa al Concejo Deliberante. Cabe preguntarse: ¿Dónde estaba esa misma rigurosidad antes de que el horror golpeara la puerta de los cordobeses?
Un «becario» con prontuario en las filas municipales
El detonante de esta súbita «purga» tiene nombre y apellido: Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el brutal femicidio de Agostina Vega, una adolescente de apenas 14 años. Lo indignante no es solo el crimen en sí, que estremece a la provincia, sino el entramado de impunidad que le permitió a este sujeto caminar por los pasillos de la Municipalidad como becario en el área de Tránsito, e incluso se sospecha que este año ingresó a la planta permanente.
Barrelier no era un desconocido que se filtró por una rendija burocrática. Su prontuario y sus vínculos eran un secreto a voces en el «bajo mundo» cordobés y en las altas esferas del poder:
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Antecedentes graves: El año pasado ya había sido imputado por la justicia por el delito de privación ilegítima de la libertad (secuestro) contra una mujer. Salió en libertad condicional tras pagar una fianza millonaria de cinco millones de pesos. ¿Nadie en el municipio se enteró?
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Vínculos con las barra bravas: Su nombre aparece fuertemente ligado a las facciones más violentas de la barra de Instituto de Córdoba, un ámbito históricamente aceitado por la militancia territorial y el manejo de favores políticos.
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Sospechas de narcotráfico: Sobre Barrelier pesan desde hace tiempo sospechas directas de vinculación con la comercialización de estupefacientes en la periferia de la ciudad.
Resulta de un cinismo absoluto que Passerini proponga un «narcotest» para los empleados cuando el municipio cobijaba en sus filas a un personaje con este nivel de sospechas y antecedentes criminales.
La rosca política por encima del dolor: El «salvataje» a Ricardo Moreno
Si el ingreso de Barrelier a la Municipalidad es escandaloso, el trasfondo de su designación deja al desnudo el peor rostro de la vieja política. El imputado por el femicidio llegó a su puesto recomendado por el concejal oficialista Ricardo Moreno, referente de las 62 Organizaciones.
La relación entre ambos es estrecha y asfixiante: Moreno no solo lo cobijó políticamente desde la pandemia a través del sindicato de repartidores (SiTraRePa), sino que actuó como su abogado defensor en la causa por secuestro del año pasado. Para colmo, el yerno de Moreno, Jorge Sánchez del Bianco, asumió la defensa de Barrelier en las primeras horas de la desaparición de Agostina, apartándose recién cuando el horror se hizo inocultable al hallarse los restos de la menor en barrio Ampliación Ferreyra.
Ante semejante nivel de promiscuidad política y judicial, la reacción del intendente Passerini no fue la de buscar la verdad, sino blindar al oficialismo.
La maniobra de ordenar el regreso del secretario Raúl La Cava a su banca en el Concejo Deliberante tiene un único y oscuro objetivo: desplazar a Ricardo Moreno antes del jueves para evitar la humillación política de que los bloques opositores lo expulsen en el recinto. No hay una condena ética real; hay un cálculo de daños. Prefieren una retirada estratégica del concejal cuestionado antes que permitir el debate público sobre cómo el oficialismo financia y cobija a estos punteros.
Todo muy oscuro
La reestructuración express del gabinete (con Andrea Ledesma asumiendo en Desarrollo Social) y la desesperada propuesta de los controles médicos y de antecedentes son tácticas de distracción masiva. El peronismo cordobés, en su afán de permanencia y control territorial, ha alimentado durante años estructuras opacas donde se mezclan el sindicalismo de choque, las barras y el delito.
Mientras la familia de Agostina Vega llora una pérdida irreparable y la sociedad cordobesa exige respuestas y justicia -con un pedido de jury de enjuiciamiento ya en marcha contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por su inacción previa-, el intendente Passerini prioriza la ingeniería política para que las esquirlas del caso no afecten su gestión.
En Córdoba, los intereses políticos y el blindaje del poder siguen estando por encima del dolor, la verdad y la justicia. El «narcotest» que hoy nos quieren vender no es más que el reactivo de la propia hipocresía gubernamental.
Fuente: Cadena Entrerriana
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