La caja negra del poder entrerriano - Confirmado
El desfalco de los 53 millones de dólares en Entre Ríos entra en etapa de definiciones. El perverso sistema de recaudación política que salpica a las máximas autoridades legislativas y las escandalosas maniobras de cobertura. El caso mediáticamente c
El desfalco de los 53 millones de dólares en Entre Ríos entra en etapa de definiciones. El perverso sistema de recaudación política que salpica a las máximas autoridades legislativas y las escandalosas maniobras de cobertura.
El caso mediáticamente conocido como Contratos Truchos cuya brutal presión social obligó a los fiscales a relanzar como la versión Contratos II acaba de revelar su dato más escandaloso. De los 770 contratos que investiga la Justicia entrerriana por el desvío de unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018, al menos 256 personas cobraban en simultáneo un doble sueldo de la Cámara de Senadores y de la de Diputados.
La lista completa es un desfile de apellidos directamente ligados al poder político. Lejos de tratarse de ñoquis aislados o de una avivada de empleados menores, la pesquisa judicial deja al descubierto un engranaje sistémico, una ingeniería de recaudación política perfectamente aceitada que contaba con el aval y la firma de las más altas esferas del Palacio Legislativo.
El modus operandi: La farsa del empleado infiel
La farsa de que los grandes jerarcas de la política fueron mexicaneados por secretarios que servían café se cae a pedazos. Los contratos eran reales, legales y tenían toda la documentación respaldatoria firmada por las máximas autoridades. El delito no era la falsificación del papel, sino la apropiación del dinero público: una vez aprobados los contratos, los operadores les arrebataban el grueso del sueldo a los trabajadores.
La torta presupuestaria se distribuía con precisión quirúrgica: un alto porcentaje quedaba en manos de los presidentes de ambas Cámaras, y el remanente se repartía entre los presidentes de bloque. Estos últimos asignaban los contratos según el peso específico de cada legislador, su territorio geográfico o su caudal de votos.
Resulta inverosímil sostener que figuras de la talla de José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Lauritto o Laura Stratta ignoraran semejante drenaje de fondos que se llevaba hasta el 40% del presupuesto legislativo. Sus firmas eran el motor que validaba el proceso.
Los ojos y oídos en el lugar justo
Para que el sistema funcionara sin fisuras, se colocaron piezas estratégicas en puestos clave de control. Dos nombres propios exponen esta matriz de presunto encubrimiento:
- Néstor Diez: Traído desde Concepción del Uruguay por el entonces vicegobernador y presidente del Senado, José Lauritto. Diez fue designado subdirector de administración para convertirse en los ojos y oídos de Lauritto, controlando de cerca las finesas del director Juan Domingo Orabona.
- José María Otegui: El caso más paradigmático de la gestión de María Laura Stratta al frente del Senado. Stratta lo nombró director administrativo y, sobre el cierre de su mandato, logró catapultarlo estratégicamente a la Fiscalía N° 6 del Tribunal de Cuentas. De esta manera, Otegui pasó de ser el responsable de los gastos y contrataciones de Stratta a ser el auditor encargado de revisarlos. Una jugada magistral para garantizar la impunidad.
La complicidad judicial y los cabos sueltos
Esta matriz corrupta no nació en 2018. Ya en los años 2015, 2016 y 2017 existían denuncias de contratados a quienes les retenían hasta el 80% de sus haberes. Sin embargo, en los pasillos de tribunales el pacto de caballeros era explícito: Si avanzamos, caen todos. Las causas prescribieron por el paso del tiempo permitido por la propia Justicia.
Existe además una alarmante contradicción: los mismos fiscales que investigan este desfalco ignoran los expedientes abiertos por enriquecimiento ilícito contra exvicegobernadores y jefes de bloque como Allende, Urribarri, Ballestena y Hernán Vitullo. La pregunta es obvia: ¿De dónde salió la fortuna que no pueden justificar si no se la vincula con este desvío de fondos?
Un peligroso antecedente ocurrió en 2021, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobreseyó a un imputado de la oficina del ex diputado Troncoso, argumentando que el Ministerio Público Fiscal estiró los plazos de la investigación sin justificación. Esa causa se había iniciado en septiembre de 2018 por la denuncia de Carlos Cozzi, a quien le retenían el 70% de su sueldo.
Días después, el 20 de septiembre de 2018, la Policía desató el escándalo actual al sorprender a Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo en un cajero del Nuevo Banco de Entre Ríos en Paraná, retirando millones con decenas de tarjetas de débito ajenas.
Hacia el banquillo de los acusados
Hoy, bajo la órbita de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, la causa avanza hacia el juicio oral tras validar las reformulaciones de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. El actual gobernador, Rogelio Frigerio, ya ordenó en el ámbito legislativo la investigación y nulidad de estos contratos bajo sospecha.
El proceso cuenta actualmente con 18 imputados (luego de que 12 acusados firmaran suspensiones de juicio a prueba o probation). El cruce de planillas expone la matemática de la estafa:
| Listado de Contratos Analizados | Cantidad de Nombres |
| Contratos Cámara de Senadores (HSER) | 552 |
| Contratos Cámara de Diputados (HCDER) | 452 |
| Total de Contratos Cruzados | 1004 |
| Personal Duplicado (Cobraban en ambas Cámaras) | 256 |
El futuro juicio oral promete un desfile inédito de la dirigencia entrerriana. Entre la extensa lista de testigos clave citados por la Fiscalía se encuentran el exvicegobernador Adán Bahl; los exsenadores nacionales Sigrid Kunath y Pedro Guastavino; los exsecretarios parlamentarios Natalio Gerdau y Nicolás Piernini; autoridades contables como Federico Tomas, Aurelio Miraglio, Claudia Kelly y Rodrigo Andrés Zabala, además de directivos de primera línea del Banco de Entre Ríos, Enersa, Pilay y altos funcionarios del organismo recaudador nacional, ARCA (ex AFIP).
La jueza Barbagelata enfrenta ahora el desafío crucial del proceso: no dejar afuera de la foto el desmedido e injustificado incremento patrimonial de los jefes políticos que firmaron y sostuvieron esta estructura durante una década.
