Cacace dijo que la falta de reglas en semillas le cuesta US$6000 millones - Informe Digital
El funcionario de Sturzenegger vinculó la pérdida a la propiedad intelectual y pidió más inversión y respaldo político.
La falta de reglas claras sobre propiedad intelectual en semillas le cuesta a la Argentina miles de millones de dólares y frena productividad frente a sus competidores. Así lo planteó el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, durante el Congreso Maizar 2026, donde anticipó que el Gobierno avanza con un nuevo certificado para reforzar los derechos de los obtentores y destrabar un conflicto que el sector arrastra hace años.
En el encuentro realizado en el Goldencenter de Buenos Aires, referentes públicos y privados coincidieron en que el agro necesita dejar la defensiva y meterse de lleno en la discusión política para hacer valer su peso. La señal fue clara: además del orden macroeconómico, el sector reclama reglas que premien la innovación y den previsibilidad a la inversión tecnológica.
Cacace explicó que el impacto de esa desprotección se ve en la productividad. En maíz, dijo, la condición de híbrido y el pago por la semilla fiscalizada permiten que Argentina crezca al 1,1% anual, casi al nivel de Estados Unidos, que avanza al 1,2%. En soja, en cambio, la brecha se agranda: el país crece al 0,6% frente al 1,2% estadounidense.
Esto no es un sector contra otro, sino una pérdida de recursos para toda la economía, remarcó. Luego precisó ante LA NACION que la falta de reglas sobre propiedad intelectual en semillas le está costando al país alrededor de US$6000 millones.
El funcionario también apeló a un cambio cultural en la forma de negociar y puso como ejemplo a Uruguay. Contó que en el Inase del país vecino encontró a productores, desarrolladores tecnológicos y autoridades trabajando en la misma mesa, con mayor respeto por los contratos, más formalización y más control estatal.
En su diagnóstico, la Argentina arrastró durante años una lógica de suma cero alimentada por la inflación alta y los tipos de cambio diferenciales. Ahora estamos en una situación de mayor orden macroeconómico, sostuvo, al plantear que ese nuevo escenario debería abrir paso a reglas más estables para invertir y producir.
También fue tajante sobre el reclamo por una baja de retenciones: dijo que, para que el esquema sea sustentable, provincias y municipios deben acompañar con un ajuste del gasto público y una reducción del peso del Estado.
La pérdida de oportunidades también marcó la intervención de Germán Weiss, productor agropecuario y miembro de CREA. Señaló que entre 25 y 30 millones de hectáreas podrían producir y no lo hacen por falta de condiciones, y cuestionó la idea de que el agro no genera empleo urbano: según sus números, la cadena del maíz aporta casi 300.000 puestos de trabajo.
La mirada regional apareció con fuerza en el cierre del panel. Paulo Bertolini, presidente de Abramilho, repasó cómo Brasil pasó de importar alimentos a convertirse en potencia global y atribuyó ese salto no solo a la tecnología, sino también a la organización política a través del Instituto Pensar Agro y el Frente Parlamentario Agropecuario, que reúne a más de 300 legisladores.
En la misma línea, el diputado cordobés Luis Picat hizo una autocrítica sobre la debilidad del lobby agropecuario en la Argentina. Dijo que el sector sigue con un mensaje atomizado y que necesita salir de la tranquera e integrarse más a la comunidad para ganar peso en la discusión pública.
Picat agregó que el Congreso tiene una alta rotación y que eso obliga a las entidades a hacer docencia permanente. También señaló la fragmentación regional de los bloques políticos como una de las trabas para que la agroindustria sea defendida como un solo interés nacional.
