Banfi propone regular y transparentar las actividades del cónyuge presidencial - Parlamentario
La diputada radical presentó un proyecto para crear un régimen de transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades y el uso de recursos públicos por parte de la pareja del Presidente.
La diputada radical presentó un proyecto para crear un régimen de transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades y el uso de recursos públicos por parte de la pareja del Presidente.
La diputada nacional Karina Banfi presentó un proyecto de ley para establecer un Régimen de Transparencia del Cónyuge Presidencial, con el objetivo de regular las actividades que este realice en representación del Poder Ejecutivo o que impliquen el uso de fondos públicos.
La iniciativa busca cubrir un vacío legal en torno a un rol que, si bien no tiene estatus formal dentro de la estructura estatal, suele involucrar funciones institucionales, protocolares e incluso de carácter político.
Según el texto, el régimen alcanzará tanto a quienes estén casados con el jefe de Estado como a quienes mantengan una relación convivencial pública y estable. En ese marco, se establece que toda actividad desarrollada con respaldo del erario público deberá estar debidamente formalizada y sujeta a mecanismos de control.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las actividades en representación del Ejecutivo deberán ser autorizadas previamente mediante resoluciones administrativas que detallen objetivos, agenda, recursos asignados y viáticos. Finalizada cada gestión, se exigirá la presentación de comprobantes de gastos ante la Secretaría General de la Presidencia.
Además, la iniciativa introduce criterios de transparencia activa, obligando a publicar de manera digital y accesible información clave como: la agenda de actividades, el presupuesto asignado, el detalle de los gastos, el personal afectado y su escala salarial.
El proyecto también establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales, en línea con los estándares de la Ley de Ética Pública. Estas deberán incluir bienes propios, participación en sociedades, antecedentes laborales y posibles conflictos de intereses, con actualizaciones periódicas y una presentación final al concluir la función.
Otro aspecto relevante es que el régimen se extiende a actividades realizadas en el marco de fundaciones u organizaciones, incluso cuando se trate de roles ad honorem, siempre que estén vinculados a la condición de cónyuge presidencial.
En los fundamentos, Banfi señala que, aunque el rol de la denominada Primera Dama o equivalente no está formalmente regulado ni remunerado, suele implicar el uso de recursos estatales como logística, transporte o personal y una participación activa en la agenda pública.
En ese sentido, advierte que actualmente no existe una obligación clara de rendir cuentas sobre esas actividades, lo que genera un área de opacidad dentro del sistema institucional. Se trata de garantizar que toda acción realizada en nombre del Estado o financiada con recursos públicos esté sujeta a estándares de transparencia, plantea la iniciativa.
El proyecto se apoya en principios constitucionales y en normas vigentes como la Ley de Ética Pública y la Ley de Acceso a la Información, y propone equiparar las exigencias de rendición de cuentas a cualquier persona que ejerza funciones en representación del Estado.
