Comisión determinó repudiar el Decreto de traspaso de rutas nacionales
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Cruz dictaminó por unanimidad un repudio al Decreto Nacional 253/2026, en el marco del debate por el traspaso de rutas nacionales a la provincia. Durante la reunión, el refere
La Cámara de Diputados de Santa Cruz analizó la situación generada a partir del Decreto 253/2026, publicado por el Gobierno nacional, que habilitó a Santa Cruz y otras jurisdicciones a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales. El tema fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se plantearon cuestionamientos por el impacto que podría tener la medida en la infraestructura vial, el sostenimiento operativo de las rutas y la continuidad laboral de los trabajadores del sector.
Durante la exposición, Nahuel Santibáñez, representante sindical de la Dirección Nacional de Vialidad - Distrito 23 Santa Cruz, advirtió que la aplicación del esquema de concesiones presenta numerosos puntos sin resolver. Entre ellos, señaló la falta de condiciones materiales para instalar peajes, la ausencia de controles de peso efectivos, el deterioro de corredores estratégicos y la imposibilidad de garantizar un sistema sustentable con el actual nivel de circulación vehicular en la provincia.
Uno de los ejes centrales del planteo estuvo vinculado al estado de la Ruta Nacional 3, considerada una vía clave para la conectividad de Santa Cruz. Según lo expuesto ante los legisladores, la ruta atraviesa una situación crítica por el desgaste acumulado, la falta de mantenimiento suficiente y las dificultades para sostener controles permanentes sobre el tránsito pesado.
El referente vial también marcó como problema la falta de operatividad de las balanzas destinadas al control de peso. En ese sentido, planteó que sin instrumentos homologados y en funcionamiento resulta inviable controlar la circulación de cargas, lo que profundiza el deterioro de la calzada y vuelve más complejo cualquier esquema de concesión o cobro de peaje.
Otro de los puntos observados fue el bajo flujo vehicular en distintos tramos de la red vial santacruceña. La preocupación expuesta giró en torno a la posibilidad de que un sistema de peajes no logre recaudar lo necesario para financiar obras, mantenimiento, personal, equipamiento y controles, especialmente en una provincia de grandes distancias y menor densidad de tránsito en comparación con otros corredores del país.
En la comisión también se puso en discusión el alcance jurídico del decreto. El planteo realizado ante los diputados indicó que, aun cuando se transfiera la gestión de determinados tramos a la provincia, las rutas continuarían bajo jurisdicción nacional. Esa condición generó cuestionamientos por la posibilidad de que Nación conserve facultades sobre los corredores y deje a Santa Cruz con responsabilidades operativas, financieras y administrativas sin una garantía clara de recursos.
La incertidumbre laboral fue otro de los puntos señalados durante el debate. La exposición advirtió sobre el futuro de los trabajadores viales ante un eventual cambio de esquema, especialmente frente a la posibilidad de que se reduzcan funciones, se modifiquen estructuras operativas o queden áreas sin definición concreta dentro del nuevo sistema.
