Las sombras del desarme nuclear: el polémico permiso de "acceso preliminar" que abre las puertas de la CNEA a capitales extranjeros - Confirmado
Tras una sigilosa inspección de funcionarios estadounidenses a tres centros atómicos estratégicos, el Gobierno habilitó un mecanismo administrativo para que inversores privados puedan relevar material nuclear, instalaciones y documentación técnica. L
Tras una sigilosa inspección de funcionarios estadounidenses a tres centros atómicos estratégicos, el Gobierno habilitó un mecanismo administrativo para que inversores privados puedan relevar material nuclear, instalaciones y documentación técnica.
- Por AF para Confirmado
La soberanía tecnológica y el resguardo de los activos más sensibles del país entraron en una zona de profunda turbulencia. Una serie de documentos internos confirmaron que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un inédito procedimiento administrativo denominado Acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas. Este mecanismo le permite a empresas e inversores privados ingresar a las plataformas del Estado para auditar recursos estratégicos que históricamente estuvieron bajo estricto secreto y protección estatal.
El alcance de lo que el Gobierno pone a disposición de los privados incluye infraestructura crítica, plantas, complejos, equipamiento pesado y yacimientos de uranio. También abarca el patrimonio inmaterial, compuesto por antecedentes operativos y documentación técnica asociada al desarrollo nuclear argentino. La medida generó un inmediato estado de alerta en el sector científico y en el Congreso de la Nación, donde la oposición ya presentó pedidos de informes para determinar si esta apertura vulnera la Ley de Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos y las normativas vigentes de seguridad física.
El factor Washington: de la inspección secreta a la auditoría de compra
La habilitación de este permiso de acceso preliminar no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un proceso de alineamiento geopolítico que tuvo su punto más crítico a principios de mayo. Durante esos días, una comitiva integrada por siete funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos recorrió en total hermetismo las instalaciones de los Centros Atómicos de Constituyentes, Ezeiza y Bariloche.
Si bien la justificación oficial de la visita se encuadró bajo convenios de cooperación técnica y protocolos de Protección Física, la simultaneidad con la apertura administrativa encendió las alarmas. Diversos especialistas del sector nuclear y trabajadores de la CNEA denunciaron que la recorrida norteamericana operó en los hechos como una auditoría de compra o un sistema de vigilancia externa. El interés de Washington apunta de forma directa al control de las cadenas de suministro de minerales críticos y al potencial del uranio argentino, en un contexto global de fuerte disputa por los recursos energéticos.
¿Nueva traición a la seguridad nacional?
El debate técnico y legal sobre si esta medida configura un delito de traición a la seguridad nacional divide aguas, pero la gravedad institucional es innegable. Desde la perspectiva jurídica estricta, la figura de traición a la patria requiere elementos muy específicos de hostilidad extranjera o conflicto armado que no aplican de forma directa a una reforma administrativa o una privatización. No obstante, desde el punto de vista de la seguridad estratégica y la geopolítica, los expertos advierten que entregar el control, el inventario y la documentación técnica de reactores y materiales radiactivos a potencias extranjeras implica una pérdida inédita de soberanía y una vulneración flagrante a los protocolos de seguridad nacional.
La decisión oficial de facilitar el ingreso de capitales privados a la estructura de la CNEA tensiona al límite los tratados internacionales y el prestigio del programa nuclear argentino, reconocido mundialmente por su carácter pacífico y su autonomía tecnológica. Lo que el sector científico denuncia como un remate camuflado bajo la forma de iniciativas privadas coloca a los activos atómicos del país en una situación de vulnerabilidad extrema, donde la frontera entre la cooperación internacional y la entrega patrimonial quedó prácticamente desdibujada.
Plan Cóndor
Para la memoria histórica del sector de defensa, esta intromisión evoca de forma directa las presiones ejercidas por Washington en los años noventa para condicionar el desarrollo científico y militar local. Bajo la lógica de las relaciones carnales del gobierno de Carlos Menem, la Casa Blanca exigió y logró la desarticulación y destrucción del proyecto del misil balístico Cóndor II, un desarrollo de las Fuerzas Armadas que otorgaba autonomía estratégica a la región y que fue cancelado por decreto para desactivar cualquier sospecha de proliferación armamentística en el Cono Sur. Esta subordinación sistemática se consolidó también mediante la ratificación obligada del Tratado de Tlatelolco y la parálisis presupuestaria impuesta a los reactores de la CNEA durante esa misma década, mecanismos utilizados por el Departamento de Estado para mantener a la Argentina dentro de las fronteras tecnológicas permitidas y bajo una estricta supervisión periférica.
