Histórico fallo en Concordia: la Justicia Federal ordena restituir pensiones por discapacidad y sienta precedente en Entre Ríos
Un fallo de la Justicia Federal de Concordia marcó un hito en Entre Ríos al ordenar la restitución de pensiones no contributivas para personas con discapacidad que habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de la primera resolución favorable de este tipo en la provincia, tras años de rechazos administrativos y demoras que afectaron a miles de beneficiarios.
El abogado patrocinante, Horacio Velázquez Pens, explicó que la decisión judicial permitió revertir situaciones de extrema vulnerabilidad social. En Entre Ríos estamos sentando jurisprudencia con un fallo favorable por primera vez en favor de las personas con discapacidad en los juzgados federales, destacó.
Rechazos masivos y demoras críticas
Según detalló el letrado, durante 2024 y 2025 numerosos expedientes fueron rechazados con argumentos vinculados a la imposibilidad de verificar datos patrimoniales o antecedentes clínicos. El argumento era que no podían cruzar datos con registros automotores o inmobiliarios, ni volver a verificar el historial clínico, señaló.
Estas demoras dejaron sin ingresos a personas con patologías severas y en condiciones económicas extremas. Tengo casos de pacientes con cáncer y situaciones de vulnerabilidad total, afirmó Velázquez Pens.
Impacto del desmantelamiento administrativo
El abogado también advirtió que la situación se agravó tras los cambios en la estructura de ANDIS, que pasó a depender del Ministerio de Salud. Se desmanteló la agencia y ahora todo resulta mucho más dificultoso, sostuvo.
A esto se suman problemas para acceder a los certificados médicos oficiales necesarios para iniciar los trámites, especialmente en algunas ciudades entrerrianas. Hay miles de personas esperando en todo el país y muchas sobreviven gracias a familiares o changas mínimas, agregó.
Judicialización forzada y tiempos prolongados
Ante la falta de respuestas administrativas, los damnificados debieron recurrir a amparos y pedidos de sanciones para destrabar los expedientes. Los amparos están llevando entre un año y un año y medio, precisó el abogado.
Un precedente para toda la provincia
El fallo conocido en Concordia ordenó restituir el beneficio a personas cuya situación médica y social ya había sido acreditada mediante evaluaciones oficiales. La resolución abre la puerta a que otros casos similares en Entre Ríos puedan obtener una respuesta favorable en sede judicial.
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