Las dos empresas que compiten por la Hidrovía ofrecieron el mismo precio de peaje - AHORA Entre Ríos
Jan de Nul y DEME, ambas de origen belga, ofertaron una tarifa menor que la que se cobra actualmente. El Gobierno evaluará las propuestas y decidirá cuál se queda con la estratégica concesión
La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay entró en una etapa decisiva luego de la apertura de las ofertas económicas presentadas por las dos empresas que continúan en carrera para quedarse con la concesión de la principal vía fluvial del país.
Las compañías belgas Jan De Nul y DEME ofertaron el mismo valor para operar la Vía Navegable Troncal: un peaje de US$ 3,80 por tonelada de carga. La cifra representa una baja respecto del esquema tarifario actual. Hoy,el peaje vigente es de US$4,30 por tonelada.
Ahora la definición quedó atada principalmente a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional.
Jan De Nul obtuvo en la etapa anterior una ventaja importante en la oferta de condiciones técnicas para la operación de la Vía, con 66 puntos frente a los 42 alcanzados por DEME, por lo que quedó mejor posicionada de cara a la adjudicación final.
La concesión contempla el dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante los próximos 25 años. Se trata de una infraestructura estratégica para la economía argentina y regional, ya que por allí circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.
Tras la apertura de las propuestas económicas, ahora la Agencia Nacional de Puertos y Navegación deberá completar la evaluación integral de las ofertas antes de avanzar con la adjudicación formal.
El proceso, sin embargo, continúa rodeado de cuestionamientos. En las últimas horas crecieron las críticas políticas y las advertencias sobre presuntas irregularidades en la licitación. Incluso, algunos sectores plantearon que el esquema de tarifas establecido en el pliego limitó la competencia económica y derivó en ofertas prácticamente idénticas entre ambas firmas.
También hubo observaciones de organismos vinculados al control administrativo y pedidos para revisar aspectos relacionados con transparencia y cláusulas anticorrupción antes de avanzar con la firma definitiva del contrato.
El Gobierno nacional busca definir la adjudicación en las próximas semanas para iniciar la transición operativa de la nueva concesión durante 2026.
