denuncian a Luis Petri por la compra de un avión "chatarra" y al doble de su valor - Confirmado
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el exministro por fraude y malversación. La investigación expone sobreprecios millonarios, licitaciones presuntamente direccionadas y la recepción de una aeronave con graves fallas técnica
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el exministro por fraude y malversación. La investigación expone sobreprecios millonarios, licitaciones presuntamente direccionadas y la recepción de una aeronave con graves fallas técnicas que la Fuerza Aérea había calificado como inservible.
- Por AF para Confirmado
La gestión del exministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, se encuentra en el centro de una tormenta judicial y política. Una grave denuncia penal sacudió las estructuras del Gobierno al revelar presuntas y severas irregularidades en la adquisición de una aeronave destinada a la Fuerza Aérea Argentina. La presentación judicial, que apunta a los delitos de fraude a la administración pública y malversación de fondos, expone una trama que combina sobreprecios millonarios, pliegos direccionados y la recepción de material militar en condiciones técnicas alarmantes.
Una licitación a medida de un avión defectuoso
El núcleo de la investigación se centra en la compra, realizada durante el año 2025, de una aeronave Embraer ERJ-140LR a la empresa estadounidense Regional One Inc. Por este avión, el Estado argentino desembolsó la suma de 4.085.000 dólares. Sin embargo, de acuerdo con la presentación judicial y los informes de mercado adjuntos, el valor real de la unidad se estimaba en aproximadamente 2.300.000 dólares, lo que implica un sobrecosto que orilla el doble de su precio internacional.
Las sospechas de corrupción se profundizaron al analizar los pliegos de la licitación pública internacional. Según la denuncia, las especificaciones técnicas habrían sido confeccionadas de manera tan restrictiva que limitaron la competencia, permitiendo únicamente que el modelo ofrecido por la firma ganadora cumpliera con los requisitos exigidos. De hecho, el presupuesto original asignado para la operación se fijó estratégicamente en 3,9 millones de dólares, una cifra calculada minuciosamente para quedar apenas por debajo del límite que obligaba a requerir una autorización jerárquica directa del Ministerio de Defensa, agilizando los tiempos de la operación de forma inusual.
Alertas ignoradas y fallas técnicas graves
El aspecto más escandaloso de la adquisición radica en las condiciones físicas de la aeronave. Documentación interna de la propia Fuerza Aérea reveló que una comisión técnica que viajó a los Estados Unidos para inspeccionar la unidad detectó al menos 19 deficiencias mecánicas y estructurales graves. El informe técnico dejó asentados problemas severos de corrosión, fugas de aceite, desgaste crítico en los mandos de vuelo, faltantes de equipamiento esencial y evidencias de que la aeronave había sido armada con componentes extraídos de otras unidades en desuso. Pese a que el avión calificaba prácticamente como chatarra y no cumplía con los estándares mínimos para el equipamiento militar estratégico, el proceso de compra continuó su marcha sin interrupciones.
La denuncia penal subraya que la conducción del ministerio no puede alegar desconocimiento sobre estas maniobras. Existieron alertas tempranas y objeciones administrativas explícitas que llegaron formalmente a la cartera de Defensa. Entre ellas, se destaca una impugnación presentada en julio de 2025 por la firma competidora Alpha Aviation Group, la cual fue virtualmente bloqueada por la Fuerza Aérea al exigirle una garantía exorbitante de 180.000 dólares para poder habilitar la revisión administrativa del pliego, una exigencia que la firma rechazó denunciando una total falta de transparencia.
La contraofensiva judicial y los pedidos de prueba
Ante la difusión masiva de la investigación periodística que dio origen al escándalo, Luis Petri ensayó una enérgica defensa pública a través de sus canales oficiales. El actual legislador aseguró que su propia gestión había detectado las presuntas irregularidades y que impulsó una denuncia penal preventiva ante la Justicia Federal en noviembre de 2025, antes de abandonar la conducción del Ministerio de Defensa. Desde su entorno afirmaron que la cartera reunió toda la documentación pertinente y la puso de inmediato a disposición de los tribunales competentes para deslindar responsabilidades políticas de los manejos de la cúpula militar.
A pesar de las explicaciones del oficialismo, la gravedad institucional del caso ha motivado la solicitud de medidas cautelares urgentes ante los tribunales federales. La denuncia exige la suspensión inmediata de los pagos que el Estado argentino aún tiene pendientes con la firma Regional One Inc. los cuales ascienden a dos cuotas consecutivas de 1.142.500 dólares cada una, el secuestro de los pasaportes de todos los funcionarios y jefes militares involucrados para evitar posibles fugas, y la realización de allanamientos simultáneos en las dependencias de la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa para resguardar los archivos contables y los dispositivos electrónicos de la gestión.
