Cresto advirtió por el severo desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones por empleo público precarizado
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Este martes ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial, impulsado por el diputado peronista Enrique Cresto, para que brinde precisiones técnicas, estadísticas y financieras de vital importancia respecto de la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones, a la que consideró íntimamente ligada a las políticas de empleo y las modalidades de contratación del personal público en la provincia y los municipios adheridos.
El planteo busca determinar de qué manera el principio de solidaridad y el equilibrio financiero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos que exige un control estricto sobre la relación entre trabajadores activos y pasivos se ve afectado por la proliferación de modalidades de contratación temporal en el Estado.
Detalle de los datos requeridos al Ejecutivo
En el pedido de informes, Cresto solicitó que el Ejecutivo, a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, informe de manera detallada sobre las medidas de control de aportantes y el impacto del empleo público precarizado en el sistema previsional.
En ese marco, requirió que se detalle la cantidad total de agentes activos aportantes a la Caja de Jubilaciones, desagregados por Escalafón General, Carrera Sanitaria, Seguridad, Docentes, Poder Judicial, Legislativo y municipios adheridos al sistema provincial.
Además, instó a que se informe cuáles son los mecanismos, auditorías o medidas de control de regularidad que implementa activamente este organismo para constatar la correspondencia entre la cantidad real de trabajadores contratados (bajo modalidades de planta transitoria, locación de servicios, contratos de obra, funcionarios políticos, legisladores locales o figuras análogas de prestación de servicios continuados) en los distintos estamentos del Estado Provincial y Municipal, y los aportes previsionales efectivamente ingresados.
Otro punto clave del pedido es que se indique si ese organismo previsional posee un registro o relevamiento del personal estatal que cumple funciones bajo modalidades de precarización laboral (monotributistas o contratados sin aportes a esta Caja) que representen potenciales pasivos contingentes para el sistema.
Severo desfinanciamiento del sistema previsional
Al fundamentar la iniciativa, Cresto sostuvo que el sostenimiento del principio de solidaridad y el equilibrio financiero de la Caja requiere un control estricto sobre la relación activo/pasivo y, fundamentalmente, sobre la regularidad de los aportes devengados.
En ese sentido, destacó que la proliferación de figuras contractuales transitorias o de locación de servicios en el ámbito estatal muchas veces utilizadas de manera sostenida en el tiempo para cubrir necesidades permanentes de la administración no solo vulnera derechos laborales elementales, sino que priva al sistema previsional de aportes genuinos en el presente, generando un severo desfinanciamiento, advirtió.
El legislador remarcó que esa situación de desvío ha comenzado a encontrar respuestas unánimes en los estrados judiciales de nuestra provincia. Y ejemplificó: Un claro ejemplo de esto es el reciente fallo dictado en la ciudad de Concordia, en los autos Guatini c/ Municipalidad de Concordia, donde se ha reconocido formalmente que los años de servicio prestados bajo contratos de locación deben ser computados a los fines del cálculo de la antigüedad de los trabajadores, señaló.
Riesgo de masivos reclamos y mayor pasivo contingente
Cresto indicó que este criterio judicial no solo pone en jaque los modelos de contratación precarizada, sino que tiene un impacto previsional directo y bidireccional que esta Legislatura debe conocer.
Desglosó que, por un lado, abre la compuerta a masivos reclamos administrativos y judiciales para la regularización de aportes y contribuciones patronales omitidas durante los períodos contractuales encubiertos (impacto en la recaudación inmediata).
Y agregó que, por el otro, al reconocerse mayor antigüedad, se altera sustancialmente la base de cálculo de las futuras prestaciones previsionales de miles de agentes en condiciones similares, incrementando el pasivo contingente de la Caja, alertó.
Finalmente, el diputado consideró que resulta imperioso que el organismo rector de la seguridad social de Entre Ríos detalle qué medidas de control preventivo está adoptando frente a estas prácticas de contratación que desfinancian el sistema, y cómo prevé mitigar o reestructurar el flujo de recaudación e impacto actuarial que el reconocimiento de estos derechos laborales y previsionales generará de forma inminente en las arcas provinciales, concluyó.
