El INTA ya suma 420 retiros y crece la tensión por el ajuste - Informe Digital
El Gobierno busca llegar a 1200 salidas, pero la antigüedad de los no permanentes trabó adhesiones y abrió un escenario de conflicto.
A dos semanas de habilitado el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ya se anotaron alrededor de 420 trabajadores en un programa impulsado por el Gobierno en medio de la reestructuración del organismo. La cifra quedó por debajo de la meta oficial y encendió alertas internas sobre el alcance real del ajuste.
La ventana para adherirse abrió el 4 de mayo y seguirá vigente hasta el 15 de junio. La expectativa oficial es alcanzar unas 1200 desvinculaciones, equivalentes al 21% del personal. Pero distintas fuentes señalan que muchos trabajadores están frenados por un punto clave: el reconocimiento de los años trabajados como planta no permanente.
Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del proceso dentro del organismo, existe preocupación por no llegar a esa cifra. En ese contexto, empezó a evaluarse un escenario alternativo que incluiría el pase de personal a disponibilidad, una herramienta prevista para reorganizaciones estatales. Internamente advierten que eso podría derivar en un conflicto abierto con los empleados.
En paralelo, trascendió que la Fundación ArgenINTA podría intervenir para cubrir el costo vinculado a trabajadores de planta no permanente, aunque aclararon que el tema sigue bajo análisis. De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones, el presupuesto evaluado rondaría los $2000 millones para reconocer esos años de servicio.
ArgenINTA actúa como Unidad de Vinculación Tecnológica y administra proyectos financiados por organismos internacionales, empresas y entidades públicas. Según se desprende de la propia fundación, trabaja en desarrollo territorial, seguridad alimentaria, productividad y mejoramiento de los sistemas socioproductivos locales.
Hoy el esquema de retiro voluntario está abierto para todos los trabajadores del organismo, tanto administrativos como personal de las estaciones experimentales.
En los pasillos del INTA sostienen que muchos empleados podrían esperar hasta último momento para adherirse al programa. La principal razón sería la expectativa de que eventualmente se contemple la antigüedad acumulada en planta transitoria al momento de calcular las compensaciones económicas. Actualmente, según indicaron distintas fuentes consultadas, solo se reconoce la antigüedad en planta permanente.
Hay trabajadores que acumulan hasta diez años de PNP y temen que ese tiempo no sea reconocido al aceptar el retiro voluntario. Muchos están esperando a último momento para ver si liberan fondos contando la antigüedad de planta transitoria. Porque hoy no les dan los números con solo planta permanente, explicó una fuente conocedora de la situación. En el retiro voluntario anterior, al que adhirieron 297 trabajadores, sí se había contemplado la antigüedad transitoria dentro del cálculo final.
Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Agricultura vinculadas al seguimiento del proceso aclararon a LA NACION que por ahora no se contemplan los períodos de no permanentes y que no se planteó avanzar bajo esa modalidad.
En la última reunión del Consejo Directivo, ese fue el punto que más discusión generó. Allí, los representantes de las entidades del agro y las universidades autorizaron al presidente Nicolás Bronzovich a firmar el retiro voluntario, con la salvedad de que desde Economía aseguren la disponibilidad de los fondos para llevarlo adelante.
El plan forma parte del proceso de ajuste y reorganización que impulsa el gobierno nacional sobre el organismo tecnológico. El esquema contempla un costo total de $101.717 millones, en función de la aplicación del beneficio y de la actualización de las partidas presupuestarias necesarias para financiarlo. Hasta antes de poner en marcha el plan, el organismo contaba con alrededor de 5750 trabajadores, por lo que el objetivo oficial de 1200 retiros implicaría una reducción cercana al 21% de la planta.
La propuesta alcanza al personal con al menos tres años de antigüedad y establece el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del agente. La gratificación de egreso será abonada en un solo pago, dentro de los treinta días de la fecha de cese, de acuerdo con la normativa fiscal y previsional vigente.
La adhesión implicará la desvinculación del organismo desde el 15 de junio de 2026 y la imposibilidad de reingresar al sector público nacional por un período de cinco años.
Según explicaron fuentes cercanas al proceso, dentro del Gobierno sostienen que, si logran alcanzar la cantidad prevista de retiros, no avanzarían en nuevos recortes sobre programas técnicos y de investigación dentro del INTA. La lectura oficial es que los retiros compensarían el gasto generado en otras áreas.
En cambio, si no se alcanza el número esperado, en el organismo temen una profundización del ajuste. Entre las alternativas que comenzaron a mencionarse aparece la posibilidad de que intervenga la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar con ventas de tierras pertenecientes al INTA, además de nuevos recortes presupuestarios y de programas de trabajo.
