Milei da cátedra en una Universidad Privada tras la masiva Marcha Federal
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En medio de la escalada de tensión con el sistema universitario público, Javier Milei decidió volver a meterse de lleno en la disputa y dará una charla este lunes, desde las 9, en la Universidad de San Andrés, una casa de estudios privada, pocos días después de la masiva Marcha Federal Universitaria que colmó Plaza de Mayo con rectores, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.
En este marco, la actividad presidencial se lee como una nueva señal política en uno de los principales focos de desgaste para la Casa Rosada, atravesado por el recorte de fondos y la pelea por la Ley de Financiamiento Universitario.
Además, para este martes el Presidente tiene previsto brindar otro discurso, a las 11.30, en el foro Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo, en el museo Malba, donde volverá a exponer su mirada económica en plena disputa con las universidades nacionales.
Universidades en alerta por el ajuste y la ley de financiamiento
Las universidades nacionales vienen denunciando una fuerte caída real de las partidas presupuestarias y advierten que la situación ya afecta el funcionamiento de facultades, hospitales universitarios y proyectos de investigación en distintas provincias.
El malestar escaló tras una nueva movilización federal, que los organizadores consideraron una de las mayores protestas universitarias desde el regreso de la democracia. La convocatoria reunió a sectores políticos, gremiales y académicos que reclamaron la restitución de fondos y cuestionaron la decisión del Gobierno de frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
En paralelo, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro de una semana a partir del 26 de mayo y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas durante el segundo cuatrimestre.
Entre las alternativas que comenzaron a discutirse aparecen la suspensión de exámenes y una paralización más extensa de actividades académicas si no hay una respuesta oficial en las próximas semanas.
La respuesta del Gobierno y el cruce por la marcha
Desde el Gobierno sostienen que la actualización automática de partidas pone en riesgo el equilibrio fiscal y volvieron a cuestionar el manejo administrativo de algunas universidades.
Las autoridades universitarias rechazaron esas acusaciones y defendieron los mecanismos de control ya existentes sobre el sistema público. La ley de financiamiento universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario, declaró el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El funcionario cuestionó también la masiva protesta del día previo y, en diálogo con la prensa local, remarcó: La marcha es política y está organizada por partidos opositores, sentenció.
Frente a esas declaraciones, el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que no aceptará que se acuse de delincuentes a las universidades y sostuvo que el problema central sigue siendo el deterioro presupuestario acumulado desde el inicio de la gestión libertaria.
Caída del presupuesto universitario y ley en disputa
Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias destinadas al sistema acumulan una caída real del 45,6 por ciento desde 2023, mientras que los salarios docentes y no docentes perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo en el mismo período.
Un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología advirtió además que el presupuesto universitario alcanzó su nivel más bajo desde fines de los años ochenta. Antes del inicio de la actual gestión representaba el 0,718 por ciento del PBI y este año cayó al 0,428 por ciento.
Frente a ese escenario, el Congreso aprobó el año pasado una ley de financiamiento universitario impulsada por un amplio bloque opositor. La iniciativa planteaba recomponer las partidas del sector a valores de 2023 y actualizarlas de acuerdo con la inflación.
El costo fiscal estimado equivalía al 0,23 por ciento del PBI y requería una ampliación presupuestaria de entre 2,5 y 3,1 billones de pesos sobre el esquema diseñado por el Poder Ejecutivo.
Milei vetó la ley apenas fue sancionada, pero tanto Diputados como el Senado rechazaron esa decisión con mayorías agravadas. Más adelante, el oficialismo intentó nuevamente dejar sin efecto la norma durante la discusión del Presupuesto 2026, aunque volvió a encontrarse con resistencia parlamentaria.
Pese a ello, el Gobierno suspendió su aplicación mediante un decreto en el que argumentó que el Congreso debía definir previamente las fuentes de financiamiento necesarias para sostener el aumento de recursos destinado a las universidades nacionales.
Frente político, judicialización y conflicto en ascenso
La pelea también se trasladó al terreno judicial después de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario tras el rechazo legislativo al veto presidencial.
Las universidades esperan ahora una definición de la Corte Suprema y sostienen que ya existen fallos que cuestionan la decisión del Gobierno nacional.
En el oficialismo consideran que el conflicto universitario forma parte de una disputa política más amplia y buscan evitar que las protestas consoliden un frente opositor con capacidad de sostener movilizaciones masivas.
No obstante, la exposición de Milei en la Universidad de San Andrés aparece como un intento de reafirmar su posición frente a uno de los sectores que más resistencia mostró a las políticas de ajuste impulsadas por la Casa Rosada.
Mientras tanto, docentes, estudiantes y autoridades universitarias preparan nuevas medidas de protesta para las próximas semanas. El conflicto, lejos de desactivarse, empieza a proyectarse hacia el segundo semestre con un escenario de creciente confrontación política, sindical e institucional entre el Gobierno y el sistema universitario público.
