ATE advirtió que el desmantelamiento del INTI dejaría sin control desde ascensores hasta alimentos
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El consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para exigir la nulidad de la Resolución 42/26, que elimina más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica.
Según advirtió el sindicato, la medida implica un vaciamiento institucional y podría dejar sin controles clave en áreas que van desde ascensores y dispositivos médicos hasta alimentos, combustibles y materiales de construcción.
En ese marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el gobierno está actuando al margen de la ley en su intento de desmantelamiento del INTI. Y remarcó: Las resoluciones emitidas por el consejo directivo no pueden modificar funciones ni tampoco eliminar programas que hayan sido creados por una ley.
El dirigente fue más allá y cuestionó el alcance de la decisión: No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso. Planteó que se trata de una resolución ilegal que tiene que ser suspendida de inmediato ya que no solo vulnera los derechos de los trabajadores sino fundamentalmente los derechos de toda la sociedad.
Denuncia de vaciamiento y cuestionamientos legales
Para ATE, la Resolución 42/26 forma parte de un proceso de desmantelamiento del INTI que ya había sido frenado por la Justicia y ahora se intenta reactivar bajo el argumento de reorganizar la oferta tecnológica del organismo.
Aguiar subrayó que los ensayos, el servicio técnico y el desarrollo de tecnología puesta al servicio de pequeñas y medianas empresas repercute en el desarrollo y crecimiento de nuestro país, por lo que la reducción masiva de servicios impactaría de lleno en el entramado productivo.
En su presentación judicial, ATE sostuvo que el consejo directivo del INTI no tiene facultades para suprimir funciones establecidas por ley, ya que esa potestad corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación.
El gremio señaló que, bajo la excusa de una reorganización, la resolución avanza sobre áreas estratégicas vinculadas al control de calidad industrial, alimentos, materiales de construcción, combustibles, dispositivos médicos y metrología, entre otras.
La organización gremial denunció además que la medida deja sin funciones concretas a cientos de trabajadores especializados, afectando la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo, lo que en los hechos implica una desocupación efectiva de profesionales y técnicos del organismo.
ATE advirtió que la decisión se tomó sin negociación paritaria previa ni consulta sindical, en violación de normas laborales y de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por eso, exigió una medida cautelar urgente para suspender de inmediato los efectos de la resolución mientras se tramita la causa.
Recortes de personal y áreas críticas en riesgo
En diciembre de 2023, el INTI contaba con una plantilla de 3.100 empleados registrados. Desde entonces, entre cesantías y retiros voluntarios, ya se habrían perdido unos 700 puestos de trabajo.
Según se indicó, la Casa Rosada prepara otros 700 despidos, lo que para el gremio significaría un golpe mortal al organismo y afectaría directamente áreas sensibles como:
Sector alimentario: ensayos microbiológicos para detectar salmonella, listeria y otros patógenos.
Análisis de calidad de agua y efluentes: determinación de metales y verificación de potabilidad.
Chequeo de seguridad en materiales eléctricos y de la construcción.
Certificaciones oficiales requeridas por distintos organismos reguladores.
En ese sentido, Daniel Luna, trabajador del INTI, recordó que todos los productos que se comercializan deben cumplir normas exigidas por organismos como Anmat, Secretaría de Comercio, Enargas y Senasa, entre otros. Y advirtió que ya se empezó a ver el rechazo a cargamentos agrícolas por encontrarse elementos prohibidos en la Unión Europea.
Capacidades estratégicas únicas del INTI
ATE y los trabajadores remarcaron que el instituto posee capacidades estratégicas únicas en el país, cuya paralización o desmantelamiento tendría impacto directo en la seguridad y la calidad de bienes y servicios.
Entre esas funciones se destacan:
El único laboratorio capacitado para hacer ensayos de ascensores, clave para la seguridad de millones de usuarios.
La capacitación de soldadores que trabajan en gasoductos utilizados en la industria hidrocarburífera.
La formación de mano de obra para el sector de energía nuclear.
La certificación del personal que se desempeña en talleres aeronáuticos.
La evaluación de envases y embalajes.
Controles de seguridad eléctrica, electrónica y de combustibles.
Para el gremio, la combinación de recortes de personal, eliminación de servicios y reducción de capacidades técnicas configura un escenario de vaciamiento que compromete tanto los derechos laborales como la seguridad y la calidad de los productos que consume la población.
