Impulsan una baja gradual de retenciones para mejorar la competitividad exportadora
Un proyecto presentado en el Congreso propone reducir de manera automática los derechos de exportación
Un proyecto presentado en el Congreso propone reducir de manera automática los derechos de exportación hasta alcanzar el 0% en un plazo de 36 meses. La iniciativa también busca limitar las facultades del Poder Ejecutivo y dar previsibilidad al sector agroindustrial.
El debate sobre las retenciones volvió a instalarse en el Congreso nacional a partir de la presentación de un proyecto de ley que propone una reducción gradual y automática de los DERECHOS DE EXPORTACIÓN
(DEX) aplicados al sector agroindustrial argentino.
La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain, integrante del PRO por La Pampa, y lleva por nombre Eliminación gradual de los derechos de exportación y previsibilidad fiscal.
El texto establece un esquema de reducción progresiva de alícuotas con el objetivo de mejorar la competitividad exportadora, generar previsibilidad para las cadenas productivas y limitar la discrecionalidad tributaria.
El proyecto toma como punto de partida el 1 de mayo de 2026, fecha que coincide con el inicio de la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un escenario que volvió a poner en discusión la estructura impositiva que pesa sobre las exportaciones argentinas.
Debate abierto
La propuesta alcanza a mercaderías agroindustriales, materias primas y manufacturas de origen agroindustrial vinculadas a sectores como el forestal, cuero, textil de origen natural y biocombustibles, siempre que se trate de exportaciones definitivas destinadas al consumo externo.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un cronograma de reducción mensual, lineal y automática para las manufacturas de origen industrial, agroindustrial y productos de economías regionales que todavía tributan derechos de exportación.
Según el esquema propuesto, las alícuotas vigentes al 1 de mayo de 2026 serían divididas en 36 partes iguales, permitiendo una reducción sostenida durante tres años hasta alcanzar el 0%.
El objetivo, según los fundamentos de la iniciativa, es evitar modificaciones discrecionales y brindar reglas previsibles para productores, exportadores e industrias vinculadas al agregado de valor.
Las posiciones arancelarias que actualmente se encuentran en 0% mantendrían ese nivel, mientras que el tratamiento diferencial aparece en el complejo sojero, considerado uno de los sectores de mayor peso fiscal y exportador dentro de la economía argentina.
En ese caso, el proyecto plantea una reducción automática de 0,5 puntos porcentuales por mes hasta llegar a la eliminación total de los derechos de exportación.
La discusión sobre la soja aparece además atravesada por las nuevas condiciones comerciales derivadas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Según análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el entendimiento contempla una reducción generalizada de retenciones, aunque mantiene una excepción específica para la cadena sojera, que quedaría alcanzada por un tope del 14%.
Ese escenario internacional volvió a instalar el debate sobre el impacto de las retenciones en la competitividad argentina y en las posibilidades de expansión de las exportaciones agroindustriales.
En los fundamentos del proyecto, Ardohain sostiene que la reducción de la presión fiscal permitiría liberar recursos para inversión productiva y favorecer procesos de capitalización en el sector agropecuario.
Entre las posibles mejoras, menciona inversiones en infraestructura predial, incorporación de tecnología, sistemas de riego suplementario, modernización de maquinaria agrícola y esquemas de fertilización profunda.
La iniciativa también introduce modificaciones vinculadas a las facultades tributarias del Estado nacional. En ese sentido, propone limitar la capacidad del Poder Ejecutivo para crear o incrementar derechos de exportación por decisión administrativa.
Con el nuevo esquema, la potestad para establecer o aumentar retenciones quedaría exclusivamente en manos del Congreso, en línea con el principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria.
No obstante, el proyecto mantiene para el Poder Ejecutivo la facultad de reducir o eliminar alícuotas cuando eso implique mejorar las condiciones de competitividad o acelerar el cronograma de baja previsto por la norma.
De ese modo, el texto busca impedir incrementos discrecionales, aunque deja abierta la posibilidad de avanzar con reducciones impositivas de manera más rápida frente a determinados contextos económicos o comerciales.
La discusión sobre las retenciones vuelve así a ocupar un lugar central dentro de la agenda política y productiva argentina, en un momento donde el sector agroindustrial reclama previsibilidad y mejores condiciones para competir en mercados internacionales.
Para las cadenas exportadoras, la iniciativa representa una hoja de ruta de largo plazo sobre uno de los principales reclamos históricos del campo argentino.
Al mismo tiempo, el proyecto reabre el debate sobre el equilibrio entre recaudación fiscal, competitividad y generación de divisas en una economía atravesada por restricciones externas y necesidad de crecimiento exportador.
En ese contexto, el Congreso deberá definir ahora si la propuesta logra avanzar en el tratamiento legislativo y reunir consensos suficientes para modificar uno de los instrumentos tributarios más discutidos de la economía argentina.
