Entre Ríos: deudores alimentarios no podrán tramitar licencias profesionales de conducir
El Gobierno de Entre Ríos anunció que quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrán obtener ni renovar licencias de conducir profesionales interjurisdiccionales en la provincia.
Entre Ríos: deudores alimentarios no podrán tramitar licencias profesionales de conducir
La medida fue oficializada a través del Decreto Nº 835/2026-E-GER-GOB y alcanza a conductores de las clases C, D y E, correspondientes al transporte de carga y pasajeros.
Según se informó, la disposición busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y establecer la responsabilidad parental como requisito para ejercer actividades profesionales vinculadas a la conducción.
Cómo funcionará el control
A partir de la adhesión de Entre Ríos a normativas nacionales, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial realizará verificaciones automáticas sobre la situación de cada conductor antes de autorizar los trámites.
El sistema controlará si la persona se encuentra inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por la Ley Provincial 9424.
La verificación alcanzará especialmente a categorías de transporte de pasajeros D1, D2, D3 y D4, asociadas a licencias profesionales.
Certificado obligatorio en algunos casos
Desde el Gobierno provincial explicaron que, debido a limitaciones técnicas transitorias del sistema nacional SIAF, los conductores de categoría D4 vinculados a servicios de urgencia o emergencia deberán presentar además un Certificado de Libre Inscripción.
Este documento permitirá acreditar que no registran deudas alimentarias pendientes al momento de realizar el trámite.
El trámite será online y gratuito
Para quienes necesiten obtener el certificado correspondiente, el trámite podrá realizarse de manera digital a través del portal oficial del Gobierno de Entre Ríos.
La gestión estará a cargo de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, será gratuita y tendrá una validez de 60 días.
Con esta medida, la provincia se suma a distintas jurisdicciones que comenzaron a incorporar restricciones administrativas para personas incluidas en registros de incumplimiento de cuota alimentaria.
