Expropiación de la discordia: vecinos de Capilla del Monte denuncian un "cheque en blanco" para el basural - Confirmado
Lo que el municipio anunció hace meses como el cierre definitivo del foco infeccioso más grande del Valle de Punilla, hoy se revela como una trampa burocrática. Vecinos movilizados denuncian que, bajo el rótulo de una expropiación de utilidad públ
Lo que el municipio anunció hace meses como el cierre definitivo del foco infeccioso más grande del Valle de Punilla, hoy se revela como una trampa burocrática. Vecinos movilizados denuncian que, bajo el rótulo de una expropiación de utilidad pública, el Ejecutivo busca legalizar la contaminación en lugar de erradicarla, manteniendo a la población bajo una nube de humo tóxico que parece no tener fin.
- Por AF para Confirmado
La consigna Basta de contaminación volvió a retumbar en las calles y en el Concejo Deliberante de Capilla del Monte. El malestar, que se viene cocinando entre incendios y promesas incumplidas, estalló esta semana tras conocerse un polémico proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo municipal. El texto propone la expropiación parcial de unas 9 hectáreas del actual predio del basural (identificado catastralmente como Parcela Rural 152-4289), pero omite lo más importante: qué piensan hacer allí. Para los vecinos que llevan años respirando las quemas de residuos sólidos urbanos, esta jugada no es más que una estrategia para perpetuar el basural en el mismo lugar, echando por tierra el Plan GIRSU que prometía el traslado de los desechos a la planta de tratamiento de Cosquín.
La movilización ciudadana puso el foco en la opacidad del proyecto, que fue tildado de estar flojo de papeles. Durante la última sesión legislativa, la presión de los asambleístas obligó a los concejales a pasar el tratamiento a comisión tras un cuarto intermedio cargado de tensión. La indignación radica en que, mientras el discurso oficial habla de economía circular y estaciones de transferencia, la realidad en el territorio muestra un predio sin control, donde los incendios se repiten y los lixiviados amenazan las napas y los ríos cercanos. Los vecinos denuncian que expropiar para garantizar la disposición final es reconocer que no hay un plan de cierre real, sino una intención de seguir enterrando y quemando basura a cielo abierto a metros de sus casas.
El conflicto ha tomado una dimensión ambiental y política que ya trasciende los límites del municipio. Los manifestantes, declarados en asamblea permanente, exigen que se cumpla la ley provincial que prohíbe los basurales a cielo abierto desde el año 2006. Alertan que el proyecto de expropiación carece de estudios de impacto ambiental actualizados y de una modalidad clara de disposición final. En una comunidad que vive del turismo y la naturaleza, la persistencia de este foco de toxicidad es vista como un certificado de defunción para la salud pública y el entorno. La lucha ahora se traslada a las comisiones del Concejo, donde los vecinos prometen no dar un paso atrás hasta que el cierre definitivo sea una realidad tangible y no un slogan de campaña electoral.
